El régimen nicaragüense, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este viernes las personalidades jurídicas de otras 17 ONG, incluida la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp).
La ilegalización de esas 17 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), todas nicaragüenses, fue aprobada por la titular de Gobernación de ese país, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, de Nicaragua.
Con el cierre de esas 17 ONG suman 3223 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
En el caso de Asobanp, integrada por el Banco de la Producción (Banpro), Banco de América Central (BAC), Banco Ficohsa Nicaragua (FICOHSA), Banco de Finanzas (BDF), Banco Lafise Bancentro y Banco Avanz, y que funcionaba desde junio de 1994, fue ilegalizada, según Gobernación, por no haber reportado sus estados financieros en el período de 2020 a 2021, y por tener su junta directiva vencida desde abril de 2020.
Banca privada cerraba cuentas de sancionados
En uno de sus últimos pronunciamientos, Asobanp rechazó una reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, aprobada por la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional (Parlamento).
Esa norma prohíbe a la banca privada cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa, excepto cuando se trate de narcotráfico, crimen organizado, blanqueo de capitales y combate a la financiación de armas de destrucción masiva.
Los mismos legisladores interpretaron que esa ley es una medida para neutralizar las sanciones económicas que Estados Unidos y otros países han impuesto a cerca de 30 funcionarios nicaragüenses, incluido la esposa de Ortega, la número dos del régimen Rosario Murillo, y tres de sus hijos, y un consuegro, que también es el director de la Policía Nacional, por corrupción o violación de los derechos humanos.
La Asobanp advirtió entonces que dicha norma viola el derecho a la libre empresa, promueve el lavado de dinero, y expone a Nicaragua a quedarse fuera del sistema financiero global.
La banca que opera en Nicaragua, que trabaja con bancos corresponsales en el exterior, ha cerrado las cuentas de aquellas personas naturales y jurídicas que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
En general, el Ministerio de Gobernación argumentó que cerró las 17 ONG por no haber reportado por períodos de entre 2 hasta 27 años sus estados financieros, ni sus juntas directivas.
Las ONG afectadas
Entre las ONG afectadas se encuentran la Asociación Nicaragüense de Abogados y Notarios, Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal Crónica Nuevas Esperanzas, Asociación Desmovilizados del Servicio Militar Patriótico de Nicaragua Esperanza y Reconciliación, Asociación de Jubilados del Departamento de León, Asociación de Comerciantes del Mercado Central, y Asociación Fondo Histórico Documental de la Música Nicaragüense.
Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al líder Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el régimen de Ortega reconoce «más de 300».
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las 7227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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