Régimen de Ortega confisca bienes de medios de comunicación y ONGs, y las cede a Ministerio de Salud

Por Débora Alatriste
24 de diciembre de 2020 6:05 PM Actualizado: 24 de diciembre de 2020 6:05 PM

Propietarios de medios de comunicación y ONGs nicaragüenses denunciaron este miércoles que el régimen de Ortega confiscó y cedió al Ministerio de Salud sus inmuebles que fueron incautados en 2018.

Los edificios pertenecientes al canal de televisión 100% Noticias, al semanario Confidencial, y varias ONGs amanecieron el pasado miércoles con rótulos rosados colgados en su fachada.

En el caso del 100% Noticias, el cartel decía: “Esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud. Aquí se construirá el Centro de Atención para personas con adicción de alcoholismo y drogadicción”, mientras que el edificios del Confidencial será una «casa materna», de acuerdo a la directiva del régimen de Ortega.

El director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, dijo que el régimen de Nicaragua “ejecutó la confiscación de facto» de ambos medios, ya que hasta ahora la Corte Suprema–controlada por el oficialismo–no ha resuelto el caso de los edificios confiscados.

«Ortega ejecuta la confiscación de facto de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, pero nunca podrá confiscar el periodismo, ni matar la verdad. También confisca propiedades de organizaciones no gubernamentales, viola su propia Constitución y anula a la Corte Suprema», dijo el periodista en un tuit el 23 de diciembre.

Asimismo, el director de 100% Noticias, Miguel Mora, calificó la acción de “un robo descarado y una confiscación de facto». El periodista señaló que no ha sido notificado si hubo algún decreto confiscatorio o una resolución judicial sobre los bienes incautados de 100% Noticias.

El 15 de diciembre de 2018, la policía de Nicaragua ocupó la sede del Confidencial, y el 21 del mismo mes las oficinas de 100% Noticias. De acuerdo con Chamorro, los agentes no contaban con una orden legal y portaban armas cuando llegaron al edificio de su revista.

Desde entonces, las instalaciones de ambos medios estuvieron confiscadas pese a que Mora y su jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, reclamaron la devolución total de las instalaciones y los equipos confiscados. Posteriormente, Mora y Pineda fueron encarcelados por seis meses, al ser acusados por el régimen de “incitar al odio” durante las protestas sociales en abril de 2018.

La misma medida de confiscación se aplicó el miércoles a nueve ONGs a las cuales se les ordenó la cancelación de sus personerías jurídicas en 2018: Cisas, Cinco, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade) y Hagamos Democracia.

Las incautaciones fueron denunciadas por grupos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch. Pedro Vaca, relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, dijo que “lejos de devolver lo que usurpó, el Estado pone banderas de despojo con avisos que refrendan su profunda convicción en la censura. Una patada más a la democracia”.

El director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió “redoblar la presión contra Ortega a través de sanciones individuales”.

Esta semana, el régimen de Ortega recibió más sanciones de Estados Unidos contra tres de sus funcionarios por ayudar a “socavar la democracia” en Nicaragua.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. informó de las designaciones del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Ramiro Aguilar García; del diputado Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado; y del jefe de la Policía Nacional en el Departamento de León, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez.

Dos de ellos fueron señalados por su participación en la persecución de los opositores a favor de la democracia.

Según el secretario de Estado Mike Pompeo, Aguilar–quien asesora directamente a Daniel Ortega y a su esposa–ha estado involucrado en “los ataques contra miembros de la oposición prodemocracia”, mientras que Domínguez agredió a ciudadanos y periodistas nicaragüenses.

Con información de EFE y VOA.

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