Documentos judiciales revelados el jueves por un juez de Colorado mostraron que en junio de 2021 se retiraron los cargos, relacionados con una amenaza de bomba, contra el presunto autor del tiroteo masivo en el Club Q, después de que los miembros de su familia se negaran a cooperar con las autoridades o a testificar contra él.
«Las constituciones de EE. UU. y Colorado exigen que los testigos comparezcan ante un tribunal frente a un jurado sujeto a contrainterrogatorio y testifiquen», señaló el jueves en rueda de prensa el fiscal del distrito del condado de El Paso, Michael Allen.
Anderson Lee Aldrich, de 22 años, se enfrenta actualmente a cinco cargos de asesinato y otros cinco de cometer un delito motivado por prejuicios que causó lesiones corporales como presunto autor de los disparos en el ataque del 19 de noviembre contra el Club Q, una discoteca LGBTQ de Colorado Springs.
Tras ese incidente y la identificación de Aldrich como sospechoso, muchos ciudadanos empezaron a preguntarse por qué los cargos retirados anteriormente no habían activado la ley de bandera roja de Colorado, que podría haber llevado a la incautación de las armas de Aldrich por parte de las autoridades.
Hasta el jueves, esas preguntas habían quedado sin respuesta, ya que los registros relativos al incidente de 2021 estaban sellados. Sin embargo, con la decisión del tribunal de revelar los documentos, Allen dijo que por fin era libre de abordar el asunto.
El incidente
El 18 de junio de 2021, la Oficina del Sheriff de El Paso respondió a una llamada al 911 de la abuela de Aldrich, Pamela Pullen, quien afirmó que él estaba fabricando una bomba en el sótano de su casa. También dijo que él le había dicho que iba a ser el «próximo asesino masivo» y que había estado recogiendo y almacenando munición, armas de fuego y chalecos antibalas en el sótano.
Según el informe policial, Pullen dijo que Aldrich se había enfadado cuando ella y su abuelo le sugirieron que se mudaran todos a Florida.
«Ustedes mueren hoy, y yo los llevo conmigo», Aldrich supuestamente respondió, apuntando con un arma a sus abuelos. «Estoy cargado y listo. No van a llamar a nadie».
Los abuelos de Aldrich consiguieron huir de la casa y llamar a la policía, y Aldrich fue detenido más tarde en casa de su madre tras un enfrentamiento con la policía.
Los cargos se presentaron formalmente el 29 de junio de 2021, e incluían tres cargos de secuestro en primer grado y dos cargos de delito grave de amenazas.
Se retiran los cargos
Aunque Aldrich fue detenido inicialmente con una fianza de $1 millón, Allen señaló que la fianza se redujo a $100,000 en una audiencia de modificación de fianza en la que los miembros de la familia de Aldrich —las víctimas de sus presuntos crímenes— salieron en su defensa.
«En esa audiencia, su madre lo describió como ‘cariñoso’ y ‘apasionado'», dijo Allen. «Su abuela lo describió como ‘un joven dulce’ y [dijo] que no merecía estar en la cárcel. El abuelo lo describió como ‘inusualmente brillante’ y ‘alguien que aprovechará una segunda oportunidad'».
Aldrich salió de la cárcel el 7 de agosto de 2021 y el 27 de enero —tras renunciar a una audiencia preliminar y aplazar su comparecencia dos veces— se declaró formalmente inocente.
Sin embargo, a medida que avanzaban los preparativos del juicio, el 5 de julio, ni la fiscalía ni la defensa habían logrado entregar a los abuelos de Aldrich las citaciones para comparecer ante el tribunal.
«Estos testigos han estado básicamente evitando a todo el mundo», dijo el equipo legal de Aldrich, según Allen.
Como en ese momento, la fiscalía se había quedado sin tiempo para cumplir con sus obligaciones de «juicio rápido», el caso fue desestimado, y el 11 de agosto, el tribunal aprobó la moción de la defensa para sellar los registros sin objeción por parte del fiscal del distrito.
Impacto en el Club Q
En sus declaraciones del jueves, Allen declaró que, en virtud de una orden de registro, se habían incautado armas en el domicilio de Aldrich tras el incidente de la amenaza de bomba, entre ellas una pistola sin número de serie, modelo o marca especificados y un rifle semiautomático.
«Es importante señalar que ambas armas siguen hoy bajo custodia de la oficina del sheriff», añadió, precisando que se han conservado como pruebas.
Allen también dijo que creía que el procesamiento del incidente de 2021 no habría evitado el tiroteo del Club Q, señalando que Aldrich tuvo prohibido obtener legalmente un arma durante los 383 días que estuvo pendiente su caso.
En cuanto a por qué no se presentó una «orden de protección de riesgo extremo» (ERPO), u orden de bandera roja, explicó que la presentación de cargos por delito grave logra el mismo objetivo, ya que las órdenes de protección obligatorias entran automáticamente en vigor en esos casos.
«Sabemos por muchos años de experiencia que un trozo de papel en forma de orden de protección obligatoria, o incluso una orden de protección civil, no detendrá a alguien que tiene la intención de hacer daño a alguien», dijo Allen.
También señaló que la presentación de peticiones ERPO es un proceso de derecho civil, no penal, y que bajo la ley actual, los fiscales de distrito no están legalmente autorizados a presentarlas.
Por último, Allen dijo que creía que el enjuiciamiento del caso 2021 no habría evitado el tiroteo del Club Q, pero añadió que no podía dar más detalles sobre por qué debido a la investigación en curso.
«Tendrán que aceptar la afirmación de que no habría evitado el Club Q», dijo a un periodista. «Obviamente, las armas de fuego incautadas en ese caso [2021] siguen en nuestro poder. Puedes tomar eso y creo que extrapolar lo que eso significa».
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