El gobierno británico anunció que extenderá los derechos de inmigración a unos tres millones de residentes de Hong Kong que tienen la condición de ciudadanos británicos en territorio extranjero, tras la imposición por parte del régimen chino de una rigurosa Ley de Seguridad Nacional.
Durante la reunión de Consultas al primer ministro en la Cámara de los Comunes el 1 de julio, el primer ministro Boris Johnson dijo que la Ley de Seguridad Nacional «constituye una clara y grave violación de la Declaración Conjunta Sino-Británica», ya que «viola el alto grado de autonomía de Hong Kong y está en conflicto directo con la Ley Básica de Hong Kong».
«Dejamos claro que si China seguía por este camino íbamos a introducir una nueva ruta para que aquellos con estatus de Nacional Británico en territorio extranjero entren en el Reino Unido, concediéndoles un permiso limitado para permanecer con la capacidad de vivir y trabajar en el Reino Unido y después solicitar la ciudadanía», dijo a continuación Johnson, añadiendo que «eso es precisamente lo que haremos ahora».
También, hablando en el parlamento, el secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, prometió honrar el compromiso de Gran Bretaña con el pueblo de Hong Kong, proporcionando una «ruta de inmigración a la medida para los BNO (Británicos Nacionales de Ultramar) y sus dependientes».
La condición de BNO es un nuevo tipo de nacionalidad británica creada en 1985 antes de la entrega de Hong Kong a China en 1997. Los titulares de un pasaporte BNO pueden permanecer en el Reino Unido hasta seis meses, pero no tienen automáticamente el derecho a trabajar o estudiar.
Según las nuevas propuestas del gobierno, los titulares de la condición de BNO podrán permanecer en el Reino Unido durante cinco años con derecho a trabajar o estudiar, dijo Raab. Después de cinco años, podrán solicitar el estatus de asentamiento, y la ciudadanía un año después.
Los familiares a cargo de los poseedores del estatus BNO también serán elegibles, dijo Raab, añadiendo que «no habrá una cuota de números».
El Partido Laborista de la oposición acogió con satisfacción el compromiso del gobierno con los poseedores del estatus de BNO, aunque dijo que esto no va lo suficientemente lejos.
Lisa Nandy, secretaria de relaciones exteriores de la oposición, respondió a Raab. «Me conmovió profundamente ver a los jóvenes activistas que valientemente salieron a las calles a protestar contra esta ley con un considerable riesgo personal. La mayoría de ellos no estarán cubiertos por este plan. Ellos no deben ser abandonados».
Nandy también instó al Gobierno a que presente la legislación Magnitsky para que Gran Bretaña pudiera aplicar sanciones selectivas a quienes violen los derechos humanos en Hong Kong.
En respuesta, Raab confirmó que tanto la legislación como sus primeras designaciones de personas y entidades sancionadas se presentarán en el Parlamento antes del 29 de julio, cuando comience el receso de verano.
La oferta del gobierno británico, de un camino a la ciudadanía británica para los titulares de los pasaportes BNO, es apoyada por cerca de dos tercios del público británico, dijo el diputado Tom Tugendhat, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, en respuesta a Raab, citando una nueva encuesta del Grupo de Investigación sobre China del Partido Conservador.
La encuesta de alrededor de 2000 personas también reveló que el 72 por ciento de los votantes británicos pagaría un poco más por suministros críticos como equipos médicos y de telecomunicaciones si redujera la dependencia de las importaciones extranjeras, y el 58 por ciento quiere que los países democráticos intensifiquen la cooperación para contrarrestar la influencia económica y estratégica de China.
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