El representante Paul Gosar (R-Ariz.) se mostró muy insatisfecho el 18 de abril con las respuestas de una funcionaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en relación con el reasentamiento de niños inmigrantes ilegales no acompañados.
“Me parece muy inaceptable su desempeño esta mañana”, dijo Gosar a Robin Dunn Marcos, director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de la Administración de Niños y Familias del HHS, en una audiencia del Subcomité de Supervisión y Rendición de Cuentas sobre Seguridad Nacional, Fronteras y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
Las declaraciones de Gosar se produjeron en el transcurso de una discusión en la que le preguntó a Marcos sobre el proceso de selección de los posibles patrocinadores de niños no acompañados.
«En teoría, si la ORR está haciendo su trabajo e investigando a los patrocinadores, tendrán una tasa de rechazo estadísticamente significativa», afirmó. «¿Cuál es la tasa de rechazo de solicitudes de patrocinio de la ORR?».
Dunn Marcos respondió que «no estaba segura» de cuál era la tasa de rechazo del programa—una respuesta que Gosar consideró inadecuada.
«¿Sabe qué? Tengo que volver a interrumpirle», intervino Gosar. «Usted sabía que venía a esta audiencia. Sabía que le iban a preguntar estas cifras. Este es un comportamiento inapropiado de alguien de su calibre… Me parece una vergüenza que no tenga estos números frente a usted».
La audiencia fue impulsada por la creciente preocupación por la seguridad de los niños inmigrantes ilegales no acompañados que fueron reubicados por la administración Biden luego de un artículo del New York Times del 25 de febrero que indicaba que, en los últimos dos años, el HHS había perdido contacto con más de 85,000 niños que fueron colocado con patrocinadores en Estados Unidos.
Los legisladores interrogaron a Marcos sobre esa cifra, pero ella no proporcionó una respuesta directa a esas preguntas, y señaló que su oficina no rastrea ni monitorea a los niños después de haber sido colocados, sino que simplemente realiza llamadas telefónicas de seguimiento que sus patrocinadores pueden optar o no contestar.
En otro intercambio, el representante Scott Perry (R-Pa.) cuestionó si los padres o tutores legales de niños no acompañados estaban siendo remitidos a un proceso penal por abandono de menores.
Marcos respondió que su oficina no tenía la tarea de hacer cumplir la ley, pero Perry respondió, señalando que no estaba preguntando si ella estaba haciendo cumplir la ley sino remitiendo los delitos a las autoridades competentes.
“Seamos realistas—estos niños vienen y no están acompañados porque alguien los ha abandonado”, dijo. “¿Por qué no remitimos cargos por abandono?… Dios mío, si vieras a alguien golpeando a un niño pequeño en la calle, ¿no llamarías a la policía?”.
“Por supuesto que lo haría”, respondió Marcos.
«No familiarizado» con las estadísticas
En marzo, el secretario del HHS, Xavier Becerra, dijo a los miembros del Comité de Finanzas del Senado que “no estaba familiarizado” con las cifras reportadas por The New York Times y que “no tenía idea” de dónde procedían.
«Cada semana, mi equipo me informa—a veces dos o tres veces por semana—sobre la situación de los menores no acompañados y cuál es nuestra situación», señaló Becerra en otro intercambio. “Nunca había oído ese número de 85,000. … Diría que no parece en absoluto realista».
Tras añadir que el HHS intenta hacer un seguimiento «lo mejor posible» de los niños después de que hayan sido colocados, el secretario enfatizó que su departamento no tiene competencias para hacer más.
«El Congreso nos ha otorgado ciertas competencias. Nuestras competencias terminan esencialmente en el momento en que encontramos un patrocinador adecuado con el que colocar al niño», dijo. «Intentamos hacer algún seguimiento, pero ni el niño ni el patrocinador están obligados a hacer un seguimiento con nosotros”.
Sin embargo, al anunciar la audiencia el 11 de abril, el presidente del subcomité, Glenn Grothman (R-Wisconsin), afirmó que la administración Biden era responsable de los abusos sufridos por los niños reasentados.
“La negligencia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados ha contribuido a que los niños migrantes se pierdan, sean entregados a patrocinadores que no hayan sido investigados a fondo, explotados para trabajo infantil ilegal en condiciones peligrosas y en peligro de ser víctimas de la trata”, dijo en un comunicado. “La Administración Biden ha hecho la vista gorda ante los peligros que enfrentan los niños migrantes y debe rendir cuentas”.
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