Un legislador de la Cámara de Representantes presentó el jueves un proyecto de ley que prohibiría a las empresas privadas exigir una prueba de vacunación contra el COVID-19 a sus empleados, describiendo tales propuestas como una afrenta a las libertades civiles.
«En realidad, no están proporcionando una base racional para la actividad discriminatoria: se dedican a separar a las personas sanas de otras personas sanas bajo la presunción de que las personas sin una vacuna no están sanas», dijo el representante Warren Davidson (R-Ohio) en una entrevista con Fox News al anunciar la medida. «Es una violación de las libertades civiles».
A nivel estatal, varias legislaturas lideradas por el Partido Republicano han aprobado proyectos de ley que prohíben a los gobiernos el uso de un pasaporte de vacunas o un sistema que obligaría a una persona a mostrar alguna prueba de vacunación contra el COVID-19 para poder entrar en un edificio.
Otro republicano de la Cámara de Representantes, el representante Andy Biggs (R-Ariz.), presentó un proyecto de ley que prohibiría al gobierno federal exigir pasaportes de vacunas. El proyecto de ley de Davidson parece ir más allá, ya que prohibiría tanto al gobierno federal como a los estados hacerlo, así como a las empresas privadas implementar dichos sistemas.
Su proyecto de ley, denominado Ley de Prevención de Pasaportes de Vacunas, impediría al «gobierno federal emitir cualquier forma de pasaporte de vacunas; prohibiría a los estados hacer lo mismo como condición para recibir fondos federales; y prohibiría a las empresas relacionadas con el comercio interestatal exigir a ‘cualquier patrón o cliente que proporcione cualquier documentación que certifique la vacunación contra el COVID-19, o la recuperación posterior a la transmisión, como condición'» de servicio, según el texto de la medida.
A finales del mes pasado, mientras tanto, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) anunció que las empresas pueden exigir que los empleados se vacunen contra el COVID-19 sin violar la ley federal. Más tarde, la EEOC, en una guía actualizada en junio, dijo que los empleadores tienen que hacer «ajustes razonables» para los trabajadores que no se vacunan —o no pueden hacerlo— debido a una discapacidad, embarazo o creencias religiosas.
Y a principios de este mes, un juez de distrito de EE. UU. en Houston anuló una demanda presentada por empleados de un hospital sobre la política de vacunación obligatoria de la empresa, dictaminando que la demandante, Jennifer Bridges, no estaba siendo coaccionada por la empresa para recibir la vacuna COVID-19, ya que «puede elegir libremente aceptar o rechazar la vacuna COVID-19; sin embargo, si se niega, simplemente tendrá que trabajar en otro lugar».
Sin embargo, Davidson dijo que la idea de que se pueda prohibir a ciertas personas entrar en una empresa o instalación debido a su estado de vacunación es una cuestión clave de libertades civiles.
«Estaban haciendo los mismos argumentos sobre los derechos civiles en los años 60 cuando decían, bueno, no tengo por qué dejar que alguien pare en mi gasolinera o en mi hotel o en mi restaurante, o que viaje en el lugar que elija en el autobús —es mi autobús», dijo Davidson a Fox News. «Y nosotros dijimos: ‘No, tienes que tener algún acuerdo público razonable'».
Y añadió: «La idea de que la gente no puede restablecer nuestro modo de vida y reconectarse con la sociedad civil a menos que se vacune es una violación inherente de las libertades civiles».
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