Un acto presidido por la enviada especial británica para la libertad religiosa y de creencias, Fiona Bruce, arrojó luz sobre la amplia represión de las creencias religiosas y espirituales por parte del Partido Comunista Chino (PCCh).
La legisladora del Partido Conservador presidió el acto del 15 de mayo en el Parlamento británico de Londres, en el que se presentaron relatos de primera mano o investigaciones sobre grupos perseguidos, entre ellos tibetanos, la disciplina espiritual Falun Gong, musulmanes uigures y cristianos.
Benedict Rogers, cofundador de Hong Kong Watch, un grupo de defensa de los derechos con sede en el Reino Unido que organizó el acto junto con Tibet Watch, señaló que los esfuerzos de Beijing por «chinalizar» las religiones se han extendido a Hong Kong. La campaña, lanzada por primera vez en 2015 por el líder del PCCh, Xi Jinping, consiste en alinear la religión o las creencias espirituales con la ideología comunista china y, sobre todo, hacer que los creyentes sean leales al partido.
Un informe de 2023 Hong Kong Watch destaca que, a diferencia de las amplias campañas en el continente, el PCCh está utilizando formas «insidiosas» y «sutiles» para suprimir la libertad religiosa en Hong Kong. El informe, cuyo autor es el Sr. Rogers, expone el impacto de la ley de seguridad nacional impuesta por Beijing, que penaliza todo lo que el PCCh considere secesión, subversión, terrorismo y connivencia con un país extranjero. Las personas declaradas culpables de violar esta ley pueden enfrentarse hasta a cadena perpetua.
Varios clérigos religiosos muy conocidos en Hong Kong fueron castigados por las autoridades. El cardenal Joseph Zen, exjefe de la Iglesia católica de Hong Kong, fue detenido por la policía de seguridad nacional en mayo de 2022 bajo sospecha de connivencia (acción de consentir algo) con fuerzas extranjeras. Aunque no fue acusado en virtud de la ley de seguridad nacional, el obispo jubilado de 91 años fue declarado culpable de no registrar correctamente un fondo humanitario, ahora disuelto, que ayuda a los manifestantes prodemocráticos detenidos. El Sr. Zen, junto con otras cinco personas acusadas en noviembre de 2022, presentó un recurso de apelación.
La preocupación por una mayor erosión de la menguante libertad de la ciudad aumentó en los últimos meses cuando Hong Kong promulgó en mayo una ley de seguridad nacional.
La ley, conocida como Artículo 23, castiga delitos como la traición, la sedicia y el robo de secretos de Estado, y permite que los juicios se celebren a puerta cerrada. El Reino Unido y otros gobiernos occidentales expresaron su preocupación por la legislación, afirmando que sus vagas y amplias disposiciones son profundamente preocupantes.
El Sr. Rogers dijo que la actitud del gobierno británico hacia los abusos de derechos del PCCh «cambió considerablemente».
«El propio gobierno es más receptivo a debatir sobre los derechos humanos en China, incluida la libertad religiosa, y a hablar más que antes», declaró Rogers al medio de comunicación NTD, asociado de The Epoch Times, tras el acto del 15 de mayo.
Sin embargo, dijo que es necesario adoptar más «medidas políticas concretas». «El gobierno dice cada vez más lo correcto, pero no está haciendo lo que nos gustaría que hiciera», añadió.
«Hablar en nombre de la justicia»
En una declaración leída durante el acto, Gu Xingzhen, practicante de Falun Gong que se trasladó al Reino Unido en 2023, relató los repetidos acosos y abusos físicos y mentales que sufrió durante las dos últimas décadas simplemente por practicar su fe.
La Sra. Gu fue detenida al menos dos veces. En diciembre de 1999, poco después de la campaña de persecución iniciada en julio, la Sra. Fu fue ilegalmente recluida y detenida durante 15 días, en los que sufrió repetidos abusos y maltratos. La policía la obligó a permanecer en la misma posición durante horas y la electrocutó con porras eléctricas. Finalmente la liberaron después de que su marido pagara dinero a personas de la oficina de seguridad local.
Desde 1999, millones de practicantes de Falun Gong, como la Sra. Gu, fueron encerrados en campos de trabajo forzado, centros de lavado de cerebro y cárceles de todo el país, donde sufrieron torturas y abusos para obligarlos a retractarse de sus creencias. Se cree que un gran número de fieles fueron torturados hasta la muerte o incluso asesinados para sustraer sus órganos.
Gu pidió que se pusiera fin a la brutal campaña contra Falun Gong, una práctica de auto cultivación del ser, consistente en ejercicios de meditación y enseñanzas morales centradas en los principios de verdad, compasión y tolerancia, que es uno de los principales objetivos de persecusión del régimen chino durante los últimos 25 años.
«Espero que el gobierno del Reino Unido y la comunidad internacional se pronuncien en favor de la justicia y pidan el fin de la persecución a Falun Gong lo antes posible», dijo en una declaración leída por su hija en el acto.
Libertad religiosa inexistente
Rahima Mahmut, directora de la sección británica del Congreso Mundial Uigur, habló en el acto sobre las medidas represivas del PCCh contra los uigures en la región de Xinjiang, en el extremo occidental del país.
Diversos informes e investigaciones surgidos en los últimos años indican que al menos un millón de uigures y otras minorías musulmanas fueron encarcelados en campos de trabajo forzado de Xinjiang, donde sufrieron torturas, violencia sexual, adoctrinamiento político y trabajos forzados.
Estados Unidos y algunos gobiernos occidentales calificaron de genocidio los abusos del PCCh en Xinjiang. Un informe de 2022 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos determinó que los esfuerzos represivos del PCCh contra estos grupos pueden constituir crímenes contra la humanidad.
«La libertad religiosa es inexistente en mi patria», afirmó Mahmut.
Tíbet
Sonam Frasi, representante del Dalai Lama en Gran Bretaña, señaló que el acto se produjo pocos días antes del 29º aniversario del secuestro por el PCCh del undécimo Panchen Lama Choekyi Nyima, la segunda figura espiritual más importante del budismo tibetano.
La desaparición forzada, que se produjo en 1995, cuando el Panchen Lama tenía sólo seis años, fue motivo de preocupación constante. El gobierno estadounidense solicitó reiteradamente al régimen que libere al monje de alto rango, que cumplió 35 años en abril.
El 17 de mayo, el Departamento de Estado estadounidense renovó sus llamamientos, instando al PCCh a revelar su paradero y bienestar.
«Gedhun Choekyi Nyima sigue desaparecido y no aparece en público desde ese día», declaró el 17 de mayo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Miller expresó el apoyo de Estados Unidos a los derechos humanos de los tibetanos y a su libertad de practicar sus creencias religiosas.
«Los tibetanos, como los miembros de todas las comunidades religiosas, deben tener la capacidad de seleccionar, educar y venerar a sus propios líderes, como el Dalai Lama y el Panchen Lama, de acuerdo con sus propias creencias y sin interferencia del gobierno».
Con información de Eva Fu.
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