El Estado dominicano es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En tal compromiso, tiene incorporado en su Constitución derechos económicos y sociales; mismos que le asignan determinadas obligaciones para que la población pueda disponer o tener acceso a servicios: como los de Salud, Vivienda, Seguridad Social, Educación, así como garantizar la dotación de servicios y bienes públicos de calidad.
La Constitución vigente es contentiva de otras disposiciones en las que le reserva al Estado procurar, junto al sector Privado, un crecimiento equilibrado y sostenido de la Economía con estabilidad de precios, tendencia al pleno empleo e incremento del bienestar social, mediante la utilización de los recursos disponibles.
Por lo dispuesto en la Carta Magna y en la ley No.423-06, Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, toda gestión presupuestaria debe contribuir a los propósitos básicos de la política fiscal, en tanto a como contribuyan a la asignación eficiente de los recursos públicos, en función del desarrollo nacional y la cohesión social.
Entonces, puede ser advertido que es el más alto nivel del marco legal dominicano, que le delega al Estado responsabilidades que necesariamente lo obligan a participar en la Economía y, para ello, necesitará de recursos que básicamente deben provenir de los tributos y del financiamiento complementario.
El gasto público, por ley, tiene el compromiso de estar sustentado por los ingresos, que los debe fondear de forma permanente; además, de manera subsidiaria ayudarse con recursos provenientes del financiamiento externo o interno, a los fines de tener una visión amplia del papel del presupuesto público nacional, que lo lleva a no verlo solo como una pieza financiera equilibrada, sino como un vehículo para el equilibrio general y la estabilidad de la Economía, especialmente ante la ausencia del sector privado y de las amenazas que pueda tener la Economía, que comprometan la estabilidad y los objetivos generales y focales del Estado, que lo obliga a respetar, procurar y mantener la dignidad humana.
Sin embargo, en la materialización de lo anteriormente expuesto, son muchas las voces que reclaman un gasto público óptimo, no excesivo y de calidad. Respecto a las dos primeras características objeto de este examen, la literatura económica no parece abordar en forma sistemática, y menos aún de consenso, el tamaño del gasto público; al contrario, abundan posiciones que dan cuenta de restarle reputación al Estado, en tanto es gastador de recursos públicos e incluso, de minimizar su tamaño, probablemente por razones asociadas al interés político más que al económico.
Tal vez, el criterio anterior impulsa a darle más fuerza a la ciudadanía cuando al pagar sus obligaciones no encuentra respuesta satisfactoria por parte del Estado, deviniendo entonces, en quejas amparadas en la exclamación: “¡Pero yo pago impuestos!”, como significación de que los ingresos fiscales que provienen de la carga tributaria son suficientes para tener la cobertura de los gastos.
El tratamiento del tema y más focalmente del problema del gasto público, en lo relativo a su tamaño y, por consiguiente, a su nivel óptimo, no aparece como un parámetro de referencia para determinar cuándo el Estado ha llegado al grado óptimo o cuándo ha sido excesivo, tanto a nivel de las economías desarrolladas como de las menos desarrolladas, y la dominicana no es una excepción.
Otra evidencia internacional, teórica y empírica, es respecto a la determinación de la medición o tamaño del sector público, obtenida mediante las informaciones de las variables como el Producto Interno Bruto (PIB) nominal, los Ingresos Corrientes (IC) y el Gasto Público (GP).
Pero en la determinación del nivel óptimo del Gasto Público, prevalecen condiciones que lo complican, como es el caso de que previo a esa labor, también es necesario cuantificar cuál es su tamaño mínimo gubernamental, lo cual implicaría el conjunto de valoraciones cuantitativas y cualitativas e incluso, la de definir la frontera del accionar privado y del público, difícil de practicar, dado los factores incidentales que llevan a la iniciativa privada a no accionarse.
En la evidencia internacional no se encuentra un tamaño óptimo del gasto público: aparece variable en países desarrollados con mayores niveles de gasto y en otros menos desarrollados. En la discusión, lo que debe de importar es la ‘eficacia’, no el ‘tamaño’ del sector público, y la respuesta se podría encontrar en el presupuesto por resultados, y no en el del incrementalismo.
Veamos algunos casos: Francia, posee un tamaño del Sector Público como proporción del PIB de 56.2 %, Finlandia de 55.8 %, Dinamarca de 53.6 %, Austria de 50.7 %, Suecia de 49.5 %, Italia de 49.4 % y Alemania de 44.2 %. En cambio, con valores opuestos en la línea de países con alto índice de desarrollo humano, se encuentran Irlanda con 27.1 %, Nueva Zelandia con 34.1 %, Suiza con 34.3 % y Estados Unidos con 35.6 %.
Entre los países con escaso índice de desarrollo humano y que presentan altos niveles en la razón del Gasto Público sobre el PIB nominal, se encuentran Kiribati con 117.8 %, seguido de Libia con 131.4 % y luego Nauru con 91.6 %. O lo contrario, con un Gasto Público inferior y de escaso nivel de desarrollo: la República Centroafricana con 12.6 %, Haití con 18.4 % y Guinea con 22.1 %.
Los países de la región de Centroamérica, presentan una disímil composición del tamaño del Gasto Público sobre el PIB: Honduras con 27.6 %, Nicaragua con 26.8 %, Panamá con 22.8 %, El Salvador con 21.4 %, Costa Rica con 19.3 % y Guatemala, con el menor, 12.1 %.
En el caso de la República Dominicana, el tamaño del Sector Público medido por la razón del Gasto Público sobre los ingresos corrientes, durante el periodo 1991-2007, ha pasado de 102.5 % en el primer año al 103.5 % en el 2005 y al 115.7 % en el 2017, indicando un crecimiento por diferencia del orden del 13.2 % en 26 años.
Por el lado del indicador del Gasto Público como proporción del PIB nominal, se puede apreciar una evolución creciente, al pasar del 8.2 % en 1991 al 12.8 % en 2000. Se situó en el 2010 en un 15.8 % y, finalmente, para el 2017 aumentar en un 17.6 %, significando un incremento por diferencia para todo el periodo de un 9.4 %.
Como se ha podido observar, el tamaño del Sector Público dominicano, aunque ha estado creciendo en forma sostenida a lo largo del tiempo, no se coloca entre las economías con fuerte presencia de lo público, a pesar de sus similitudes con las de Centroamérica.
El hecho de que el Sector Público dominicano tenga participación en el sector eléctrico y que cumpla con sus otras responsabilidades, como proveedor de servicios básicos de Salud, Educación y Recreación, a la vez que construye obras de infraestructura con soluciones habitacionales y ofreciendo determinados niveles de seguridad ciudadana, de soberanía y mediante la administración de justicia, implican gastos que no compiten con los del sector privado y que explican, tanto la presencia del Estado como su respectivo tamaño en la Economía nacional.
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