Los estadounidenses están pagando una factura multimillonaria por los inmigrantes ilegales que fueron liberados en el interior de Estados Unidos o escaparon a la custodia de las fuerzas de seguridad bajo la actual administración, según un informe del 13 de noviembre publicado por los republicanos de la Cámara de Representantes.
El informe provisional del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara reunió registros estatales, informes de los medios de comunicación e información de dominio público en un documento de casi 50 páginas que resume el coste de hacer frente a la afluencia masiva de inmigrantes ilegales a Estados Unidos.
«Cada día, millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses se gastan en costes directamente asociados con la inmigración ilegal y la crisis sin precedentes en la frontera suroeste provocada por las políticas del Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Alejandro Mayorkas», afirma el informe.
«Sólo una pequeña parte se recupera de los impuestos pagados por los extranjeros ilegales, y el resto recae sobre los hombros de los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales».
En un análisis detallado, el documento esboza el peaje financiero de las actuales políticas de inmigración, señalando como culpable al Secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, y sus políticas fronterizas.
En el sector sanitario, el informe revela que, a pesar de las restricciones en las prestaciones, los inmigrantes ilegales reciben atención médica financiada por los contribuyentes, lo que amplifica la presión sobre los gobiernos locales y estatales.
El informe de la comisión citaba al Centro de Estudios de Inmigración, que utilizó datos de RealClearInvestigations para estimar que la atención y el alojamiento por parte del gobierno de los inmigrantes ilegales —incluidos los que son capturados en la frontera y los que eluden la captura (conocidos como «fugitivos»— podría costar hasta 451,000 millones de dólares anuales a nivel nacional.
El informe del comité utilizó estimaciones de la organización conservadora Federation for American Immigration Reform (FAIR) y de la Universidad de Yale, que sitúan el número de inmigrantes ilegales en Estados Unidos entre 16,8 y 29 millones, de los cuales 3,8 millones más entraron en el país desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero del 2021.
Los miembros de la comisión, controlada por los republicanos, también se refirieron a una reciente investigación de FAIR, según la cual los costes de la inmigración ilegal para el Gobierno de EE.UU. ascienden a unos 182,000 millones de dólares al año, mientras que los extranjeros sólo aportan 31,000 millones de dólares en ingresos fiscales para compensar esa cifra.
FAIR calcula que 115,000 millones proceden de los gobiernos estatales, mientras que el gobierno federal sólo aporta 66,000 millones. En contraste, el grupo estimó que el costo total de la inmigración ilegal fue de 135 mil millones de dólares en 2017.
Atención sanitaria y aplicación de la ley
En concreto, el documento expone la escalada de gastos sanitarios en los que incurren los estados, con unos costes de Medicaid por «servicios de emergencia para extranjeros indocumentados» que superarán los 7000 millones de dólares en 2021 y superarán los 5400 millones en 2022. Los desafíos legales de los estados, como Texas, subrayan las cargas financieras, con el estado obligado a pagar entre 62 y 90 millones de dólares anuales bajo su programa de Medicaid de Emergencia.
El informe destaca ejemplos del mundo real, incluido el Hospital Médico Regional de Yuma en Arizona, que enfrentó más de 26 millones de dólares en costos médicos no reembolsados solo desde diciembre del 2021 hasta noviembre del 2022. Los hallazgos sugieren que el creciente número de inmigrantes ilegales liberados en el interior de los Estados Unidos bajo las políticas del Sr. Mayorkas está exacerbando la presión financiera sobre los proveedores médicos, financiados en última instancia por los contribuyentes estadounidenses.
El informe detalla las profundas repercusiones de la crisis del fentanilo, haciendo hincapié en el coste humano y reconociendo al mismo tiempo la considerable presión financiera que supone para Estados Unidos, estimando un coste superior a 1,5 billones de dólares sólo en 2020.
Según el informe, los gastos de aplicación de la ley relacionados con la inmigración ilegal van más allá de la seguridad fronteriza, y los estados se enfrentan a un aumento de los índices de delincuencia. Las localidades de todo el país informan del aumento de los costes derivados de la respuesta a las llamadas al 911, el ingreso de los inmigrantes ilegales en las cárceles del condado y la gestión de las consecuencias de las actividades delictivas. Estos gastos incluyen la atención médica a los detenidos, las autopsias e incluso los gastos de sepelio, lo que, al parecer, obligó a algunas jurisdicciones a aplicar recortes salariales a sus empleados.
Según el informe, los gastos de las fuerzas del orden se están disparando debido a las estrategias indulgentes del Sr. Mayorkas, centradas en la crisis del fentanilo, la seguridad fronteriza y el impacto más amplio en los estados que se enfrentan a un aumento de los índices de delincuencia.
Impacto en la educación, el bienestar y la vivienda
El impacto de la inmigración ilegal en el sistema educativo aparece como una preocupación importante en el informe.
Se demostró que el aumento de inmigrantes ilegales, sobre todo niños, impone unos costes asombrosos tanto a los estados como al gobierno federal. El informe subraya la urgente necesidad de reevaluar las políticas de inmigración para aliviar la creciente carga financiera que soporta el sector educativo.
La presión sobre los programas de bienestar social destinados a los estadounidenses con rentas bajas es otro punto central. A pesar de no tener derecho a la mayoría de las prestaciones, el informe indica que los inmigrantes ilegales utilizan de forma desproporcionada los programas federales y estatales de asistencia social, lo que suscita preocupación por la presión sobre los recursos y la necesidad de reformas integrales.
Los costes de vivienda y refugio en las ciudades estadounidenses alcanzaron niveles sin precedentes, supuestamente impulsados por la negativa del Sr. Mayorkas a hacer cumplir las leyes de inmigración. La carga financiera que soportan ciudades como Nueva York ha hecho temer una escalada de los costes mientras persistan las políticas de fronteras abiertas.
El documento también revela la abrumadora presión financiera impuesta al sistema educativo estadounidense. Los costes asociados a la prestación de servicios educativos a los niños inmigrantes ilegales y a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en suelo estadounidense son asombrosos y alcanzan cifras monumentales para los estados y el gobierno federal.
Entre estos gastos destacan las colosales sumas que soportan los estados para prestar servicios de educación pública.
En el curso escolar 2021-2022, unos 5,1 millones de alumnos de escuelas públicas, que constituyen aproximadamente el 6,5 por ciento de la población en edad escolar, fueron clasificados como alumnos con conocimientos limitados de inglés (LEP, por sus siglas en inglés). Este grupo demográfico, que comprende alrededor del 25 por ciento de los 11 millones de inmigrantes ilegales que se calcula que hay en Estados Unidos, cuesta a los contribuyentes casi 59,000 millones de dólares. Los retos se multiplican a medida que sigue llegando al país un número récord de niños inmigrantes ilegales, muchos de ellos con conocimientos limitados de inglés, lo que añade una carga estimada de 7.000 millones de dólares a los presupuestos de educación pública.
El informe también aborda el aumento de los costes de la vivienda vinculados a la inmigración ilegal y el peaje en la propiedad privada y la economía, afirmando que las decisiones del secretario del DHS dieron prioridad a los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses.
Mientras un número cada vez mayor de estadounidenses -cientos de miles- viven en la calle, Biden y Mayorkas piden más de 1000 millones de dólares de los contribuyentes sólo este año para proporcionar vivienda y otras prestaciones a los extranjeros ilegales, y lo disfrazan de gasto en «aplicación de la ley de inmigración»», afirma el informe.
Respuesta del DHS
Un portavoz del DHS respondió a la solicitud de comentarios de The Epoch Times en una declaración enviada por correo electrónico, diciendo: «Mientras que la mayoría de la Cámara perdió meses tratando de ganar puntos con ataques sin fundamento, el Secretario Mayorkas estuvo haciendo su trabajo y trabajando para mantener a los estadounidenses seguros.
«Bajo su liderazgo, el Departamento de Seguridad Nacional está impidiendo que cantidades sin precedentes de fentanilo entren en el país, contrarrestando las amenazas del gobierno chino, ayudando a las comunidades a recuperarse de los desastres naturales y trabajando para proteger a nuestra nación de los ciberataques, el terrorismo y la violencia selectiva. En lugar de continuar con sus imprudentes farsas de destitución y sus ataques a las fuerzas del orden, el Congreso debería trabajar con nosotros para mantener seguro a nuestro país, aprovechar los progresos que está realizando el DHS y llevar a cabo las reformas que tanto necesitamos para nuestro maltrecho sistema de inmigración y que sólo la legislación puede arreglar».
El departamento también afirmó que la administración de Biden «continúa gestionando nuestras fronteras de una manera segura, protegida y humana, aprovechando las vías legales ampliadas con consecuencias más duras para hacer frente a la migración irregular que estamos experimentando en todo el hemisferio».
«Estamos vigilantes y preparados para adaptarnos a medida que fluctúan las cifras, y estamos trabajando con socios de todo el hemisferio para perseguir las redes criminales de contrabando y contrarrestar las mentiras que los contrabandistas utilizan para manipular a los migrantes».
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