Un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes introdujo una legislación adicional destinada a impedir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adquiera baterías de seis empresas con sede en China.
El representante Carlos Giménez (R-Fla.), presidente del Subcomité de Seguridad Nacional sobre Transporte y Seguridad Marítima de la Cámara de Representantes, presentó la legislación, HR8631 , el 5 de junio, titulada “Ley de desacoplamiento de la dependencia de baterías adversas extranjeras”.
“No podemos seguir cediendo el dominio sobre nuestras cadenas de suministro críticas a nuestro mayor rival geopolítico. Estoy orgulloso de presentar esta legislación para garantizar que el Partido Comunista Chino no pueda explotar las vulnerabilidades económicas o de seguridad que podrían crearse a través de la dependencia del DHS de las baterías de iones de litio”, dijo Giménez en un comunicado.
Las seis empresas identificadas en el proyecto de ley son Contemporary Amperex Technology Company (CATL), BYD, Envision Energy, EVE Energy, Gotion High-Tech y Hithium Energy Storage Technology. Si se convierte en ley, la prohibición entraría en vigor el 1 de octubre de 2027.
La legislación se asemeja a una disposición de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2024, que le prohíbe al Departamento de Defensa comprar baterías de las mismas seis empresas con sede en China.
“Occidente reconoció demasiado tarde la amenaza de Huawei, TikTok y las grúas de fabricación china instaladas en los puertos marítimos de Estados Unidos”, dijo Giménez.
“Sabemos que hacer negocios en China significa enriquecer al PCCh, y eso tiene un costo elevado, incluso si se perciben beneficios a corto plazo. Estados Unidos debe ser proactivo al abordar las amenazas que plantea el PCCh a nuestra tecnología, información y forma de vida”, dijo Giménez.
«El Departamento de Defensa ha puesto fin legítimamente al uso de estas baterías fabricadas por la República Popular China, y ya es hora de que el DHS haga lo mismo».
La propuesta se produce tras una acción de mediados de mayo de la administración Biden para imponer un arancel del 100 por ciento, frente al 25 por ciento, a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China en 2024.
En 2021, el Departamento de Energía (DOE) publicó su Plan Nacional para Baterías de Litio, para establecer una “cadena de suministro segura de tecnología y materiales para baterías” entre Estados Unidos y sus socios para 2030.
En marzo, el DOE anunció un préstamo condicional de 2260 millones de dólares a la filial de Lithium Americas Corp, Lithium Nevada Corp., para financiar la construcción de una planta procesadora de carbonato de litio en Nevada.
El proyecto de ley de Giménez dirigido a los mercados de baterías de adversarios extranjeros fue copatrocinado por el representante John Moolenaar (R-Mich.), presidente del Comité Selecto del PCCh; El presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales de la Cámara de Representantes, el representante Mark Green (R-Tenn.); y el presidente del Subcomité de Contraterrorismo, Aplicación de la Ley e Inteligencia, August Pfluger (R-Texas).
«Los dólares de los impuestos estadounidenses nunca deberían usarse para promover las esperanzas del Partido Comunista Chino de dominar tecnologías clave a nuestra costa», dijo Moolenaar en un comunicado . «Nuestro ejército ya prohibió estas baterías y el DHS debería hacer lo mismo».
El monopolio del PCCh
Las empresas con sede en China representan la producción de alrededor del 80 por ciento de las baterías del mundo y el 70 por ciento de las baterías de iones de litio del mundo.
CATL de China es el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo. Ford está construyendo una nueva planta de vehículos eléctricos en Michigan, donde se producirán baterías con tecnologías licenciadas por CATL.
La filial estadounidense de Gotion High Tech, Gotion Inc., está desarrollando plantas de baterías en Michigan e Illinois.
«En cuanto a las vulnerabilidades de seguridad, CATL podría instalar malware en los vehículos eléctricos, lo que podría dar como resultado la recopilación de información confidencial sobre sus propietarios, así como ejecutar el cierre de las redes de carga de vehículos eléctricos o los sistemas de almacenamiento de energía de la batería o incluso desactivar vehículos específicos mediante infiltración de hardware». El Comité Selecto del PCCh declaró el 7 de junio: “Es fundamental trabajar de manera proactiva para prevenir estas y otras vulnerabilidades”.
En 2023, Estados Unidos importó casi 12,000 millones de dólares en baterías de iones de litio de China, frente a unos 2000 millones de dólares en 2020, según datos de Govini, una empresa de análisis de datos.
A principios de junio, Moolenaar, Giménez, Green y otros dos legisladores republicanos enviaron dos cartas a Robert Silvers, subsecretario de Estrategia, Política y Planes del DHS. Instaron a la agencia a incluir inmediatamente a CATL y Gotion High-Tech en una lista de entidades creada a partir de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA), afirmando que las cadenas de suministro de ambas empresas están «profundamente comprometidas» por el trabajo esclavo y el genocidio uigur patrocinados por el Estado del PCCh.
El PCCh tiene encerrados a más de 1 millón de uigures en su región occidental de Xinjiang, donde los detenidos son sometidos a trabajos forzados, torturas, adoctrinamiento político, abortos forzados y otros tratos inhumanos en campos de internamiento.
En 2023, Giménez codirigió la presentación de un proyecto de ley bipartidista, titulado Ley de Divulgación del Trabajo Forzoso Uigur (HR4840). Si se promulga, el proyecto de ley exigirá que las empresas públicas revelen cualquier vínculo que sus productos puedan tener con el trabajo forzoso en Xinjiang.
En abril, el senador Sherrod Brown (D-Ohio) envió una carta al presidente Joe Biden, pidiéndole que prohibiera los vehículos eléctricos fabricados en China para proteger a los trabajadores automotrices de Ohio.
“Los vehículos eléctricos chinos son una amenaza existencial para la industria automotriz estadounidense”, escribió Brown. “Ohio sabe muy bien cómo China subsidia ilegalmente a sus empresas, dejando a nuestros trabajadores sin empleo y socavando industrias enteras, desde el acero hasta la fabricación de energía solar. No podemos permitir que China lleve sus trampas respaldadas por el gobierno a la industria automotriz estadounidense”.
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