Un grupo de legisladores republicanos tiene previsto presentar una resolución para anular la orden de vacunación del presidente Joe Biden después de que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) publicara su norma temporal de emergencia que exige a las empresas con 100 o más trabajadores que éstos se vacunen o se sometan a pruebas periódicas de COVID-19.
En un comunicado emitido el jueves, la líder republicana del Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes, Virginia Foxx (R-N.C.), confirmó que los legisladores republicanos de su comité «presentarán inmediatamente una resolución de la Ley de Revisión del Congreso para anular la norma de «emergencia» de la OSHA cuando la reciba el Congreso».
La norma de Biden (pdf) entrará en vigor el 4 de enero, en un intento de aumentar las tasas de vacunación y conseguir que más personas vuelvan al trabajo. Sin embargo, un número importante de grupos comerciales han emitido advertencias sobre la orden, diciendo que exacerbaría los cuellos de botella en la cadena de suministro y la escasez de personal en todo el país, lo que llevó a algunos presidentes de asociaciones a pedir a la Casa Blanca que retrase la norma hasta después de la temporada de fiestas.
Los empleadores no están obligados a proporcionar o pagar las pruebas, y la norma ofrece exenciones médicas y religiosas. Las personas no vacunadas tienen que llevar mascarillas en el trabajo, según estipula la norma.
Aquellos que no cumplan con la orden serán sancionados con una multa de aproximadamente 14,000 dólares por infracción, que aumentará con varias infracciones, según la norma. No está claro qué sanción se impondrá a los trabajadores que no lleven mascarillas y que no estén vacunados.
Un alto funcionario de la Administración Biden dijo el jueves que la Casa Blanca cree que la orden estimulará la vacunación en todo Estados Unidos.
«Miles de empleadores han respondido al llamado del presidente y han dado un paso adelante para implementar los requisitos de vacunación que cubren a decenas de millones de estadounidenses», dijo el funcionario.
Después de que Biden anunciara la orden el 9 de septiembre, varios gobernadores y fiscales generales republicanos prometieron presentar demandas contra la norma. Hasta ahora, más de una docena de estados liderados por el Partido Republicano han demandado a la administración por una orden relacionada pero separada de que los contratistas y trabajadores federales se vacunen.
Y el miércoles, un grupo de senadores republicanos envió una carta al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), señalando su intención de bloquear la financiación para la orden de vacunación.
«Nos opondremos a todos los esfuerzos para implementarlo y hacerlo cumplir con todas las herramientas a nuestra disposición, incluyendo nuestros votos en las medidas de gasto consideradas por el Senado», decía la carta liderada por el senador Roger Marshall (R-Kan.). «Sin duda, estamos de acuerdo en que innumerables estadounidenses se han beneficiado de la protección que ofrecen las vacunas COVID-19. Sin embargo, la decisión de vacunarse o no contra el COVID-19 es una decisión muy personal que nunca debería ser impuesta a los individuos por el gobierno federal».
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