Decenas de miembros republicanos del Comité de Energía y Comercio de la Cámara han pedido que se revise el acuerdo de licencia entre Ford Motor Co. y un fabricante chino de baterías para vehículos eléctricos.
En una carta enviada al director ejecutivo de Ford, James Farley, los republicanos, encabezados por la presidenta del comité, la representante Cathy McMorris Rodgers (R-Wash.) y el presidente del Subcomité de Supervisión, Morgan Griffith (R-Va), pidieron una copia del acuerdo de licencia y todas las comunicaciones de Ford sobre la elegibilidad del acuerdo para créditos fiscales.
A los legisladores les preocupa que el acuerdo de Ford con el fabricante chino de baterías para vehículos eléctricos “pueda ayudar a los esfuerzos de China por ampliar su control sobre las cadenas de suministro de vehículos eléctricos de Estados Unidos y poner en peligro la seguridad nacional al aumentar la dependencia a China”. Escribieron que tales riesgos para la seguridad nacional se volverían “graves” “en un momento de escalada de tensiones geopolíticas”.
En febrero, Ford anunció que se construiría una nueva planta de USD 3500 millones en Marshall, Michigan, 100 millas al oeste de Detroit, para producir baterías de litio, hierro y fosfato, más conocidas como LFP, un tipo de batería que es más barata pero menos densa en energía que las baterías de níquel-cobalto-manganeso que actualmente dominan el mercado.
Una filial de su propiedad será la propietaria de la fábrica y empleará a los trabajadores, según Ford, mientras que la china Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), como parte de un acuerdo de licencia, proporcionará la tecnología de las baterías para vehículos eléctricos, algunos equipos y trabajadores. CATL es el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos y es conocido por su dominio de las baterías LFP. Ford espera que la producción comience en 2026, y se calcula que la planta producirá baterías suficientes para 400,000 vehículos eléctricos al año.
Ford confirmó previamente con The Epoch Times que esperaba que el acuerdo calificara para créditos tanto de consumo como de fabricación avanzada en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). Los expertos estimaron que el crédito de fabricación podría alcanzar los USD 1000 millones y dijeron que Ford no podría permitirse la inversión de USD 3500 millones sin el crédito fiscal.
Los republicanos del Comité de Energía de la Cámara de Representantes cuestionaron aún más el proceso de toma de decisiones de Ford y la posible explotación de los incentivos federales bajo el IRA, diseñado por el Congreso para promover las cadenas de suministro nacionales de vehículos eléctricos.
Una portavoz de Ford le dijo a The Epoch Times en un correo electrónico: “Cuando recibamos formalmente la carta, responderemos y corregiremos nuevamente la desinformación rampante sobre este proyecto”.
“Aquí están los hechos: Ford es el único que está construyendo, será propietario y administrará esta planta de baterías en Michigan. Lo estamos haciendo en lugar de instalar una fábrica de baterías Ford en otro país o comprar exclusivamente estas baterías fabricadas en China, como hacen nuestros competidores. Ford no tiene ninguna “sociedad” con CATL; no serán propietarios de ninguna parte de la planta. Estamos otorgando la licencia de su tecnología de celdas de batería para que la use Ford en EE.UU. y contrataremos con ellos servicios específicos, nada más”.
“El proyecto creará 2500 nuevos empleos estadounidenses y ayudará a fortalecer la manufactura estadounidense. Es una gran victoria para nuestros clientes, nuestro país y nuestro negocio”, continuó.
El acuerdo Ford-CATL generó preocupaciones de seguridad meses antes de su anuncio, cuando el gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, retiró a su estado de la licitación para albergar la planta de baterías, citando que la instalación podría convertirse en una “fachada” para China.
Desde entonces, los legisladores republicanos han pedido revisiones al acuerdo buscando evaluaciones de riesgos para la seguridad nacional.
Hace aproximadamente dos meses, el representante Mike Gallagher (R-Wis.) y el representante Jason Smith (R-Mo.), los respectivos presidentes del Comité Selecto de la Cámara sobre China y del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, también escribieron al Sr. Farley, buscando revisar el acuerdo de licencia.
Les preocupa que el acuerdo facilite el dominio global de China en la tecnología de baterías de vehículos eléctricos (EV) con el dinero de los contribuyentes estadounidenses y aumente la dependencia de Estados Unidos a materias primas críticas chinas. Según su carta, la cadena de suministro de CATL en Xinjiang también planteó una pregunta sobre el trabajo forzoso y la posible violación de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur.
En una audiencia del comité a finales de julio, el representante Raja Krishnamoorthi (D-Ill.), el demócrata de mayor rango en el panel de China de la Cámara de Representantes, enfatizó el concepto de la fusión civil-militar del Partido Comunista Chino (PCCh), diciendo que no hay empresas verdaderamente privadas en China. El PCCh no está en una competencia económica, dijo, sino en un juego para “determinar los valores que estarán integrados en las tecnologías fundamentales de la vida cotidiana”.
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