El miembro principal del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-Ohio), y otros 18 miembros republicanos del panel dieron instrucciones al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, al fiscal general, Merrick Garland, y al director del FBI, Christopher Wray, para que «preserven todos los documentos, comunicaciones u otra información» sobre la redada del 9 de agosto en Mar-a-Lago.
Las instrucciones llegaron en cartas separadas del 15 de agosto en las que se detallaba lo que debe preservarse y no dejaba duda de que, si los republicanos recuperan el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre, harán que sea una prioridad máxima exponer de manera exhaustiva los detalles de la redada en la finca privada del expresidente Donald Trump en Florida.
La justificación oficial de la redada, según la orden de registro hecha pública el 12 de agosto, es que se sospecha que Trump posee material clasificado altamente sensible que se llevó de la Casa Blanca cuando la abandonó en enero de 2021. La declaración jurada presentada en el tribunal federal en relación con la solicitud de orden de registro aún no se ha hecho pública.
«Debe interpretar este comunicado como una instrucción para preservar todos los documentos, comunicados y otra información, incluida la información electrónica y los metadatos, que son o pueden ser potencialmente sensibles a esta investigación», dijeron los republicanos en sus cartas.
«Esta instrucción incluye todos los mensajes electrónicos enviados utilizando cuentas o dispositivos oficiales y personales, incluidos los registros creados mediante mensajes de texto, apps para teléfono de mensajes o software de encriptación», continuaban las cartas.
«A efectos de esta solicitud, ‘preservar’ incluye tomar medidas razonables para evitar la destrucción parcial o total, la alteración, la prueba, la eliminación, la trituración, la incineración, el borrado, la reubicación, la migración, el robo, el cambio o la manipulación negligente o imprudente que podría hacer que la información sea incompleta o inaccesible», decían las cartas.
Mientras tanto, Jordan y sus colegas republicanos del comité de la Cámara de Representantes con autoridad para supervisar el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), incluido el FBI, ordenaron a Klain, Garland y Wray que presentaran, a más tardar el 29 de agosto, una larga lista de documentos y materiales relacionados ya existentes.
Calificando la redada como «una escandalosa intensificación de la utilización de los recursos de la aplicación de la ley por parte de la Administración Biden contra sus oponentes políticos», Jordan y los republicanos dijeron que «el pueblo estadounidense merece transparencia y responsabilidad por parte de nuestros funcionarios de la aplicación de la ley de mayor rango en el poder ejecutivo. No nos conformaremos con nada más que su completa cooperación con nuestra investigación».
Entre las cuestiones que abarcan las peticiones están cómo se planificó la ejecución de la redada, si el FBI tenía un infiltrado dentro de la finca de Mar-a-Lago y las comunicaciones entre el DOJ, la Oficina Ejecutiva del Presidente y la Administración Nacional de Archivos y Registros.
Un portavoz del DOJ no respondió a una solicitud de comentarios.
Las cartas también sugieren que los republicanos del Poder Judicial de la Cámara de Representantes buscarán realizar una larga lista de investigaciones de supervisión, además del asunto de Mar-a-Lago, porque «bajo la Administración Biden, el Departamento de Justicia ha destrozado la confianza pública en la aplicación equitativa de la justicia».
La carta señalaba que el Departamento de Justicia «ha presentado demandas por motivos políticos contra los estados dirigidos por los republicanos en relación con las políticas desfavorecidas por la Administración Biden, ha exagerado artificialmente las estadísticas sobre el extremismo violento doméstico para fomentar el discurso político de la Administración Biden, ha utilizado los recursos de la lucha contra el terrorismo para perseguir a los padres en las reuniones de los consejos escolares que se oponen a las políticas apoyadas por la Administración Biden y ha perseguido e investigado selectivamente a los opositores políticos de la Administración Biden. Estas acciones no solo socavan la misión declarada del Departamento, sino que violan los principios más fundamentales de nuestro país».
Jordan reveló recientemente que varios denunciantes del DOJ han descrito a los republicanos del Poder Judicial cómo los altos dirigentes del departamento presionan a los empleados para que exageren los datos con el fin de que el problema del «extremismo violento doméstico» parezca mucho más extendido de lo que realmente es.
Cualquiera que sea su justificación real, la redada en Mar-a-Lago se ha convertido, a los pocos días de su ejecución, en un punto de discordia entre demócratas y republicanos. Típico entre los demócratas, el representante Jim Himes (D-Conn.) emitió una declaración tras hacerse pública la orden de registro en la que afirmaba que «aunque no conocemos todos los detalles, está claro que, por negligencia o malicia, las acciones del expresidente presentan un riesgo significativo para la seguridad nacional de nuestro país». Himes es miembro del Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes.
En el bando republicano, el representante Barry Loudermilk (R-Ga.) dijo a The Epoch Times que la redada es una prueba de que «este es nuestro gobierno desbocado y sin restricciones, y tenemos que frenarlo. Parece que se trata de una gran extralimitación. Suena a utilización de la aplicación de la ley con fines políticos».
Dar instrucciones a los principales implicados en la redada de Mar-a-Lago para que conserven todos los documentos, mensajes y otra información relevante es la respuesta más significativa que los republicanos del panel judicial pueden montar mientras sean la minoría.
El propio comité judicial está profundamente dividido, como se ve en las calificaciones de la Unión Conservadora Americana (ACU) sobre cómo votó cada uno de los 25 demócratas y 19 republicanos del panel en 2021.
La calificación promedio de los demócratas es de 4.72, frente a los 91 de los republicanos. Los miembros del panel judicial mejor calificados de los demócratas, según la ACU, son los representantes Val Demmings (D-Fla.), Lucy McBath (D-Ga.) y Sylvia Garcia (D-Texas), cada uno con un 10. Tres demócratas del panel fueron calificados con ceros por la ACU —los representantes Pramila Jayapal (D-Wash.), Deborah Ross (D-N.C.) y Cori Bush (D-Mo.)
Entre los republicanos, Jordan y seis de sus colegas en el panel recibieron calificaciones de 100 de la ACU. Se trata de los representantes Andy Biggs (R-Ariz.), Tom McClintock (R-Calif.), Greg Steube (R-Fla.), Thomas Massie (R-Ky.), Chip Roy (R-Texas) y Dan Bishop (R-N.C.).
El expresidente de la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, Darrell Issa (R-Calif.), es el miembro republicano del panel judicial peor valorado, según la ACU, con una puntuación de 76.
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