El 5 de diciembre, dos legisladores republicanos de la Cámara de Representantes iniciaron una investigación sobre lo que alegan fue una colusión entre Fani Willis, la fiscal de Georgia que presentó una acusación penal contra el expresidente Donald Trump, y el comité del Congreso que investigó la irrupción en el Capitolio del 6 de enero de 2021.
El representante Jim Jordan (R-Ohio), presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, anunció en un comunicado de prensa el martes que él y el representante Barry Loudermilk (R-Ga.) se enteraron «recientemente» de que la oficina de la Sra. Willis «coordinó sus acciones de investigación» con el Comité Selecto de la Cámara de Representantes del 6 de enero, lo que los llevó a iniciar una investigación sobre la investigación criminal de la Sra. Willis relacionada al presidente Trump, la cual, según los legisladores, tiene motivaciones políticas.
Lo que estaba en cuestión era una carta del 17 de diciembre de 2021 que la Sra. Willis envió al representante Bennie Thompson (D-Miss.), presidente del Comité del 6 de enero, en la que la Sra. Willis solicitaba acceso a los registros del Congreso relevantes para su investigación criminal al expresidente, escribieron los legisladores en el comunicado de prensa.
«Como sabrá, estoy llevando a cabo una investigación criminal sobre posibles intentos de interferir ilegalmente con la administración de las elecciones generales de 2020 en Georgia», se lee en la carta de 2021 escrita por la Sra. Willis y dirigida al Sr. Thompson. «A través de informes de noticias, somos conscientes de que su comité ha entrevistado a testigos relevantes para nuestra investigación. Entendemos por los mismos informes que los investigadores de su comité pueden haber recopilado registros relevantes para nuestra investigación”.
Al afirmar que su oficina está preocupada por esta apariencia de colusión, el Sr. Jordan envió el lunes una carta a la Sra. Willis para exigir comunicaciones entre su oficina y el Comité del 6 de enero, y documentos relacionados con la irrupción al Capitolio del 6 de enero de 2021.
“El Comité Selecto partidista del 6 de enero tenía un historial preocupante de abusos procesales y violaciones al debido proceso. Solo solicitó evidencia de un grupo selecto de individuos relevantes, ignoró la evidencia exculpatoria y no persiguió a los testigos con evidencia que no ayudaría en su narrativa partidista”, se lee en la carta del 5 de diciembre, firmada por el Sr. Jordan y dirigida a la Sra. Willis.
El hecho de que la oficina de la Sra. Willis parezca estar coordinando con el Comité «partidista» del 6 de enero, escribió el legislador, «plantea dudas sobre el compromiso de Willis y Thompson con el debido proceso y si han cumplido con sus obligaciones de revelar adecuadamente este material».
Loudermilk envió una carta por separado el mismo día a Thompson pidiéndole material similar, y alegó que Thompson podría haber violado las reglas de la Cámara al no preservar “documentos relevantes para asuntos oficiales” de la Cámara.
La oficina de la Sra. Willis no respondió a una consulta de prensa de The Epoch Times al momento de esta publicación.
El anuncio de Jordan se hace eco de la preocupación planteada por algunos republicanos del Congreso de que el sesgo político eclipsa los cuatro procesos penales contra el presidente Trump. Eso incluye la acusación penal de la Sra. Willis contra el presidente Trump y otras 18 personas, en la que alegó que conspiraron para anular las elecciones de 2020, violando la Ley estatal de “Organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos” (RICO), entre otros cargos, que incluyen hacer declaraciones falsas y la instrumentalización criminal de funcionarios estatales.
El presidente Trump ha negado haber actuado mal en el caso y ha alegado que Willis, una demócrata electa, tiene motivos políticos para atacarlo.
La investigación de los legisladores del lunes se produjo tres meses después de que Jordan iniciara una investigación separada que también cuestionó si la investigación de Willis sobre el 45° presidente tiene motivaciones políticas, y buscó la coordinación de pruebas entre las oficinas de Willis y el fiscal especial Jack Smith, quien dirige dos acusaciones penales federales contra el presidente Trump. En la carta del lunes, el legislador escribió que Willis no entregó los materiales solicitados.
Presunta mala conducta fiscal
La actual investigación del Congreso no es la primera vez que la conducta profesional de Willis ha sido objeto de escrutinio.
En un expediente judicial de julio que buscaba anular la investigación, los abogados del presidente Trump recordaron cómo la Sra. Willis había aparecido en los medios nacionales hablando sobre el caso y parecía obtener un beneficio personal de la publicidad asociada con el caso; argumentaron que la Sra. Willis debe ser descalificada del caso.
«Las entrevistas con los medios [de la fiscal de distrito del condado de Fulton] violan los estándares procesales y constituyen una mala conducta forense, y su actividad en las redes sociales crea la apariencia de irregularidad, lo que aumenta la necesidad de descalificación», escribió Drew Findling, exabogado del presidente Trump, en una declaración hecha el 20 de marzo (pdf), señalando que la Sra. Willis habló con la prensa casi 40 veces.
Una de esas publicaciones en las redes sociales, según el documento, incluía una caricatura publicada en la cuenta de Twitter de la campaña de la Sra. Willis, que mostraba a la fiscal de distrito sacando de un pantano a un testigo citado, el senador Lindsay Graham (R-S.C.), con el presidente Trump. La imagen dice: «Sé que harás lo correcto, Lindsey».
Esa caricatura, señaló Findling, era parte de una campaña política que estuvo presente a lo largo de la investigación de Willis en Georgia, una en la que Willis tenía «participación e interés personal», creando un «conflicto descalificador».
«[La fiscal de distrito del condado de Fulton] promovió su propia campaña apalancándose de apoyo partidista para esta investigación [del gran jurado con fines especiales]. En un par de días, la cuenta de Twitter [de la fiscal de distrito del condado de Fulton] aumentó en aproximadamente 100,000 seguidores, y las solicitudes de donaciones para la campaña fueron retuiteadas miles de veces», se lee en el documento, en referencia al supuesto efecto de la campaña publicitaria de la Sra. Willis. «En al menos tres ocasiones, [la fiscal de distrito del condado de Fulton] se implicó personalmente en esta campaña de Twitter para ‘seguidores, tweets y donaciones’ que hacían referencia específica a esta investigación».
La presentación también señala que la Sra. Willis estaba organizando una recaudación de fondos para Charlie Bailey, entonces candidato a la nominación demócrata para vicegobernador, que se enfrentaría a un testigo en el caso que la Sra. Willis propuso convocar, el senador estatal Burt Jones, la entonces nominación republicana.
El juez McBurney, que supervisó la investigación especial de un año del gran jurado que recomendó la acusación contra el presidente Trump, reprendió a la señora Willis e indicó que su conducta relacionada con la recaudación de fondos podría ser “problemática”.
“Usando el título de su cargo y exponiendo en las redes sociales que usted, como titular de este cargo político, está realizando una recaudación de fondos para el oponente de alguien que esta oficina política está investigando, no sé si es un conflicto real, pero uso esa frase: ‘¿En qué estabas pensando?» dijo el juez McBurney sobre el incidente en una audiencia celebrada en julio.
«La óptica es horrible», añadió el juez.
El juez Robert McBurney rechazó la presentación de marzo para anular la investigación en julio por falta de legitimación activa.
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