Los republicanos de la Cámara de Representantes están presionando por una nueva legislación que castigaría a los empleados y burócratas federales que utilicen su autoridad para promover la censura de la libertad de expresión o presionar a las empresas de tecnología para que censuren la libertad de expresión
El proyecto de ley (pdf) llamado «Ley de protección de la libertad de expresión frente a la interferencia del gobierno», escritos por tres de los principales republicanos, tiene como objetivo impedir que los empleados federales puedan violar la libertad de expresión mediante la creación de nuevas sanciones y la adición de medidas disciplinarias para quienes fomenten la censura.
Las sanciones incluyen medidas similares a las de una política ya existente denominada Ley Hatch, una ley que limita ciertas actividades políticas de los empleados federales.
Según los autores del proyecto de ley, las sanciones y las medidas disciplinarias pueden incluir la destitución o la inhabilitación del empleo federal, la reducción de la categoría salarial o sanciones monetarias civiles.
“La administración Biden está utilizando la mano dura del gobierno para presionar a las empresas de redes sociales para que censuren la libertad de expresión de los estadounidenses y las noticias compartidas en sus plataformas”, dijo el representante James Comer (R-Ky.), miembro de alto rango del Comité de Supervisión de la Cámara y uno de los autores del proyecto de ley, en un comunicado.
“Desde el COVID-19 hasta Hunter Biden, los funcionarios de la Administración Biden se apresuran a etiquetar los hechos que no se ajustan a su narrativa como desinformación y luego presionan a las empresas de redes sociales para que eliminen el contenido en sus plataformas”, continuó. “Esto amenaza los derechos de la Primera Enmienda de los estadounidenses”.
Otros autores del proyecto de ley son el miembro de rango superior del Comité Judicial de la Cámara, el representante Jim Jordan (R-Ohio) y el miembro de rango superior del Comité de Energía y Comercio de la Cámara, la representante Cathy McMorris Rodgers (R-Wash.). Los funcionarios de alto rango compartieron varios ejemplos de funcionarios de la Casa Blanca que utilizan su posición de poder en lo que, según ellos, censuraban la expresión de los estadounidenses en las plataformas de redes sociales.
Un ejemplo que compartieron ocurrió en julio de 2021, cuando la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, pidió a Facebook que «prohibiera cuentas específicas de su plataforma» porque los funcionarios de la administración Biden revisaron algunos posteos en la plataforma y las etiquetaron como «problemáticas», alegando que «difundían desinformación».
En otro ejemplo, Psaki pidió a otras empresas de Big Tech, incluida Spotify, que limitaran los posteos en las redes sociales que el gobierno considera que “difunden desinformación sobre el COVID-19”.
«Los reportes también han revelado esfuerzos concertados del gobierno para presionar a Twitter y Facebook para que excedan sus reglas comunitarias existentes para advertir ciertas publicaciones y suspender a los usuarios considerados como difusores de desinformación», escribieron los autores. «Además, recientemente, Facebook admitió que tomó medidas a petición del FBI en el período previo a las elecciones presidenciales de 2020 para censurar algorítmicamente el intercambio de noticias sobre la filtración de la computadora portátil de Hunter Biden en la plataforma de redes sociales”.
La semana pasada, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, la empresa matriz de Facebook, admitió en el podcast Joe Rogan Experience que el gigante de las redes sociales censuró la noticia de la computadora portátil Hunter Biden debido a las advertencias que había recibido del FBI.
Rodgers dijo en un comunicado que los republicanos en el comité de energía y comercio han condenado repetidamente, lo que afirman, que el presidente Joe Biden está presionando para “institucionalizar la censura y coordinar” con las principales empresas tecnológicas para silenciar a los estadounidenses.
“Su administración continúa presionando a las empresas privadas para que censuren y manipulen la verdad en Internet”, dijo. “ Las plataformas de Big Tech se han convertido en la plaza pública moderna, y cualquier esfuerzo por borrar a las personas de estos espacios digitales simplemente por no adherirse a la agenda liberal woke es inconstitucional”.
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