Ocho senadores republicanos se han comprometido a oponerse a aumentos de fondos no relacionados con la seguridad. Los aumentos a los que se oponen le permitirían al DOJ de Estados Unidos y a otras agencias participar en lo que llaman “guerra legal partidista” tras los veredictos de culpabilidad del jueves contra el expresidente Donald Trump.
Los republicanos, encabezados por el presidente del Comité Directivo del Senado, Mike Lee (R-Utah), también dijeron que no votarán para confirmar a las personas designadas por el presidente Joe Biden ni permitirán que ningún proyecto de ley respaldado por los demócratas, que no esté directamente relacionado con la seguridad pública, avance en la cámara alta a través una «consideración acelerada».
«La Casa Blanca se ha burlado del Estado de derecho y ha alterado fundamentalmente nuestra política de manera antiestadounidense», dijeron los senadores en una declaración conjunta el viernes, después de que un jurado de Nueva York declarara culpable al presidente Trump de 34 cargos de falsificación de registros comerciales.
El veredicto de culpabilidad, que concluyó un juicio de aproximadamente siete semanas derivado de un pago realizado a una actriz de cine para adultos antes de las elecciones de 2016, convierte al presidente Trump en el primer presidente de Estados Unidos condenado por un delito. El expresidente se declaró inocente de las acusaciones y dijo que el procedimiento era un plan “amañado” para socavar su campaña de reelección.
En una conferencia de prensa llevada a cabo el viernes en el vestíbulo de la Torre Trump en el centro de Manhattan, el presidente Trump acusó a la administración Biden de orquestar el crimen en su contra.
“Están en total conjunción con la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, para que lo entiendan”, dijo en la conferencia de prensa. “Todo esto lo hacen Biden y su gente”.
La carta pública de los senadores se hizo eco de la acusación. «Como conferencia republicana del Senado, no estamos dispuestos a ayudar e instigar a esta Casa Blanca en su proyecto para destrozar este país», escribieron.
Específicamente, los senadores dijeron que no permitirán “ningún aumento de fondos no relacionados con la seguridad” para la administración Biden ni ningún proyecto de ley de asignaciones para el Departamento de Justicia; no votarán para confirmar a los designados políticos y judiciales de la administración Biden; y no acelerarán las propuestas legislativas demócratas que “no sean directamente relevantes para la seguridad del pueblo estadounidense”.
A la promesa se unieron los senadores JD Vance (R-Ohio), Tommy Tuberville (R-Ala.), Rick Scott (R-Fla.), Eric Schmitt (R-Mo.), Marsha Blackburn (R-Tenn.), Roger Marshall (R-Kan.) y Marco Rubio (R-Fla.). Se cree que tanto Vance como Rubio están en la lista del presidente Trump de posibles candidatos a la vicepresidencia.
“Las declaraciones contundentes no son suficientes”, escribió Lee en una publicación en X junto con una copia de la carta. «Ya no cooperamos con ninguna prioridad o nominación legislativa demócrata, e invitamos a todos los senadores interesados a unirse a nuestra postura».
Mientras tanto, el presidente Joe Biden dijo repetidamente que no tiene nada que ver con los problemas legales del presidente Trump a nivel estatal. También argumentó que a su oponente condenado “se le dieron todas las oportunidades para defenderse”.
“Era un caso estatal, no un caso federal. Fue escuchado por un jurado de 12 ciudadanos: 12 estadounidenses, 12 personas como usted, como millones de estadounidenses que han formado parte de jurados”, dijo el presidente desde la Casa Blanca antes de pronunciar un discurso sobre la guerra en Oriente Medio. “Este jurado fue elegido de la misma manera que se elige a todos los jurados en Estados Unidos. Fue un proceso del que formó parte el abogado de Donald Trump”.
«Ahora se le dará la oportunidad, como debe, de apelar esa decisión tal como todos los demás tienen esa oportunidad», añadió.
El presidente Trump primero debe ser sentenciado antes de poder apelar la condena, un proceso que podría tardar meses o incluso años en avanzar a través del sistema judicial del estado de Nueva York.
La sentencia está prevista para el 11 de julio, cuatro días antes del inicio de la Convención Nacional Republicana, donde se espera que sea nominado para una revancha con el presidente Biden en las elecciones de noviembre.
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