Desde el comienzo del brote del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como nuevo coronavirus, el Partido Comunista Chino emitió numerosas órdenes, exigiéndoles a las autoridades de todos los niveles y a los ciudadanos comunes que supervisen a los residentes de Wuhan —la ciudad de la provincia central de Hubei donde se originó el brote del virus del PCCh—. Los que regresaron de dicha zona también fueron puestos bajo una lupa.
Como consecuencia de ello, personas inocentes, injustamente acusadas de propagar el virus, fueron rechazadas y discriminadas. A pesar de que el cierre de emergencia de 76 días de Wuhan fue levantado el 8 de abril, una gran cantidad de personas continúan padeciendo abusos en su vida cotidiana.
El 28 de enero, un residente de Hubei que trabajaba en Cantón, la capital de la provincia sureña de Cantón, fue despedido. Su jefe le explicó que el régimen exigía «tener especial cuidado con las personas procedentes de Hubei», lo que significaba que no se les debía permitir trabajar.
A pesar de que hacía cinco años que no visitaba Wuhan, se le ordenó marcharse. Además de eso, también se le ordenó abandonar inmediatamente la comunidad residencial en la que vivía. Los funcionarios del vecindario de la aldea en la que residía le dijeron que «el Gobierno central había emitido la orden de purgar a todos los residentes de Hubei».
El hombre se mantuvo firme, exigiendo saber por qué había sido discriminado. Enfurecido por su persistencia, el jefe de la aldea envió a miembros del personal para que le tomaran la temperatura y le ordenó autoaislarse, sin importar que no tuviera fiebre ni ningún otro síntoma del virus del PCCh.
Al hombre se le permitió salir de su hogar una semana después, pero cada vez que salía debía presentarse ante el personal de prevención de la epidemia de la aldea e informarles sobre sus destinos y planes. Como sus ahorros comenzaron a disminuir, intentó buscar empleo, pero todos los avisos de contratación tenían cláusulas impidiendo que los residentes de Hubei se postularan.
«El Partido Comunista considera a la gente de Wuhan ‘terroristas reaccionarios’, incitando así a toda la nación a discriminarlos», le dijo el hombre a Bitter Winter. Al mismo le enfurece que en China la gente no tenga derechos ni libertades, ya que al régimen no le importan en absoluto.
«Los funcionarios gubernamentales nos dijeron que no debíamos salir de nuestros hogares», afirmó una mujer que posee un registro de Hubei y ahora vive en Hangzhou, la capital de la provincia oriental de Zhejiang, recordando el comienzo de su cuarentena. “Si nos hubieran encontrado afuera, podríamos haber sido denunciados por nuestros vecinos. Luego de ello, hubiéramos sido llevados a un hospital para ser sometidos a aislamiento durante 14 días, a nuestra costa”.
Una semana después de iniciado el cierre de emergencia, la mujer llamó al personal de la comunidad residencial solicitando alimentos y medicinas para la hipertensión arterial. La respuesta fue: «Estamos demasiado ocupados. Hágase cargo usted misma de sus problemas».
El 8 de abril se levantó el cierre de emergencia en Wuhan, pero los movimientos de la mujer seguían siendo limitados, ya que debía mostrar su identificación o escanear su código de salud cada vez que iba a una farmacia o a un mercado. La misma afirmó que otras personas procedentes de Hubei también son sometidas a un escrutinio adicional.
«Xi Jinping prometió cuidar bien a las personas de Hubei cuando visitó Wuhan, pero acabó siendo otra promesa rota», afirmó la mujer con amargura. «El Gobierno dice una cosa en público, pero luego se comportan de manera diferente. Ser residente de Hubei ahora significa una lucha constante».
Según un informe de New Tang Dinasty Television (Nueva Dinastía Tang TV), una cadena de televisión estadounidense con sede en la ciudad de Nueva York, el PCCh emitió órdenes secretas para mantener a la gente de Hubei, especialmente a la procedente de Wuhan, bajo estricto escrutinio incluso después de que se levantara el cierre de emergencia.
No solo los ciudadanos de Hubei fueron discriminados en medio del brote del virus del PCCh. Las autoridades de algunas provincias y ciudades adoptaron estrategias tendientes a purgar a todas las personas procedentes de otros poblados.
Una mujer, quien alquilaba un departamento mientras trabajaba en Cantón, le dijo a Bitter Winter que entre el 12 y el 15 de febrero recibió dos mensajes de su arrendador en WeChat, informándole que «el comité de la aldea había ordenado sacar a todos los inquilinos de las casas de alquiler, ya que la epidemia se estaba propagando. Los inquilinos que no pertenecieran al poblado debían marcharse».
“Estaba lloviendo a cántaros; sentí que el cielo sombrío estaba a punto de caer”, afirmó la mujer, recordando vívidamente el día que tuvo que mudarse. «No sabía a dónde ir. Me sentía tan frustrada que solo quería llorar».
La misma trató de persuadir al arrendador para que le concediera algunos días antes de mudarse, pero su solicitud fue en vano. El hombre le dijo que si no acataba dicha orden sería sancionado, y que si alguien se infectaba, las autoridades de la aldea pondrían la casa de alquiler en una lista negra o incluso podrían llegar a demolerla.
«El arrendador también me dijo que si me negaba a irme, el comité de la aldea me arrestaría», afirmó. «Se emitieron órdenes similares en todas partes». La mujer se enteró más tarde de que algunos de sus colegas también habían sido despedidos porque no eran de la zona.
Este artículo fue publicado originalmente en Bitter Winter, una publicación sobre libertad religiosa y derechos humanos en China.
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