Un tribunal de Ontario tiene previsto escuchar hoy los argumentos de una demanda de 10 millones de dólares presentada por una residente de Ottawa contra el «Freedom Convoy» de los camioneros por los daños presuntamente causados por el toque de bocinas durante las protestas en curso contra los mandatos y restricciones federales relaciondas con el COVID-19.
El 4 de febrero, Zexi Li, de 21 años, residente en Ottawa, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Ontario en la que solicitaba una indemnización por daños y perjuicios por daños emocionales y mentales, dolores de cabeza, dificultades para dormir, dificultad para concentrarse e interferencia en el «uso y disfrute» de su hogar.
La demanda nombra a cuatro organizadores del Freedom Convoy —Chris Barber, Benjamin Dichter, Tamara Lich y Patrick King— y a unos 60 conductores de grandes camiones no identificados. La demanda solicita una orden judicial para que se ponga fin al «incesante ruido de las bocinas» que ha causado un «tormento insoportable» a los aproximadamente 6000 residentes que viven cerca de las protestas.
Li afirma en un documento judicial que, incluso cuando el sonido de las bocinas han cesado, es «incapaz de disfrutar de la relativa tranquilidad porque se ve invadida por la ansiedad anticipando el momento en que volverán a sonar».
El juez del Tribunal Superior Hugh McLean ha fijado hasta la 1 p.m. para recoger todos los documentos y completar los interrogatorios antes de dar su veredicto sobre una parte de la demanda colectiva el 7 de febrero.
El alcalde de Ottawa, Jim Watson, ha convocado una reunión especial (pdf) con el consejo de la ciudad hoy a la 1 p.m. para discutir el impacto de la manifestación del convoy de camioneros en los residentes y negocios locales.
El Centro de Justicia para la Libertad Constitucional (JCCF) representará a algunos de los líderes y organizadores del convoy en el tribunal de Ottawa para oponerse a la solicitud de Li. El grupo de defensa de los derechos constitucionales dijo que los archivos del tribunal revelarán «una imagen más realista» de la protesta que la que se alega en la demanda.
«Pronto se revelará una imagen más realista de lo que está ocurriendo en Ottawa gracias a las declaraciones juradas presentadas en esta solicitud judicial», dijo la JCCF en un comunicado de prensa el 7 de febrero.
«Freedom Convoy ha estado trabajando estrechamente con el Servicio de Policía de Ottawa, la RCMP y el Servicio de Protección Parlamentaria».
Uno de los testigos en la acción judicial ha declarado bajo juramento que, tras recibir una queja de un residente local, los responsables del convoy han pedido a todos los camioneros que eviten tocar el claxon entre las 20:00 y las 8:00 horas.
El testigo también informó que los camioneros y sus partidarios han estado «alimentando a los indigentes» y «manteniendo la limpieza de las calles de la ciudad».
«Los camioneros han llevado un remolque entero lleno de comida al refugio de los indigentes. [Los camioneros] están manteniendo la limpieza de las calles de la ciudad, incluyendo la recolección de las mascarillas desechadas en el suelo, la recolección centralizada de basura, la limpieza de la nieve en el Monumento a la Guerra y la estatua de Terry Fox, y la decoración y la seguridad del Monumento a la Guerra y la estatua de Terry Fox», dijo la declaración de los testigos.
Un residente de Ottawa, que trabaja para Statistics Canada, dijo en un documento judicial que los manifestantes eran «pacíficos y respetuosos».
«No vi violencia ni acoso. No se me impidió de ninguna manera, y pude caminar libremente y con seguridad. No vi ningún símbolo de odio, de hecho, vi muchas banderas de Canadá y de Quebec, así como innumerables pancartas pidiendo libertad y el fin de los mandatos relacionados con el Covid», dijo el testigo.
«Describiría la escena como una manifestación pacífica y a favor de la libertad».
Freedom Convoy comenzó como una protesta contra el mandato de la vacuna contra el COVID-19 del gobierno federal, que exigía que todos los conductores de camiones transfronterizos estuvieran completamente vacunados contra el coronavirus, o de lo contrario tendrían que estar en cuarentena durante 14 días al volver a entrar en Canadá desde Estados Unidos. El movimiento se amplió a escala nacional al mismo tiempo que se lanzaban protestas similares en todo el mundo, atrayendo el apoyo de quienes están molestos con las restricciones por la pandemia.
El convoy de camioneros llegó a la capital nacional el 29 de enero y los manifestantes estacionados en el centro de la ciudad han prometido quedarse hasta que se levanten todas las restricciones por el COVID-19, los mandatos de mascarillas y de vacunación.
El 6 de febrero, Watson declaró el estado de emergencia, diciendo que la medida refleja el «grave peligro y la amenaza a la seguridad de los residentes que suponen las manifestaciones en curso».
La policía de Ottawa incautó combustible e hizo múltiples detenciones tras emitir un comunicado el 6 de febrero en el que amenazaba con detener a «cualquiera que intentara aportar apoyo material» a los manifestantes.
«El derecho a protestar pacíficamente es un derecho fundamental protegido por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. Los gobiernos de todo Canadá han ignorado a los canadienses y han pasado por alto a sus representantes elegidos en la aprobación de mandatos sanitarios y de vacunación que despojan a la gente de sus puestos de trabajo y de sus libertades civiles», declaró el director de Litigios de la JCCF, Jay Cameron, en el comunicado de prensa.
«La gente está cansada de ser ignorada por la élite indiferente. La falta de una democracia verdadera significa que los ciudadanos no tienen voz respecto a los mandatos sanitarios. Tienen derecho a protestar pacíficamente y a que se escuche su voz».
Con información de Mimi Nguyen Ly y The Canadian Press.
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