WASHINGTON —El Comité de Normas de la Cámara de Representantes aprobó el 11 de junio una resolución para declarar al fiscal general Merrick Garland en desacato al Congreso por no cumplir una citación para entregar las cintas de audio de la entrevista de dos días del presidente Joe Biden con el abogado especial Robert Hur.
La medida fue aprobada en una votación partidista. Según un portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), la resolución se someterá a votación en el pleno el 12 de junio.
Primero se procederá a una votación sobre las normas de procedimiento para abrir el debate sobre la resolución y, si se aprueba, se celebrará una votación final.
El Partido Republicano solo puede perder dos votos con su escasa mayoría, pero si la medida se aprueba, se enviará una remisión penal al Departamento de Justicia, que probablemente no actuará al respecto. En ese momento, el asunto podría acabar en los tribunales.
Hur, que investigaba el manejo de documentos clasificados por parte del presidente Biden, se negó a recomendar la presentación de cargos. Una de las razones citadas en su informe fue la observación de que el presidente Biden se presentaría ante un jurado como un «hombre mayor, bienintencionado y con mala memoria».
Aunque el Departamento de Justicia entregó las transcripciones y notas de la entrevista, los republicanos de la Cámara de Representantes han mantenido que necesitan las cintas para verificar la exactitud de la transcripción y confirmar que la observación del Sr. Hur estaba justificada.
El presidente Biden invocó el privilegio ejecutivo sobre las cintas, dando al fiscal general una defensa legal por su incumplimiento.
«La ausencia de una necesidad legítima de las grabaciones de audio deja al descubierto su probable objetivo: cortarlas, distorsionarlas y utilizarlas con fines políticos partidistas», escribió Ed Siskel, abogado del presidente Biden, al presidente de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer (R-Ky.), y al presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-Ohio), en una carta del 16 de mayo.
Sin embargo, para algunos republicanos, esta invocación del privilegio ejecutivo no hizo sino aumentar las sospechas sobre las grabaciones.
«Parece que el presidente Biden teme que los ciudadanos de este país y todo el mundo escuchen esas cintas», dijo Johnson en mayo. «Obviamente confirman lo que el abogado especial ha encontrado, y probablemente causarían, supongo, en su opinión, tal preocupación en el pueblo estadounidense que el presidente está utilizando todo su poder para suprimir su publicación».
El Departamento de Justicia argumentó que facilitar las cintas disuadiría a futuros presidentes de cooperar con investigaciones similares en el futuro.
«No voy a poner en peligro la capacidad de nuestros fiscales y agentes para hacer su trabajo con eficacia en futuras investigaciones», dijo Garland en una audiencia del Comité Judicial de la Cámara la semana pasada.
El Departamento de Justicia también planteó la preocupación de que la inteligencia artificial podría ser utilizada para crear «deep fakes» del audio para distorsionar lo que el presidente Biden realmente dijo.
En un memorando de 18 páginas dirigido a los demócratas el 10 de junio, el representante Jamie Raskin (D-Md.), miembro de mayor rango del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, salió en defensa de Garland.
«La grabación de audio de esa entrevista no cambiará en modo alguno las palabras del presidente, ni revelará milagrosamente las pruebas de conducta impugnable que los republicanos del comité han buscado vanamente en los 3.8 millones de páginas de documentos y 80 horas de testimonios recogidos como parte de su investigación de 17 meses sobre la impugnación», escribió en el memorando, obtenido por The Epoch Times.
«Estos procedimientos de desacato son un esfuerzo transparente para encontrar un chivo expiatorio para el vergonzoso fracaso de este falso esfuerzo de impeachment», continuó.
Garland, en un artículo de opinión publicado en The Washington Post el 11 de junio, denunció las acciones «infundadas, personales y peligrosas» contra el Departamento de Justicia que, según él, se han convertido en «peligrosas para nuestra democracia».
«No nos dejaremos intimidar por estos ataques. Pero es absurdo y peligroso que se amenace a funcionarios públicos, muchos de los cuales arriesgan su vida cada día, simplemente por hacer su trabajo y adherirse a los principios que han guiado durante mucho tiempo la labor del Departamento de Justicia», escribió Garland.
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