Comentario
Después de más de tres meses, siguen surgiendo interrogantes sobre el «asalto» ocurrido el 8 de enero a los edificios gubernamentales en la capital de Brasil.
El general del ejército, Gonçalves Dias, era el jefe de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI) de Brasil, que asesoraba al presidente en materia de defensa y seguridad y se encargaba de la seguridad presidencial.
Sin embargo, Dias dimitió después de que una cadena de televisión CNN difundiera imágenes filtradas de CCTV en las cuales mostraba una actitud de colaboración pasiva con los invasores que destrozaron el palacio presidencial.
Las imágenes mostradas por CNN Brasil son contundentes y parecen demostrar que los supuestos ataques, que el gobierno brasileño calificó de golpe, se llevaron a cabo con la complicidad de los agentes gubernamentales al servicio de la administración Lula.
J.R. Guzzo, quien fuera durante 15 años redactor jefe de Veja, una revista de actualidad líder en Brasil, comentó que todo el asunto parecía muy extraño desde el principio.
«¿Intento de ‘golpe militar’? Esto no puede ser porque las Fuerzas Armadas estaban a favor de Lula y en contra de los manifestantes —la prueba es que ellos les mintieron y se unieron a la policía para encarcelar a los que estaban frente al cuartel de Brasilia. Esto es realmente opuesto: las imágenes grabadas muestran a un general del ejército y jefe supremo de los servicios de seguridad del gobierno, permaneciendo pasivamente entre los invasores mientras sus subordinados les ofrecían cortesías y botellas de agua».
Todo quedó más claro cuando Dias fue despedido de su cargo el mismo día en que la CNN publicara esos vídeos.
Si él no hizo nada malo, ¿por qué fue despedido?, y si no es responsable de nada, ¿qué hacía entonces dentro del palacio presidencial durante ese ataque?
Como mínimo, hay pruebas suficientes para afirmar que las autoridades brasileñas no hicieron nada para impedir esas invasiones, a pesar de saber de antemano que se producirían.
Investigaciones ausentes, detenciones cuestionables
Por supuesto, los crímenes cometidos el 8 de enero no interesaban a la oposición brasileña.
Solo sirvieron para que Lula jugara la carta de víctima, razón por la cual pasó los últimos tres meses luchando para impedir la apertura de una comisión parlamentaria mixta (CPMI) que investigara lo ocurrido aquel día.
Una vez iniciada, la CPMI pasa a tener plenos poderes de investigación.
El resultado final puede ser remitido por el Congreso a la fiscalía, que es libre, en este caso, de decidir si inicia o no acciones civiles o penales contra las partes implicadas.
Como era de esperar, el gobierno afirma que su presidente «no sabía» nada.
Pero si Lula no lo sabía, ¿por qué luchar para impedir la creación de esta CPMI? Él negoció las posiciones, hizo amenazas e incluso utilizó al presidente del Senado para violar plazos y deberes legales, todo en un intento desesperado de enterrar la comisión.
A la vez, la Corte Suprema de Brasil también ha desempeñado un papel igualmente devastador.
El juez Alexandre Moraes detuvo a 1400 personas por estas invasiones en Brasilia, manteniendo encarceladas a 200 de ellas hasta el día de hoy.
Empezó a juzgar a los acusados por «lotes» de 100 o 200 personas a la vez. Muchos de esos ciudadanos detenidos hicieron exactamente lo que ese general del ejército fue captado por las cámaras —entrar en el palacio presidencial con la bandera de Brasil a la espalda.
A los abogados de los detenidos por el juez Moraes se les prohibió defender a sus clientes.
Algunos de estos detenidos ni siquiera estuvieron presentes en la escena del crimen, pero fueron arrestados y obligados a llevar tobilleras. Ya han cumplido —incluso antes de ser juzgados— más de la mitad de la pena máxima por el delito del que se les acusa.
Como señala la redacción de la Revista Oeste,
«No hay nada más turbio en la historia judicial de Brasil que la investigación de la Corte Suprema sobre los hechos del 8 de enero —de hecho, un espectáculo deprimente de venganza, violación de la ley, negación de derechos y la lógica de jueces de una dictadura. No hay ninguna investigación en absoluto (…) Como en un juicio soviético, aquellos a los que la Corte Suprema y el gobierno quieren condenar, serán condenados».
¿Qué ocurrió realmente?
Lo que estamos viendo, con mayor evidencia, es que hubo algún tipo de ataque a la democracia por parte de las clases dominantes en Brasil.
Raul Jungmann, que fue ministro de Defensa y Seguridad Pública de Brasil entre 2016 y 2018, explica que es «imposible» asaltar estos edificios gubernamentales de Brasilia, fuertemente protegidos, sin una «brecha de seguridad intencionada».
Jungmann, que fue durante un tiempo líder del Partido Popular Socialista de Brasil, llegó a decir que «sin la colaboración de la seguridad interna, nadie habría cruzado la puerta principal».
El gobierno de Lula y sus socios en el poder judicial están infligiendo un duro golpe a las instituciones democráticas de Brasil.
En un intento de eludir cualquier responsabilidad, Lula se niega a permitir que una comisión parlamentaria investigue lo ocurrido el 8 de enero.
Lula sabe muy bien que no corre ningún tipo de riesgo con la Corte Suprema. Los poderosos oligarcas judiciales nunca juzgarán nada de lo que él haga o vaya a hacer, sea cual sea el delito.
Quien no quiere investigar los hechos es quien tiene algo que ocultar.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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