Después de que Ford Motor Co. pusiera en pausa su controvertido proyecto de USD 3500 millones con un fabricante chino de baterías para vehículos eléctricos, el senador Marco Rubio (R-Fla.) quiere que la administración Biden dé un paso más a favor de una expulsión de las operaciones de influencia comunista de Beijing, que, en su opinión, utilizan a las empresas chinas como herramientas.
El lunes, Ford anunció la paralización de la planta de baterías para vehículos eléctricos, en la que participaba la empresa china Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL). «Nosotros estamos dejando en pausa las obras y vamos a limitar el gasto en construcción en Marshall hasta que estemos seguros de nuestra capacidad para dirigir la planta de forma competitiva», declaró T.R. Reid, portavoz de Ford, a The Epoch Times por correo electrónico.
CATL es una empresa líder en la industria de baterías para vehículos eléctricos, que ha disfrutado de subvenciones anuales por valor de decenas de miles de millones de dólares del Partido Comunista Chino (PCCh). La planta de baterías de Marshall, en Michigan, cuya entrada en funcionamiento está prevista inicialmente para 2026, sería una subsidiaria de propiedad absoluta de Ford. CATL aportaría la tecnología de las baterías, algunos equipos y los trabajadores.
«No debería permitirse a CATL y Gotion operar en Estados Unidos ni beneficiarse de las subvenciones de los contribuyentes estadounidenses», dijo el Sr. Rubio en una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times el 26 de septiembre, mencionando a Gotion High-Tech Co, otra empresa china de baterías para vehículos eléctricos con instalaciones en marcha en Michigan e Illinois. El estado de Michigan aprobó más de USD 600 millones en incentivos para las plantas de Gotion y Ford-CATL.
«Estas empresas no son solo competidores económicos, sino herramientas del Partido Comunista Chino», añadió el Sr. Rubio. «Ahora es el momento de que la administración Biden deje claro que no toleraremos la influencia de la China comunista sobre la industria y los funcionarios públicos estadounidenses y expulsaremos estas operaciones de influencia de suelo estadounidense».
El principal republicano del Comité de Inteligencia del Senado se ha mostrado receloso del acuerdo Ford-CATL desde el principio.
El día del anuncio de Ford en febrero, Rubio escribió una carta a los secretarios del Tesoro, Energía y Transporte, pidiendo una revisión por parte del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS), un panel interinstitucional encargado de evaluar los riesgos para la seguridad nacional de las transacciones en las que participan entidades extranjeras.
Dada la importancia estratégica del sector de las baterías de vehículos eléctricos para el PCCh y las cuantiosas subvenciones del partido que apoyan el ascenso de los principales actores hacia el dominio mundial, Rubio calificó a CATL de «campeón nacional de la RPC» en su declaración de febrero, en referencia al nombre oficial de la República Popular China.
A principios de marzo, el principal republicano del Comité de Inteligencia del Senado presentó un proyecto de ley para bloquear el acceso de las empresas chinas a los créditos fiscales relacionados con los vehículos eléctricos en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). Desde entonces, muchos legisladores republicanos han intentado revisar el acuerdo de licencia de Ford y discutir con la empresa los riesgos para la seguridad nacional.
Uno de los líderes es el representante Mike Gallagher (R-Wis.), presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PCCh, un panel de la Cámara creado en enero.
En junio, el Sr. Gallagher encabezó una delegación bipartidista del comité que viajó a Detroit y se reunió con James Farley, director general de Ford, para saber cómo podía el Congreso ayudar a la empresa a competir en el mercado mundial sin aumentar su dependencia de las cadenas de suministro de la RPC.
Un mes más tarde, él y el representante Jason Smith (R-Mo.), presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, enviaron una carta conjunta al Sr. Farley en la que expresaban su preocupación porque el acuerdo Ford-CATL pudiera facilitar el dominio mundial de China en la tecnología de baterías para vehículos eléctricos con el dinero de los contribuyentes estadounidenses y aumentaría la dependencia de Estados Unidos de materias primas críticas chinas. El hecho de que CATL tenga parte de su cadena de suministro en Xinjiang también planteó una pregunta sobre el trabajo forzoso y la posible violación de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, escribieron los presidentes en la carta.
En una audiencia del comité a finales de julio, el representante Raja Krishnamoorthi (D-Ill.), miembro demócrata de mayor rango en el panel de China de la Cámara de Representantes, enfatizó el concepto de fusión militar-civil del PCCh, diciendo que no hay empresas verdaderamente privadas en China. El PCCh no está en una competencia económica, dijo, sino en un juego para “determinar los valores que estarán integrados en las tecnologías fundamentales de la vida cotidiana”.
En su declaración compartida por correo electrónico con The Epoch Times el 25 de septiembre, el Sr. Gallagher pidió a Ford que cancelara el acuerdo con CATL.
«Después de meses de investigación por parte del Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino, nos alienta ver a Ford dar un primer paso crucial para reevaluar su acuerdo con la empresa de baterías para vehículos eléctricos CATL, alineada con el Partido Comunista Chino», dijo el Sr. Gallagher. “Los profundos vínculos de CATL con el trabajo forzado del PCCh no tienen cabida en el mercado estadounidense y hacen que la empresa sea excepcionalmente incapaz de recibir dólares de los contribuyentes estadounidenses».
«Ahora, Ford necesita cancelar este acuerdo para siempre».
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