El Ayuntamiento de San José, California, aprobó el martes una ordenanza, la primera en el país, que exige a los propietarios de armas de fuego la obtención de un seguro de responsabilidad y el pago de una cuota anual por sus armas de fuego, lo que provocó inmediatamente las demandas de los grupos defensores de los derechos a las armas.
El alcalde de San José, el demócrata Sam Liccardo, dijo que el Ayuntamiento había votado a favor de ambas medidas a pesar de la oposición de los propietarios de armas, que dijeron que violaría su derecho constitucional a poseerlas. La ordenanza aún debe ser aprobada en una lectura final el próximo mes antes de que pueda entrar en vigor en la ciudad de alrededor de un millón de habitantes en agosto.
Los fondos generados por las tarifas pagadas por los propietarios de armas se utilizarán para crear «iniciativas basadas en pruebas para reducir la violencia y los daños causados por las armas», dijo Liccardo. En cuanto a la disposición sobre el seguro, los propietarios de armas que no lo adquieran no perderán sus armas de fuego ni se enfrentarán a cargos penales.
Durante la reunión del martes, algunos miembros del público dijeron que la ordenanza penaliza injustamente a los propietarios legales de armas.
«Esto no es justo. Para una persona que legalmente no ha hecho nada malo, que posee un arma, ser básicamente reprendido», dijo Mike Grant, un miembro de la Asociación Nacional del Rifle. «Hay que perseguir al delincuente que está robando el arma, cometiendo el delito, y procesarlo».
El miércoles, la Asociación Nacional por los Derechos a las Armas y varios otros grupos presentaron una demanda contra la ciudad de San José, el Ayuntamiento de San José y Jennifer Maguire, que es la administradora de la ciudad de San José, por la ordenanza.
«Prometimos que demandaríamos a la ciudad de San José si realmente aprobaban este ridículo impuesto sobre el derecho a poseer y portar armas, y ahora estamos cumpliendo esa promesa», dijo Dudley Brown, presidente de la Asociación Nacional por los Derechos a las Armas, en un comunicado. «Gravar un derecho constitucional es absolutamente absurdo y supone una carga indebida para los propietarios de armas que cumplen la ley. ¿Creen realmente los miembros del Ayuntamiento de San José que esto servirá para detener la delincuencia?».
Los demandantes, en su demanda (pdf), citaban una sentencia de la Corte Suprema de 1943 que concluía que el gobierno no puede «imponer una carga por el ejercicio de un derecho concedido por la constitución federal» y también citaban una sentencia de 2008 que garantiza el derecho a poseer y llevar armas para la autodefensa.
«Dado que California y la ciudad de San José ya han dificultado enormemente la portación legal de un arma fuera del hogar, y que la ordenanza solo afecta a los propietarios de armas legales, el verdadero impacto de la ordenanza se produce únicamente en las armas guardadas en el hogar por ciudadanos respetuosos de la ley», dice la demanda. «No hace nada para disuadir el azote de la posesión y el uso ilegal de armas por parte de los delincuentes ni para recuperar de ellos la compensación por las lesiones y los daños que causan».
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