La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que en los próximos días estará listo el borrador de protocolo para el registro de personas objetoras al aborto «y que ninguna comunidad se pueda amparar en ese vacío legal para que la interrupción legal del embarazo no se lleve a cabo en la sanidad publica».
En un desayuno informativo donde ha presentado al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, la ministra ha subrayado que «muchas voces quieren retraer a España a tiempos pretéritos» y ha vuelto a reivindicar «el derecho al aborto libre y seguro como un derecho fundamental que hemos conquistado y no tiene vuelta atrás».
«Es un desafío que este derecho se consagre en nuestra sanidad pública» ha dicho la ministra, que ha defendido que se pueda acudir a los centros de la sanidad pública para que estos abortos sean «libres y seguros».
«Estamos oyendo voces en muchos países (Italia, Argentina o Hungría) e incluso en España que vuelven a poner la batalla política en nuestros cuerpos. No lo vamos a permitir», ha dicho.
Estas declaraciones se producen al día siguiente de que el Papa Francisco anunciara el inicio de proceso de beatificación del difunto rey belga Balduino por renunciar al trono durante tres dias para no firmar una ley de aborto en 1990.
En la rueda de prensa en el avión, Francisco explicó que «las mujeres tienen derecho a la vida, a la suya pero también a la de sus hijos».
«Un aborto es un homicidio (…). Se mata a un ser humano y los médicos que se prestan a esto son, permitidme la palabra, son sicarios» y «sobre esto no se puede discutir, pues se asesina una vida humana», agregó.
En España, el número de médicos objetores de conciencia ante el aborto varía significativamente entre comunidades autónomas. Aunque la ley establece desde 2023 la creación de registros de objetores, solo cinco comunidades han avanzado en su implementación: Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia, Cantabria, Canarias, Extremadura y Cataluña. Otras regiones han desarrollado mecanismos internos, pero aún no cuentan con un registro público formal.
En Cataluña, la última comunidad autónoma en implementar el registro, el 44% de médicos son objetores de conciencia según los últimos datos del Departamento de Salud analizados por el medio Redacción Médica.
Según datos recientes, en algunas provincias y regiones, como Extremadura y otras 12 provincias, no se realizaron interrupciones voluntarias del embarazo en 2022 en el sistema público de salud. Esto refleja un alto nivel de objeción de conciencia en ciertas áreas. En general, en todo el país, el acceso al aborto sigue siendo desigual, con una notable diferencia entre el sistema público y privado, explica el medio ConSalud.
Esta compilación de profesionales objetores estaría a disposición de la Administración Pública y protegido por la Ley Orgánica de Protección de Datos para asegurar su confidencialidad.
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