Santrich no se voló, lo dejaron ir.
Cuando liberaron a Santrich todos en Colombia sabíamos cuál sería el siguiente capítulo de esta tragicomedia. Si a un delincuente pedido en extradición por los Estados Unidos se le da la posibilidad de irse, evidentemente lo hará.
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En el sentido estricto de la palabra, Santrich ni se “voló” ni se “escapó”, usar esas palabras implica que había alguien reteniéndolo y vigilándolo, y que se fue sin que unos guardias se dieran cuenta.
Está claro que su esquema de seguridad, que gracias a los acuerdos de La Habana está conformado mayoritariamente por «personas de confianza del partido Farc», no se dedicaban a retenerlo o a vigilarlo como un delincuente. Son sus empleados, hacen lo que él diga y estaban ahí para cuidarlo de posibles amenazas, no para impedir que se fuera.
Es absolutamente ridículo que alguien afirme que un discapacitado visual, con más de 50 años, logró salir sin que su enorme esquema de seguridad se percatara.
Y es apenas normal que lo dejaran salir. De hecho, en este mismo momento el líder guerrillero no es un «prófugo de la justicia», no hay orden de captura en su contra, nadie sabe dónde está, pero, de todas formas, el pedido en extradición por EE. UU. se mueve en la legalidad.
Santrich no tiene orden de captura, no se le ha impedido desplazarse por alguna parte del territorio colombiano, y sus escoltas eran empleados que debían obedecerle. No es un preso. Recordemos que es un “honorable congresista”.
De modo que los menos responsables en todo esto son los miembros de las FARC que lo vigilaban. Su misión no era evitar que se fuera, pero aun si lo hubiera sido, ¿quién confía o espera algo de las FARC?
El guerrillero logró escapar del castigo que muchos colombianos queremos que tenga, pero en estricto no escapó de la justicia colombiana porque no hay orden en su contra, y tampoco escapó de su esquema de seguridad que estaba para cuidarlo y obedecerle, no para retenerlo. Santrich simplemente se fue, porque lo dejaron irse. La justicia colombiana decidió que podía irse si quería.
¿Y los responsables de la “fuga”?
Los culpables, entonces, de que el guerrillero haya escapado del justo castigo que pide la sociedad no son sus guardias, son los jueces que decidieron que uno de los peores criminales del país no es delincuente, sino un “honorable congresista”.
Vamos uno por uno, porque acá lo que parece haber es una sociedad entre las altas Cortes para dar un golpe en beneficio de la izquierda más radical.
La JEP: la Justicia Especial para la Paz, justicia transicional creada en La Habana por Juan Manuel Santos y las FARC, decidió negar la extradición a los Estados Unidos del líder guerrillero. A pesar de que incluso todo el país ha conocido los vídeos logrados por la DEA en los que se ve al delincuente negociando el envío de droga al exterior, Santrich quedó libre.
Ahora bien, estaba claro lo que iba a ocurrir con la JEP. Esperar justicia real de parte de un tribunal creado a su antojo por los que serán juzgados no tiene sentido. En Colombia ha ocurrido que incluso quienes en medio de la inocencia creyeron que la JEP de verdad podría impartir justicia, ahora, cuando han visto uno tras otro los escándalos de corrupción, robo de dinero, fallos sin sentido, etc., han quedado claros.
Exigirle algo a la JEP es un despropósito. Lo único que queda por hacer es acabar con esa justicia transicional.
El Consejo de Estado: después de que la JEP decidió negar la extradición de Santrich y ponerlo en libertad, este tribunal continúa con el golpe y decide que el guerrillero, a pesar de no haberse posesionado, mantiene su escaño y es un “honorable congresista”. Sin ninguna vergüenza, se atrevieron a decir que el líder de las FARC no había podido tomar posesión de la curul otorgada gracias a los acuerdos de La Habana por «motivos de fuerza mayor». Para el Consejo de Estado, estar en la cárcel por ser pedido en extradición por Estados Unidos es un «motivo de fuerza mayor».
Corte Suprema de Justicia: después de que la JEP decidiera dejar en libertad a Santrich, la Fiscalía se lo llevó preso, pero el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia no estaban dispuestas a permitir que el narcoterrorista quedara libre. Una vez que el Consejo de Estado decide que el criminal no ha perdido su investidura y es un honorable congresista, la Corte Suprema es la encargada de juzgarlo y decide dejarlo en libertad.
Entonces, son el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia los verdaderos responsables de que Santrich no esté hoy tras las rejas. Es a ellos a quienes hay que exigirles que respondan. Pero, sobre todo, hay que parar el golpe que están dando. Un grupo de jueces ha decidido poner en el Congreso a un narco pedido en extradición, no expidieron orden de captura y lo dejaron libre.
Es a ellos a donde deben apuntar las miradas. A ellos es a quienes los medios de comunicación deben cuestionar. Hablar sobre una supuesta “fuga” y divagar sobre si sus empleados se dieron cuenta o no, no tiene sentido.
Y, por supuesto, la parte buena de la justicia, lo que aún no se ha corrompido, debe alzar su voz y actuar ante el desastre que presenciamos. No decir nada, no actuar, también es ser cómplice.
¿Qué viene para Colombia?
La izquierda insiste en que lo de Santrich no debe poner en riesgo el acuerdo de La Habana. Tratan de minimizar el asunto, pero el desastre es enorme y no se puede tapar el sol con un dedo.
Los defensores del acuerdo reducen todo al absurdo. Lo que plantean es que Santrich es un anciano inofensivo, y que a cambio de dejarlo libre Colombia conseguirá paz. Pero la realidad es que el guerrillero fue pedido en extradición porque es un narcotraficante, asesina y comete todos los delitos que en Colombia implica ese negocio.
Santrich no se va ir a su casa a ver televisión. Va a seguir en lo mismo que ha hecho por casi 30 años. Y va a seguir siendo el jefe de miles de hombres que siguen delinquiendo en el monte. Pero no solo es él. Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», también dejó el Congreso y en este momento nadie sabe dónde está. Lo mismo ocurre con alias «El Paisa». Tenemos libres a tres capos de la guerrilla, sin orden de captura y haciendo lo único que saben hacer: delinquir.
Para resumir, el panorama está así: hay diez guerrilleros de las FARC en el Congreso de la República; varios de los cabecillas más importantes no tienen orden de captura y están libres y dedicados al narcotráfico; los guerrilleros rasos siguen actuando igual que antes solo que ahora en las noticias son identificados como «disidencias de las FARC» y, para terminar, la mayor parte de la Justicia parece comprada por la guerrilla.
De los guerrilleros una minoría, una muy pequeña minoría, dejó de delinquir y ha intentado dedicarse a otras actividades, pero el Gobierno no parece tener un plan claro para ayudarles, solo habla de subsidios insostenibles.
A pesar de todo esto, ¿vamos a seguir insistiendo en el acuerdo de La Habana? ¿Por qué diez guerrilleros siguen en el Congreso? Se hizo un acuerdo y se les concedió cosas increíbles, como escaños, porque prometieron que las FARC no volvería a delinquir, pero eso no sucedió.
Imaginen a un señor que pacta con tres personas la compra de una empresa. Dos de los vendedores, los más importantes, desaparecen y no le entregan la empresa, pero él inexplicablemente sigue pagando el dinero acordado al vendedor que quedó, simplemente porque el sujeto asegura que no tiene culpa de lo que ocurre. Nunca recibirá la empresa, pero sigue dándoles el dinero. Eso es lo que ocurre hoy en Colombia.
Es claro que para el presidente Iván Duque no es fácil enfrentarse a la justicia, a buena parte del Congreso y a los medios izquierdistas. Tendrá muchos opositores si decide enfrentar la situación, pero debe actuar urgentemente.
Durante el periodo de Juan Manuel Santos se dejó de perseguir a los guerrilleros y se fortalecieron de tal manera que son uno de los grupos terroristas más ricos del mundo, se tomaron la justicia y ya están en el Congreso. El país no soportaría tres años más de fortalecimiento de las FARC.
No hay discusión, la única forma de enfrentarlos es la que ya conocemos y ya nos funcionó: lucha frontal contra el terrorismo. Hay que sacar a los guerrilleros del Congreso, acabar con la JEP y combatir a quienes se empeñen en mantenerse alzados en armas. También es fundamental crear un plan para acoger en la sociedad a los que decidan desertar.
No hay que inventar nada, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ya lo logró una vez, pero hay que actuar ya. El presidente Duque no tendrá el apoyo de la justicia ni de los medios, pero tiene el apoyo de la mayor parte de la sociedad colombiana, esa misma que sigue aplaudiendo a Uribe por lo que un día consiguió.
Este artículo fue publicado originalmente en PanAm Post.
Los puntos de vista expresados en este artículo son las opiniones del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de La Gran Época.
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