La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el jueves dar trámite a una solicitud para que la corte lleve a cabo diversas acciones en torno a la reforma al Poder Judicial, la cual busca elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular.
La decisión para analizar si el alto tribunal puede revisar la reforma constitucional fue aprobada por mayoría de ocho votos contra tres.
La reforma al Poder Judicial, que someterá a 7000 jueces al voto popular, entró oficialmente en vigor el 16 de septiembre luego de álgidas protestas de aquellos que temen que altere el equilibrio de poder en el sistema legal de México.
En entrevista con The Epoch Times, la abogada constitucionalista Claudia Aguilar Barroso explicó que la medida aprobada por la SCJN no prejuzga sobre la reforma al Poder Judicial.
«Lo que se resolvió ayer es qué trámite le van a dar esa consulta. Y la discusión básicamente en el pleno o la división entre los votos estaba por un grupo de quienes consideraban que esa consulta no tendría que dársele ningún tipo de trámite, sino que se tendría que desechar por ser una consulta improcedente (…) y el voto de la mayoría que decía que había que admitir la consulta para darle trámite, es decir, para ahora sí, entrar al fondo de lo que se cuestiona en el escrito que presentaron jueces y magistrados» explicó Aguilar Barroso.
Aguilar Barroso es socia fundadora y directora del despacho Aguilar Barroso y Asociados en la Ciudad de México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en litigio constitucional y administrativo. También es miembro de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados A.C., y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y co-fundadora de la plataforma AÚNA.
A favor del proyecto votaron la ministra presidenta Norma Piña Hernández, el ponente Juan Luis González Alcántara, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek.
Mientras que las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, afines al expresidente López Obrador, votaron en contra.
«Lo que sigue es que se le turne ese asunto a un ministro o ministra para que elabore un proyecto y que ese proyecto ahora sí sea otra vez del conocimiento del pleno de la corte para ver qué alcances tiene y qué determinación adoptan respecto al fondo de la controversia planteada en ese escrito» explicó Aguilar Barroso sobre el procedimiento del trámite.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este 4 de octubre que el trámite de revisión sobre la reforma al Poder Judicial es un «golpe aguado» porque no tiene sustento legal, durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.
Por su parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo el 3 de octubre en una entrevista con Latinus que el trámite es una «barbaridad jurídica» porque el Poder Judicial se somete al principio de legalidad que dice que no pueden hacer nada que no les faculte la constitución y la ley.
En opinión de Aguilar Barroso, estas declaraciones van encaminadas a desestimar que exista cualquier mecanismo que pudiera invalidar el fondo de la reforma.
«Yo creo que hay precedentes, incluso en el sistema interamericano, de otros casos en otros países donde si bien no es inmediata la determinación en algunas cuestiones que se han tomado, la decisión de cesar tajantemente, por ejemplo, a las personas juzgadoras, se ha condenado a los Estados partes porque esto afecta gravemente el equilibrio de poderes, la independencia judicial, etcétera. En sede nacional creo que tampoco está dicha la última palabra», consideró.
La abogada recordó que en el caso de México la corte ha cuestionado la validez de algunas reformas constitucionales por violaciones graves a su procedimiento de elaboración.
«Hay precedentes en ese sentido, en el caso de la nacionalización bancaria, el caso del amparo Camacho. Y luego hubo otros precedentes como el de la controversia constitucional en materia indígena en el año 2004», dijo la abogada.
«Me parece que estamos en una situación inédita. Es una reforma, digamos inédita, porque no se ha cuestionado, no se ha cuestionado por todas estas vías y no es la misma integración de la corte», agregó.
Asimismo, Aguilar Barroso expresó su preocupación de que no se respeten las sentencias judiciales y que esto deje un precedente para el futuro.
«Creo que eso es a donde no deberíamos de llegar. Y quizá por eso es importante que esto llegue a ser del conocimiento del máximo tribunal del país, de la corte y que ya en sede jurisdiccional se resuelva. En definitiva, en lo que el Tribunal tenga que decir, si procede o no una impugnación de la reforma constitucional», dijo.
En cuanto a la posibilidad de que la reforma pueda ser impugnada a nivel internacional, Aguilar Barroso consideró que es un escenario realista debido a los diversos pactos que ha suscrito México, pero primero tendrían que agotarse todas las instancias a nivel nacional.
«Ha habido varios precedentes donde México es parte y donde además México ha sido condenado por la corte interamericana y México ha cumplido con las determinaciones de la corte», dijo.
El próximo 12 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington abordará el tema de la reforma judicial en México a petición de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).
Siga a Eduardo Tzompa en X: @JEduardoTzompa
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