La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó este miércoles por la tarde la sentencia dictada por el pleno de la corte en la que se invalidó el acuerdo del presidente que declaraba de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras del gobierno mexicano.
La SCJN se refiere a la Controversia Constitucional 217/2021 interpuesta (PDF) por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el 10 de diciembre del 2021.
En ese sentido, el pleno de la SCJN determinó por mayoría que «el Acuerdo generaba un régimen de opacidad para la transparencia y el acceso a la información, toda vez que la clasificación de la información generada en los proyectos y obras quedaba al arbitrio de las autoridades encargadas de realizar dicha clasificación, lo que a su vez generaba incertidumbre jurídica por su amplitud y vaguedad que implican las expresiones ‘interés público’ y ‘seguridad nacional'», en la sentencia publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de noviembre, sobre la votación del pleno del 18 de mayo del 2023.
El acuerdo del Ejecutivo, publicado en el DOF el 22 de noviembre del 2021, consideraba las obras y proyectos del gobierno federal como de interés público y seguridad nacional.
En la sentencia, la SCJN también argumenta que la sentencia de invalidez del acuerdo se debe a que puede afectar las atribuciones encomendadas al INAI —órgano autónomo competente en salvaguardar y proteger el acceso a la información— debido a que la «amplitud y ambigüedad» del acuerdo permite que toda la información relativa se pudiera considerar reservada bajo la figura de seguridad nacional.
Tras la votación del pleno de la SCJN, el presidente Andrés Manuel López Obrador, emitió la noche del 18 de mayo un decreto en el que se apunta que la construcción, funcionamiento y operación de lo que denominó obras «prioritarias» como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y los aeropuertos de aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, son seguridad nacional e interés público.
Por su parte, el 1° de junio, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, presentó una controversia constitucional ante la SCJN contra el decreto de mayo del Ejecutivo, argumentando que dicho decreto podría atentar contra el acceso a la información y la transparencia.
“Se trata de un acto arbitrario que atenta contra nuestro derecho humano a que el gobierno rija su actuación bajo los principios de transparencia, de acceso a la información pública gubernamental y de máxima publicidad”, dijo Creel.
Además, argumentó que: «lo que desea el Presidente es que el pueblo no sepamos si está administrando con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, la construcción del Tren Maya, del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum».
Con información de EFE.
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