La Corte Suprema acordó escuchar una apelación de dos organizaciones benéficas conservadoras que recaudan fondos en California, impugnando las demandas de ese estado de una lista de contribuyentes financieros, que según la administración Trump viola la libertad de asociación protegida constitucionalmente de los dos grupos exentos de impuestos.
Las apelaciones se refieren a la conducta de la entonces fiscal general de California, Kamala Harris, en el cargo. Actualmente, una senadora de EE. UU. que representa a Golden State, Harris tiene previsto tomar posesión como vicepresidenta el 20 de enero.
El caso es Americans for Prosperity Foundation vs. Becerra, y un caso complementario, Thomas More Law Center vs. Becerra, que se han consolidado y serán escuchados juntos por la corte en una fecha que aún no se ha decidido. La administración Trump había instado a la corte superior a tomar el caso en un escrito amigo de la corte.
Americans for Prosperity Foundation (AFPF) y su organización hermana, Americans for Prosperity, son influyentes organizaciones sin fines de lucro libertario-conservadoras financiadas por el empresario Charles Koch y su difunto hermano David Koch, las cuales tienen sucursales en todo el país. The Thomas More Law Center—que no debe confundirse con el bufete de abogados de interés público con sede en Chicago, Thomas More Society—es un bufete de abogados de interés público cristiano conservador con sede en Ann Arbor, Michigan. El centro está representado por Alliance Defending Freedom.
«Todos los estadounidenses deberían tener la libertad de organizarse en torno a creencias profundamente arraigadas», dijo Emily Seidel, directora ejecutiva de AFPF, en un comunicado. “Despojar a los ciudadanos de su privacidad es una herramienta utilizada por algunos en el poder político para silenciar su oposición y evitar que las personas participen en esfuerzos educativos y caritativos».
“Decenas de miles de estadounidenses participan cada año en los programas educativos de AFPF, los cuales los inspiran a tener un mayor impacto en su comunidad y en nuestro país».
“Sus derechos —así como los derechos de cada persona que participa en organizaciones que buscan reformar nuestro sistema de justicia, proteger los derechos de nuestros veteranos o avanzar en otros temas tan diversos como los propios estadounidenses— están en juego. La decisión de la corte de escuchar el caso señala la importancia de estas libertades civiles fundamentales».
Las regulaciones de California requieren que las organizaciones benéficas presenten una copia de su Formulario 990 del IRS, una declaración informativa para organizaciones exentas de impuestos, anualmente ante el estado. El Anexo B del formulario contiene los nombres y direcciones de los principales donantes. Si bien el formulario está disponible para el público, la información del donante del Anexo B debe mantenerse confidencial, so pena de sanciones penales y civiles federales. Cuando un Anexo B se divulga al público, se redacta la información de identificación del donante.
Desde aproximadamente 2005, California ha exigido que las organizaciones benéficas presenten documentos del Anexo B sin redactar del estado, dando a los funcionarios estatales los nombres de los donantes. La política del estado es mantener la información confidencial, sin embargo no existen sanciones legales por violar la confidencialidad.
Las organizaciones benéficas en cuestión se niegan a presentar sus documentos de Anexo B no redactados ante el gobierno liberal de California, dominado por el Partido Demócrata, porque no confían en sus funcionarios para mantener la información en secreto. Dicen que sus donantes han sido acosados en el pasado y han sido víctimas de represalias cuando sus nombres se hicieron públicos.
Una corte de distrito de EE. UU. estuvo de acuerdo con las organizaciones benéficas y de manera preliminar prohibió a California exigir a los solicitantes que presenten sus formularios de Anexo B. La Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Noveno Circuito revocó.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, un demócrata nombrado como acusado en las demandas, se mostró despectivo.
«Las reglas de informes de donantes de California simplemente requieren que las organizaciones benéficas proporcionen al estado, de manera confidencial, la misma información sobre los principales donantes que ya brindan al gobierno federal», dijo Becerra en un comunicado. “Esta información ayuda al estado a proteger a los consumidores del fraude y el mal uso de sus contribuciones caritativas. Esperamos poder defender nuestras reglas ante la Corte Suprema”.
El presidente electo Joe Biden ha dicho que planea nominar a Becerra como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
Harris, quien fue la predecesora de Becerra como fiscal general del estado, fue acusada en las demandas mientras ocupó ese cargo. Su oficina en el Senado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
El mismo día, la Corte Suprema otorgó escritos de certiorari, o revisión, en un total de 14 casos nuevos.
“Los jueces opinarán sobre los derechos de la Primera Enmienda de los estudiantes y las organizaciones caritativas, así como sobre las reducciones de sentencias para los presos que cumplen condena por pequeñas cantidades de cocaína crack”, escribe la observadora de la corte, Amy Howe, en SCOTUSblog.
“Quizás igualmente notable, los magistrados no actuaron sobre varias peticiones de alto perfil que consideraron en la conferencia del viernes, involucrando (entre otras cosas) el aborto, una disputa sobre la extensión de la Corte Suprema de Pensilvania en el plazo para las boletas de voto en ausencia para las elecciones de 2020, y el derecho a demandar al presidente bajo la cláusula de remuneraciones de la Constitución”.
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