Un controvertido contrato de 400 millones de dólares para el muro fronterizo que generó amargas acusaciones de un alto demócrata de la Cámara de Representantes de interferencia política por parte del presidente Donald Trump y el senador Kevin Cramer (R-N.D.) no fue adjudicado de manera incorrecta, según una investigación del Inspector General (IG) del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés).
El IG dijo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) “los funcionarios contratantes solicitaron y adjudicaron el contrato del Proyecto Yuma 3 para diseñar y construir infraestructura fronteriza de acuerdo con las leyes y regulaciones federales de adquisición».
“Revisamos la propuesta de Fisher Sand and Gravel [ganador del contrato], la comparamos con la solicitud y estuvimos de acuerdo con la evaluación de USACE de que era el [precio más bajo técnicamente disponible] LPTA y adjudicamos correctamente el contrato».
«Además, los funcionarios de la USACE testificaron que no hubo influencia indebida, y ninguna de la información y los documentos revisados por el Departamento de Defensa OIG proporcionaron pruebas de que hubo influencia indebida de la Casa Blanca o de congresistas».
La investigación fue promovida por el representante Bennie Thompson (D-Miss.), presidente del Comité Selecto de la Cámara para Investigar el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, quien en diciembre de 2019 afirmó que Trump y Cramer presionaron al Departamento de Defensa para otorgarle el contrato a Fisher Sand & Gravel, una empresa de Dakota del Norte dirigida por Tommy Fisher, un reconocido benefactor republicano.
Thompson acusó en una carta del 4 de diciembre de 2019 dirigida al IG que Trump, el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, y el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, “influyeron inapropiadamente” en la adjudicación del contrato.
Thompson dijo al programa «60 Minutes» de CBS News que «el presidente no hizo ningún comentario en su apoyo a Fisher. ¿Y adivinen qué? Fisher obtuvo el contrato. Eso habla por sí mismo». El programa de CBS también afirmó que «las fuentes también nos dijeron que el senador republicano Kevin Cramer de Dakota del Norte había estado tratando agresivamente de direccionar los contratos a Fisher Sand and Gravel».
Un portavoz de Thompson, quien era y sigue siendo presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes además de sus funciones en el grupo del 6 de enero, no respondió a la solicitud de comentarios de The Epoch Times sobre las conclusiones del IG.
Las acusaciones de Thompson formaron parte de un aluvión de cuatro años de acusaciones de corrupción, una investigación de un fiscal especial y dos procesos de impeachment organizados por los congresistas demócratas con respecto a la elección de Trump en 2016 y su conducta en la Oficina Oval durante su mandato allí. Hasta la fecha, ninguna de las principales acusaciones ha sido verificada, el fiscal especial aconsejó que no se presentaran cargos y Trump fue absuelto por el Senado en ambos juicios de impeachment.
Fisher Sand & Gravel ya estaba en el centro de atención nacional incluso antes de que Thompson exigiera la investigación del IG, gracias a la participación de la empresa en «We Build the Wall», un grupo privado que afirmó que podría construir el muro prometido por Trump en la frontera de Estados Unidos con México por mucho menos, y mucho más rápido, que el gobierno federal.
Fisher contribuyó a las campañas presidenciales de Trump y a las campañas del Congreso de Cramer. Fisher también fue el “invitado de Cramer en el discurso del Estado de la Unión de Trump hace unos meses. Cramer y el yerno presidencial Jared Kushner se encuentran entre los asociados de la compañía”, informó MSNBC en 2019.
“Siempre me he guiado por el principio de respetar el estado de derecho. Esta situación no es diferente, según lo probado y desestimado por el Inspector General en varias ocasiones durante el informe”, dijo Cramer a The Epoch Times.
«Esta exoneración completa y total hace mucho tiempo que se ha producido en esta inútil y partidista expedición de pesca. Los demócratas de la Cámara de Representantes desperdiciaron tiempo y dinero de los contribuyentes, mientras que la Administración Biden está ignorando activamente una crisis que ellos mismos están haciendo en la frontera sur», dijo.
Cramer es miembro del Comité de Servicios Armados del Senado y del Comité Senatorial de Medio Ambiente y Obras Públicas, ambos con autoridad para supervisar el USACE.
El IG dijo que los abogados del Departamento de Defensa y de la Casa Blanca impidieron que seis de los empleados de USACE involucrados en la adjudicación del contrato respondieran a algunas preguntas debido a consideraciones de seguridad nacional o privilegios comerciales.
Aun así, el IG dijo que si bien esas preguntas no fueron respondidas por los seis en relación con “las comunicaciones de la Casa Blanca en lo que respecta al contrato, pudimos revisar los correos electrónicos de los 13 empleados clave de USACE. No encontramos ninguna prueba en estos correos electrónicos de influencia indebida en los empleados de USACE que adjudicaron el contrato del Proyecto Yuma 3 en los correos electrónicos de estos funcionarios clave».
We Build The Wall sigue en litigio con el Departamento de Justicia como resultado de las acciones presentadas por abogados federales en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés). En su sitio web, el grupo afirma, “estábamos en el proceso de seleccionar el sitio para nuestra tercera sección del muro fronterizo cuando el SDNY congeló ilegalmente esos activos y detuvo nuestros esfuerzos de construcción. El SDNY también acusó al fundador de We Build the Wall, Brian Kolfage, de fraude. Brian se ha declarado inocente y está impugnando los cargos».
Kolfage es un veterano militar estadounidense con tres amputaciones.
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