En Estados Unidos se está gestando silenciosamente una crisis sanitaria.
Más de 10 millones de personas, entre ellas muchos niños, se han visto abruptamente privadas de servicios sanitarios críticos en las últimas semanas, según KFF, antes conocida como Kaiser Family Foundation, una organización sin ánimo de lucro centrada en la investigación y el análisis de la atención sanitaria y la política sanitaria.
Este éxodo masivo de afiliados a Medicaid constituye casi el 10% de los más de 90 millones de estadounidenses que dependen de este programa de seguro médico público. Y las cifras siguen aumentando.
Un tercio de los participantes sufre recortes al expirar las protecciones contra la pandemia
Los datos de KFF muestran que el 35% de los participantes en Medicaid con renovaciones completadas fueron dados de baja por los estados. Texas, California y Florida registraron el mayor número de bajas, con 1.2 millones, 731,700 y 730,700, respectivamente. Nueva York siguió con casi 650,000 recortes.
Los recortes se derivan de las disposiciones en virtud de la pandemia del COVID-19. La ley Familias Primero de Respuesta de Coronavirus ordenó la inscripción continua en Medicaid durante la emergencia de salud pública, que terminó en mayo de 2023.
Durante la pandemia, entre febrero de 2020 y diciembre de 2021, la inscripción en Medicaid aumentó de 71.2 millones a 86.7 millones, un incremento de casi el 22%. Los recortes actuales representan un retroceso a medida que Medicaid vuelve a funcionar tras la pandemia.
Un portavoz de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) dijo a The Epoch Times que la agencia está comprometida a ayudar a las personas elegibles a renovar la cobertura y a conectar a las personas no elegibles con nuevas opciones.
«Esto incluye instar a los estados a adoptar las muchas estrategias presentadas por CMS para facilitar las renovaciones para las personas, así como los intensos esfuerzos de monitoreo y supervisión de CMS», dijo el portavoz, calificando la respuesta de la agencia como un «esfuerzo de todas las manos en la cubierta».
¿Es justo el proceso de desafiliación?
Hasta el 71% de las cancelaciones de Medicaid son de procedimiento; en otras palabras, las personas pierden la cobertura por no completar las renovaciones.
Pavani Rangachari, catedrático de Administración Sanitaria y director de Salud Pública del Máster en Administración Sanitaria de la Universidad de New Haven (Connecticut), explicó a The Epoch Times que la falta de comunicación y el cambio de domicilio suelen dar lugar a cancelaciones de procedimiento.
«Los estados no quieren ni siquiera conceder el beneficio de la duda, y [las personas] son automáticamente dadas de baja», dijo Rangachari a The Epoch Times, señalando que la preocupación más significativa es cómo se ven afectadas las familias, especialmente los niños.
«La falta de seguro es una auténtica crisis de salud pública», añadió.
¿Están haciendo algo los Estados para evitar las bajas?
«Está claro que no», dijo Rangachari. Sugiere como posibles soluciones las políticas de renovación automática y los sistemas de verificación de la elegibilidad.
Señaló que algunos estados han invertido en infraestructuras, renovación automática y cobertura continua. «[Trabajan] con las familias y los niños para ver si, de hecho, no cumplen el requisito de elegibilidad, para identificar otras opciones como el HIE [el Intercambio de Información de Salud] bajo la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles», añadió la Sra. Rangachari. «Podrías tener esa opción o al menos asegurarte de que los niños están cubiertos, normalmente con CHIP (Programa de Seguro de Salud para Niños)».
Según la Sra. Rangachari, un número significativo de los desafiliados están muy enfermos y realmente necesitan un seguro de salud para la atención primaria y preventiva.
«Sacarlos del seguro les niega también el acceso a los servicios más básicos», añadió. «No se trata sólo de los servicios caros».
El acceso a los servicios de atención primaria y preventiva es lo que, en última instancia, mantiene los costes bajo control, dijo Rangachari. «Porque luego estas personas van a costar mucho más al sistema en ese mismo estado que intenta negarles la cobertura».
Un sistema sometido a una presión cada vez mayor
La ley federal restringe Medicaid/CHIP a ciudadanos e inmigrantes legales. Pero los continuos cruces de la frontera sur ponen a prueba las finanzas de los hospitales, que deben atender a personas sin seguro.
Algunos estados, como California, utilizan programas de Medicaid para dar cobertura a quienes se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. California tiene una ley que ofrece cobertura de Medicaid a los menores de 19 años, independientemente de su situación, pero con ingresos que cumplan los requisitos.
A partir de julio de 2023, 12 estados y el Distrito de Columbia ofrecerán cobertura a los menores que reúnan los requisitos de ingresos independientemente de su situación migratoria. Cinco estados y D.C. también cubren a los adultos con ingresos elegibles independientemente de su estatus.
Medicare también subvenciona los costes de atención no compensada de los hospitales mediante pagos desproporcionados a los hospitales. Estos no distinguen entre ciudadanos e inmigrantes legales o ilegales. Según datos de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés), sólo la carga de los costes sanitarios ascendía a 23,100 millones de dólares en 2023.
La cancelación masiva de las afiliaciones en medio del aumento de la inflación y las cargas de la atención médica puede poner a prueba los límites del sistema, y puede que no haya tiempo suficiente para adaptarse.
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