Una abogada del expresidente Donald Trump acusó el miércoles al Departamento de Justicia (DOJ) por exigir que la corte “se abstenga de considerar siquiera” el nombramiento de un “perito especial” para revisar los documentos incautados por el FBI en Mar-a-Lago.
La abogada Lindsey Halligan argumentó que la respuesta del Departamento de Justicia subrayó la necesidad de un perito especial.
“Si bien el Departamento de Justicia pudo haber tenido éxito en aplicar un filtro parcial a sus removidos productos, la necesidad de un Perito Especial sigue vigente”, escribió Halligan en un escrito presentado antes de una audiencia fijada para el jueves (pdf).
“Asegurar el acceso de un abogado [de Trump] a los materiales incautados, compartir un inventario real (detallado), hacer evaluaciones independientes de privilegios de abogado-cliente y hacer determinaciones de privilegios ejecutivos son todas responsabilidades que se cumplen mejor mediante el nombramiento de un Perito Especial”.
El martes, el DOJ presentó un escrito en una corte federal de un distrito de Florida argumentando que Trump carecía de legitimación para solicitar el nombramiento de un perito especial, así como la devolución de la propiedad que no estaba dentro del alcance de la orden de allanamiento y la medida cautelar.
En el escrito, el abogado Juan Antonio González dijo que la designación de un perito especial “obstaculizaría” la investigación criminal del gobierno federal e “interferiría” con la revisión de la Comunidad de Inteligencia de cualquier riesgo de seguridad nacional creado por el presunto almacenamiento inadecuado de “materiales altamente sensibles” (pdf).
González argumentó que el “equipo de filtro” del Departamento de Justicia ya había completado su trabajo de “separar cualquier material incautado que esté potencialmente sujeto al privilegio abogado-cliente”. También dijo que un “equipo de investigación separado ya revisó todos los materiales restantes, incluidos los que están potencialmente sujetos a reclamos de privilegio ejecutivo”.
El Departamento de Justicia también dijo que Trump carecía de derecho de un maestro especial porque los registros pertenecían al gobierno y que el 45º presidente no tiene un reclamo válido de privilegio ejecutivo porque el Departamento de Justicia está “dentro del poder ejecutivo”.
Revisión unilateral
La abogada de Trump, Lindsey Halligan, en cambio señaló que el DOJ, que está buscando evidencia de irregularidades criminales, está revisando unilateralmente los documentos para decidir qué es privilegiado o no.
“[El DOJ] presentó un documento extraordinario ante esta corte, sugiriendo que se debe confiar al DOJ, y solo al DOJ, la responsabilidad de evaluar su búsqueda injustificada de criminalizar la posesión de registros personales y presidenciales por parte de un expresidente en un entorno seguro”, escribió Halligan.
“Ahora, el Gobierno retuerce el marco de la respuesta a una moción para un Perito Especial en un desafío integral a cualquier consideración judicial, presente o futura, de cualquier aspecto de su comportamiento sin precedentes en esta investigación”.
La abogada de Trump dijo que la respuesta del Departamento de Justicia subrayó la necesidad de que la corte designe a un perito especial. Ella también indicó una aparente contradicción en la respuesta del DOJ de que ya había completado una revisión de los documentos y continuaba revisando los documentos.
“Nunca un argumento contra la ‘interferencia’ subrayó mejor la necesidad de la participación judicial. Todo esto en el contexto de una operación unilateral del equipo de filtro que hasta la fecha nunca ha hecho ningún contacto con la abogada de [Trump], otra primicia histórica para el Departamento de Justicia”, escribió Halligan.
“Si no se controla, el Departamento de Justicia impugnará, filtrará y publicará aspectos selectivos de su investigación sin ningún recurso para [Trump] más que confiar de alguna manera en el autocontrol de los investigadores actualmente sin control”.
La jueza de distrito Aileen Cannon señaló la semana pasada en un expediente judicial que probablemente firmará el nombramiento de un perito especial para revisar los documentos que se llevaron de Mar-a-Lago.
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