Los equipos SWAT que serán enviados a las llamadas ciudades santuario son necesarios porque las jurisdicciones no están dando ninguna ayuda a los oficiales federales, dijo el martes el Secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf.
«Lo que encontramos en estas jurisdicciones santuario es que la policía local no trabaja con el departamento», dijo Wolf durante una aparición en «Fox & Friends».
«Así que lo que solía llevar a uno o dos oficiales a entrar en un establecimiento carcelario y recoger a un individuo que está en una orden final de expulsión, ahora tenemos que ir a las comunidades con muchos, muchos oficiales».
Muchas políticas santuario limitan la cooperación y la comunicación de las fuerzas del orden locales con las autoridades federales de inmigración. Todas las políticas de santuario protegen, de alguna manera, a los inmigrantes ilegales de las autoridades federales de inmigración.
El Servicio de Inmigración y Aduanas, una agencia federal de aplicación de la ley de inmigración dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ayudó al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), otra agencia del DHS, durante la crisis en la frontera el año pasado, dijo Wolf. Ahora CBP está devolviendo el favor.
«Su trabajo en el SWAT no es su único trabajo», dijo Wolf durante una aparición en «Full Court Press» el fin de semana. «Son agentes de la Patrulla Fronteriza, agentes del CBP especialmente entrenados para hacer tareas adicionales más allá de lo que hacen todos los días».
Los equipos que serán enviados a las ciudades santuario se conocen oficialmente como Unidades Tácticas de Patrulla Fronteriza. Según una hoja informativa del DHS, las unidades tienen un cuadro de miembros a tiempo completo en El Paso, Texas, y otros miembros que no están a tiempo completo dispersos por Estados Unidos.
Cuando se les llama a desplegarse, los equipos pueden hacerlo inmediatamente, según la agencia federal. La unidad fue creada en 1984 en respuesta a los disturbios en las instalaciones federales de inmigración. La unidad puede llevar a cabo la vigilancia, recopilar información de inteligencia y realizar diversas operaciones.
Los equipos no serían necesarios si las ciudades santuario proporcionaran ayuda a las autoridades federales de inmigración, dijo Wolf el martes. «En estas ciudades santuario, no proporcionan recursos para ayudarnos a cumplir nuestra misión. Si decidieran dignificar a los detenidos y ayudar a ICE, no tendríamos que recurrir a estos recursos adicionales», dijo.
Los planes han atraído la oposición de algunos legisladores y exfuncionarios del gobierno.
«Esta administración parece pensar que pueden intimidar a los funcionarios locales de la ley o actuar de manera independiente cuando operan en sus jurisdicciones», dijo a ABC News John Cohen, exfuncionario del DHS durante la administración del presidente Barack Obama. «Esa es una estrategia peligrosa que fracasará».
En una declaración conjunta, los senadores Elizabeth Warren (D-Mass.) y Edward Markey (D-Mass.) dijeron que los esfuerzos deben ser suprimidos.
«Debido a que esta iniciativa es innecesaria, inoportuna, peligrosa, amenazante, de represalia y es poco probable que logre su objetivo declarado, le escribimos para exigirle que invierta el curso y para plantearle preguntas para comprender mejor sus motivos para emplear personal de inmigración de estilo paramilitar equipado con ‘granadas de aturdimiento y entrenamiento mejorado del tipo de las Fuerzas Especiales, incluida la certificación de francotirador’ en Boston y en otros lugares de los Estados Unidos», escribieron los senadores en una carta a altos funcionarios de inmigración.
La administración Trump anunció otros esfuerzos contra las ciudades santuario la semana pasada. El Procurador General William Barr dijo que el Departamento de Justicia tomará medidas importantes contra los esfuerzos de los llamados gobiernos progresistas locales y estatales que obstruyen las actividades de aplicación de la ley federal de inmigración, protegiendo eficazmente a los extranjeros delincuentes.
«Estas políticas no se refieren a personas que vinieron a nuestro país ilegalmente, pero que por otra parte han sido miembros pacíficos y productivos de la sociedad», dijo Barr. «Su propósito expreso es proteger a extranjeros a quienes la policía local ya ha arrestado por otros delitos. Esto no es ni legal ni sensato».
Janita Kan contribuyó a este informe.
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