Secretaria de Estado de Arizona pide investigar a Trump y Giuliani

Por Zachary Stieber
09 de julio de 2021 2:05 PM Actualizado: 09 de julio de 2021 2:05 PM

La secretaria de Estado de Arizona pidió que el fiscal general del estado investigue si el expresidente Donald Trump y varios de sus aliados violaron la ley cuando pretendieron presionar a los funcionarios del condado de Maricopa para que intervinieran en los procesos de certificación y recuento de las elecciones a fines de 2020.

Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto de Trump, su abogado Rudy Giuliani y la presidenta del Partido Republicano de Arizona, Kelli Ward, pueden haber violado la ley estatal que tipifica como delito grave cualquier tipo de interferencia intencional hacia un funcionario electoral, dijo la secretaria de Estado de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, al fiscal general de Arizona, el republicano Mark Brnovich, en una carta esta semana.

La ley también dice que la persona comete un delito grave cuando trata de inducir a un funcionario electoral «a violar o negarse a cumplir con el deber del funcionario o cualquier ley que regula la elección».

Hobbs señaló que Ward le dijo al supervisor del condado de Maricopa, Clint Hickman, un republicano que en ese momento era presidente de la Junta de Supervisores, que «detenga el recuento», según documentos y audio del condado obtenidos por Arizona Republic, y que eso era un claro esfuerzo para inducir a los supervisores que están en el cumpliento de sus deberes relacionados con las elecciones, los que incluyen la supervisión del recuento de votos.

Hobbs dijo que también había obtenido los registros y los proporcionaría a Brnovich para ayudar en una investigación.

«Hemos recibido la carta del secretario de Estado y no tenemos más comentarios en este momento», dijo Katie Conner, una portavoz de la oficina del fiscal Brnovich, a The Epoch Times en un correo electrónico.

El Partido Republicano de Arizona, Giuliani y la oficina de Trump no devolvieron las solicitudes de comentarios.

Hickman declinó una solicitud de entrevista a través de un portavoz que confirmó que Giuliani y Ward se pusieron en contacto con él tras las elecciones. La operadora de la Casa Blanca también dejó un mensaje de voz a Hickman, pidiéndole que respondiera al llamado para hablar con Trump.

Los supervisores Steve Chucri y Bill Gates, ambos republicanos, no respondieron a las solicitudes de comentarios. Ellos también fueron contactados por Ward y Giuliani.

Hickman dijo a The Republic que no quizo hablar con Trump porque pensaba que el expresidente trataría de presionarlo para cambiar los resultados de las elecciones. A él le preocupaba que fuese inapropiada una comunicación con Trump, quien llamó a fines del año pasado al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para pedirle que investigue el supuesto fraude electoral.

«No quería entrar en ese ámbito», dijo Hickman. «Yo no voy a grabar a un presidente, así que no voy a hablar con un presidente (…) No quería tener una llamada muy difícil en mi casa un domingo por la noche».

«A mi me llamaron de la centralita de la Casa Blanca, y debo decir que: Todas estas personas que me llamaron, no eran evasivas. Nosotros estábamos en litigio en todos estos puntos (…) Lo que había que decir, había que decirlo en un tribunal frente a un juez o un jurado», añadió durante una aparición en el programa Cuomo Prime Time de CNN.

Hickman dijo que transmitió a la campaña de Trump que éste no debía ponerse en contacto.

«Les dije: ‘Háganme un favor. No puedo hablar con nadie mientras esto esté en litigio'», dijo.

El condado de Maricopa se enfrentó a múltiples demandas después de las elecciones. El condado se enfrentó con el Senado de Arizona en los tribunales durante meses antes de que un juez dictaminó que el condado tenía que cumplir con las citaciones que ordenaban a los funcionarios a entregar los materiales electorales, tales como las boletas electorales.

Los auditores contratados por el Senado han estado realizando una auditoría de los materiales durante meses. Ellos están a punto de terminar el proceso y esperan emitir un informe en agosto sobre lo que encontraron.

La Junta de Supervisores del condado no apoya la auditoría y afirma que las elecciones fueron bien gestionadas, haciendo referencia a un recuento manual posterior a las elecciones de una muestra de boletas electorales y una auditoría sobre la limitación de riesgos.

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