El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, defendió este martes cómo la administración Biden sigue utilizando una política de la era Trump para expulsar a los inmigrantes ilegales.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron el año pasado que estaban utilizando el Título 42, una autoridad de salud pública, para ordenar la expulsión de extranjeros ilegales debido a la preocupación por la transmisión de COVID-19 durante la pandemia.
Desde entonces la orden se extendió varias veces y la administración Biden la ha utilizado para realizar casi 750,000 expulsiones, algunas de ellas de reincidentes.
Mayorkas dijo en sus nuevos comentarios que la administración no adoptaría esta política en tiempos normales.
«La autoridad del Título 42 es una autoridad de salud pública y no es una política de inmigración. No es una política de inmigración que nosotros en esta administración adoptaríamos. Pero lo vemos como un imperativo de salud pública, tal y como lo ordenaron los Centros para el Control de Enfermedades», dijo en una entrevista virtual que se emitió durante un foro organizado en Qatar.
«Estamos en medio de una pandemia. Que alguien piense que todo sigue igual creo que sería francamente ignorar una pandemia que se ha cobrado más de 700,000 vidas estadounidenses», añadió.
Más de 100 grupos se unieron para instar al presidente Joe Biden durante el verano a dejar de utilizar el Título 42, alegando que es ilegal. Algunos expertos en salud argumentaron que a pesar de la pandemia en curso, no hay base para la orden.
Por su parte, un alto abogado del Departamento de Estado renunció a principios de este mes por las deportaciones realizadas bajo el mandato de Biden. Se informó que en un memorando dijo a sus colegas que el uso de la autoridad del Título 42 por parte de la administración viola «la obligación legal de no expulsar ni devolver (…) a personas que temen ser perseguidas, muertas o torturadas, especialmente a los inmigrantes que huyen de Haití».
Después de que una avalancha de ciudadanos haitianos cruzara la frontera hacia Texas el mes pasado, el gobierno estadounidense liberó a muchos de ellos al interior del país pero deportó a varios miles, lo que enfureció a los defensores de la inmigración.
Daniel Foote, otro funcionario de la administración, dimitió el mes pasado por quejas similares.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió al abogado Harold Koh diciendo que el Título 42 «sigue vigente porque estamos en medio de una pandemia» y tiene excepciones para las personas que huyen de la persecución.
Mayorkas dijo que no le preocupaba el memorándum de Koh, pero que sí lo hacía una visita a Del Río, donde los inmigrantes ilegales habían desbordado a las autoridades locales.
Además relató haber visto a los inmigrantes en persona y saber que «un número de ellos, un porcentaje material de ellos será de hecho expulsado bajo la autoridad del Título 42 y estos son individuos que están buscando una vida mejor para ellos y sus familias».
«Es algo desgarrador de ver. No necesito que nadie comparta palabras para explicarme lo que es ese desgarro y lo que significa. Pero esto es lo que es necesario por imperativo de la salud pública, tal y como ordenan los Centros de Control de Enfermedades y esa es la autoridad que estamos ejecutando», añadió el secretario de Seguridad Nacional.
Los críticos afirman que la orden ya no es necesaria porque las vacunaciones aumentaron y también las personas que se han recuperado del COVID-19 y, por tanto, tienen cierto nivel de inmunidad contra el virus del PCCh (Partido Comunista Chino). Algunos dicen que a los CDC nunca se les dio autoridad para imponer restricciones a la inmigración.
Otros sostienen que fue necesario y sigue siéndolo.
«El Título 42 sigue siendo esencial durante la pandemia mundial de COVID-19 aunque el secretario Alejandro Mayorkas haya revelado que su administración no adopta la orden como política de inmigración. Sin ella o sin que se aplique plenamente a todos los migrantes es probable que la inmigración ilegal aumente en nuestra frontera sur. Mientras Estados Unidos continúa su lucha contra la pandemia de COVID-19, los controles fronterizos responsables que frenan la inmigración ilegal reducen los riesgos para la salud pública de nuestro país», dijo Matthew Tragesser, secretario de prensa de la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana (FAIR), a The Epoch Times por correo electrónico.
Al tomar posesión de su cargo, Biden eximió del Título 42 casi de inmediato a los menores no acompañados o niños inmigrantes ilegales. Posteriormente la administración dejó de utilizarlo para expulsar a muchas unidades familiares. FAIR estima que al menos medio millón de inmigrantes ilegales que hubieran sido expulsados durante la era Trump fueron eximidos.
La administración también desafió una orden judicial, en un intento de evitar la reactivación del programa «Permanecer en México», y dejó de construir partes del muro a lo largo de la frontera sur. Se debe volver a aplicar estas iniciativas fronterizas, entre otras, para controlar la inmigración ilegal, dijo Tragesser.
Mayorkas indicó que no estaba seguro de cuánto tiempo seguirá vigente la autoridad del Título 42. Una revisión determinó que sigue siendo necesaria a la luz de la propagación de la variante delta del virus del PCCh.
«Creo que somos unánimes en el hecho de que esperamos que las autoridades de salud pública ya no sean necesarias porque hemos dejado atrás la pandemia. Pero no es ahí donde estamos», dijo el secretario.
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