El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió a la iniciativa de un congresista republicano de un juicio político -impeachment- contra el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, afirmando que el Congreso «puede hacerlo mejor».
«El secretario Mayorkas se enorgullece de avanzar en la noble misión de este departamento, apoyar a su extraordinaria fuerza de trabajo y servir al pueblo estadounidense», dijo un portavoz del DHS a The Epoch Times el 11 de enero en una declaración enviada por correo electrónico.
«El departamento continuará trabajando para hacer cumplir nuestras leyes y asegurar nuestra frontera, al tiempo que construye un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano», prosiguió el portavoz. «Los miembros del Congreso pueden hacer algo mejor que señalar con el dedo a otra persona; ellos deben venir a la mesa y trabajar en soluciones para nuestro sistema descompuesto y de leyes obsoletas, que no se han actualizado en más de 40 años».
El lunes, el representante Pat Fallon (R-Texas) presentó tres artículos para un impeachment (pdf) contra Mayorkas, en los que se acusa al jefe del DHS de haber cometido «delitos y crímenes graves» y de haber violado su juramento constitucional del cargo.
«En su conducta como secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en violación de su juramento constitucional, participó en un patrón de conducta que es incompatible con sus deberes como Oficial de los Estados Unidos. Debe irse», indicó Fallon en un tuit comentando el asunto el miércoles.
El DHS, sin embargo, confirmó que Mayorkas no tiene planes de dimitir y afirmó que los cargos contra él no solo eran inexactos desde el punto de vista de los hechos, sino que tampoco cumplían la norma constitucional de «traición, soborno u otros delitos y crímenes graves».
Los Artículos
El primer artículo del impeachment, acusa a Mayorkas de no haber «mantenido el control operativo de todas las fronteras internacionales terrestres y marítimas de Estados Unidos», tal y como establece la Ley Secure the Fence de 2006.
«Más de 5,500,000 extranjeros ilegales han cruzado nuestra frontera sur bajo el liderazgo del secretario Mayorkas», señala la resolución. «Ha habido 20 meses consecutivos con más de 150,000 cruces ilegales en la frontera. El secretario Mayorkas ha presidido un aumento del 180 % en los encuentros en la frontera sur en comparación con la administración anterior».
Atribuyendo ese aumento a las políticas de Mayorkas, la resolución afirma que el funcionario fomentó la inmigración ilegal al terminar los contratos de construcción del muro fronterizo, al poner fin a la política de inmigración «Permanecer en México» de la era Trump y al intentar poner fin a la política del Título 42, que ha permitido la expulsión rápida de inmigrantes ilegales desde el inicio de la pandemia COVID.
El segundo artículo de impugnación alega que Mayorkas «proporcionó voluntariamente un testimonio de perjurio, falso y engañoso» cuando testificó dos veces ante el Congreso el año pasado, el 28 de abril y el 15 de noviembre, al decir que el gobierno tenía el control operativo de la frontera y que la frontera era segura.
Mientras tanto, el tercer artículo alega que Mayorkas «calumnió a sabiendas» a los agentes de la Patrulla Fronteriza y engañó al público al apoyar las afirmaciones de que los agentes de la Patrulla Fronteriza utilizaban látigos contra los inmigrantes ilegales «incluso después de haber sido alertado por subordinados de que la narración era falsa».
Ofensiva de los republicanos
En los últimos meses, los republicanos han pedido repetidamente la destitución de Mayorkas, una petición a la que el representante Kevin McCarthy (R-Calif.)) se comprometió a responder en noviembre, cuando quedó claro que los republicanos retomarían el control de la Cámara.
«Él no puede ni debe seguir en ese puesto», dijo McCarthy sobre Mayorkas el 22 de noviembre durante una visita a la frontera sur. «Si no dimite, los representantes republicanos de la Cámara investigarán cada orden, cada acción y cada fallo para determinar si debemos iniciar una investigación de impeachment».
«Si el secretario Mayorkas estuviera a cargo de una empresa privada, ya habría sido despedido. El público estadounidense merece más y espera algo mejor. Ya es suficiente», agregó McCarthy, quien entonces era líder de la minoría en la Cámara.
Poco después de que McCarthy fuera elegido presidente de la Cámara de Representante y otros miembros del Congreso prestaran juramento el viernes, Fallon prometió cumplir la promesa de McCarthy presentando artículos de impeachment contra Mayorkas.
Sin embargo, el lunes, antes de que se presentaran los artículos de impugnación, Mayorkas respondió a la noticia el domingo en una entrevista con ABC News.
«Yo tengo mucho trabajo por hacer y vamos a hacerlo», dijo el secretario, señalando que no tenía intención de dimitir.
«Nosotros estamos tratando dentro de un sistema de inmigración descompuesto que el Congreso ha fracasado en reparar durante décadas», añadió Mayorka. «Hay unanimidad con respecto a esa realidad».
El miércoles, el DHS reiteró ese sentimiento. «Después de heredar un sistema de inmigración descompuesto y desmantelado, la Administración Biden-Harris ha gestionado un número sin precedentes de no ciudadanos que intentaban entrar en Estados Unidos, ha interceptado más drogas y ha desbaratado más operaciones de contrabando que nunca, todo ello revirtiendo las crueles y dañinas políticas de la Administración anterior».
El DHS también sostuvo que el repunte de la inmigración era un «desafío hemisférico», en contraposición al estadounidense, impulsado por individuos que buscan refugio de gobiernos represivos y de la falta de oportunidades económicas.
La semana pasada, el presidente Joe Biden anunció nuevas normas destinadas a asegurar la frontera y frenar el flujo de inmigración ilegal, entre ellas rechazar a los cubanos, haitianos y nicaragüenses que lleguen ilegalmente a la frontera, y rechazar a los extranjeros ilegales que no pidan asilo primero en un país que hayan atravesado de camino a Estados Unidos. Al mismo tiempo, hasta 30,000 personas al mes procedentes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que lleguen al país legalmente podrán venir a Estados Unidos durante dos años y trabajar, siempre que tengan un patrocinador y superen controles de antecedentes.
El anuncio de las normas se produjo días antes del primer viaje de Biden a la frontera, cuando visitó El Paso, Texas, el domingo.
Por el momento, no está claro si la Cámara de Representantes de Estados Unidos estudiará la resolución de Fallon o cuándo lo hará. Sin embargo, en caso de que el jefe del DHS sea formalmente acusado por la Cámara, es poco probable que el Senado, controlado por los demócratas, vote para condenarlo, lo que requiere dos tercios de los votos.
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