El 29 de noviembre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo provisional para fijar nuevas normas para reducir las emisiones contaminantes de la industria en la UE, incluidas las que generan la ganadería intensiva de aves y porcino y la minería.
Consejo y Parlamento acordaron ajustar ciertos umbrales para la cría de animales, que abarca a las explotaciones intensivas con 300 cabezas para cerdos y 280 para aves de corral (300 si son gallinas ponedoras) y 350 animales para granjas mixtas, con normas que se aplicarán de manera progresiva a partir de 2030 y que empezarían con las granjas más grandes.
El sector porcino recibe la noticia con preocupación
«Desde el sector porcino se viene trabajando en la reducción de emisiones desde hace más de 20 años y los resultados muestran una evolución muy positiva», explica a Epoch Times España Miguel Angel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, (ANPROGAPOR).
Entre 2005 y 2020 el sector porcino redujo las emisiones de gases de efecto invernadero en un 41%. «Esta normativa viene a reflejar que se va a presionar al sector que está haciendo los deberes y que ya no puede más, si no se avanza en nada con otros sectores como el ganadero», destaca el Sr. Higueras.
«Además, desde un punto de vista de España, se actualizó la legislación de ordenación de granja de porcino en 2020 (RD 306/2020) incluyendo compromisos de reducción de emisiones más extrictos que la normativa europea gracias a los cuales ya están a nivel de cumplimiento de la Directiva Europea de techos de emisiones», añadió el Sr. Higueras, representante de un 80% de los productores de porcino español.
Esta «nueva vuelta de tuerca» supondrá una sobrepresión a un sector ganadero de porcino ya en dificultades.
Qué impacto tendría la medida
Desde ANPROGAPOR se está analizando el impacto que podría tener la medida que afectará a miles de granjas más.
«Estimamos que en España más de 15.000 cebaderos de 2.000 plazas que antes estaban excluidos, ahora tendrán que adaptarse a esta nueva normativa. Para poder ponderar el tamaño/rentabilidad de una granja de porcino, con un cebadero de 2.000 plazas no genera suficiente rentabilidad para ser considerada una ocupación a tiempo completo. Un ganadero de 2.000 plazas tiene que tener otra fuente de ingresos complementaria para poder subsistir», explica el Sr. Higueras.
Esta normativa elevaría aún más los costes de producción, por lo que los productores más pequeños o con menos capacidad de endeudamiento tendrían que cerrar. Esto provocaría una reducción de la oferta y un incremento de los precios.
«Es decir, la única forma de trasladar el incremento de coste que esta normativa tiene es que haya ganaderos que tengan que cerrar, y eso es inasumible porque nos encaminamos a un escenario no conocido en la UE desde hace tiempo: la escasez de alimento», añade el representante de ANPROGAPOR.
Este nuevo incremento de los costes de producción en la Unión Europea (UE) «nos van a hacer no competitivos frente a países terceros con lo que el beneficio que generamos en la balanza comercial europea y española va a desaparecer».
El experto asegura que esta caída de la producción puede además crear un serio problema de abastecimiento y convertirnos en importadores de alimentos de terceros países.
Desde ANPROGAPOR advierten que los sectores ganaderos y en especial el porcino son poco flexibles, «en el momento que un ganadero decide cerrar la granja es casi imposible que vuelva a abrirla y a retomar la producción».
Esto significa que esta normativa afectaría al sector de manera estructural y esta caída de producción pondría en riesgo el abastecimiento y la seguridad alimentaria.
Gases de efecto invernadero: ¿un verdadero problema?
La Directiva de Emisiones Industriales es el principal instrumento de la UE para regular la contaminación de instalaciones industriales y agroindustriales con sustancias como óxidos de nitrógeno, amoniaco, mercurio, metano y dióxido de carbono (CO2), que deberán obtener permisos de emisión de los Estados miembros, siembre que cumplan con los requisitos exigidos.
«Estamos estableciendo normas más estrictas para abordar la contaminación en el origen, al mismo tiempo que mejoramos la presentación y el monitoreo de las emisiones», declaró en un comunicado la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en representación de la presidencia española del Consejo de la UE.
Según el Pacto Verde Europeo «el cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo» y para ello ha marcado tres objetivos muy claros:
– Cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050
– Crecimiento económico disociado del uso de recursos
– Que nadie se quede atrás
Sin embargo, cada vez más científicos están cuestionando, no ya el coste-beneficio de la normativa climática, sino la existencia misma del problema en las que se basan: el calentamiento global provocado por el incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra.
«No hay emergencia climática ni la habrá»
William Happer, profesor emérito del Departamento de Física de la Universidad de Princeton y presidente de la junta directiva de CO2 Coalition, una organización sin fines de lucro establecida en 2015, asegura que «no hay emergencia climática ni la habrá».
El experto asegura que los debates sobre el clima «suelen basarse más en las emociones que en los hechos»:
La coalición, creada por el exfundador de Greenpeace, Patrick Moore, asegura que «que grandes aumentos en las concentraciones de gases de efecto invernadero provocan cambios muy pequeños en el equilibrio térmico de la atmósfera. Duplicar la concentración de metano (un aumento del 100%, lo que llevaría unos 200 años con las tasas de crecimiento actuales) reduciría el flujo de calor al espacio en sólo un 0,3%, lo que llevaría a un cambio promedio de la temperatura global de sólo 0,2 °C. Esto es menos de una cuarta parte del cambio de temperatura observado en los últimos 150 años».
«Contrariamente al mantra frecuentemente repetido de que la concentración actual de CO2 es sin precedentes, nuestros niveles actuales de dióxido de carbono están en mínimos casi históricos. La concentración media de CO2 en los 600 millones de años anteriores fue de más de 2.600 ppm, casi siete veces nuestra cantidad actual y 2,5 veces el peor escenario previsto por el IPCC para 2100. No tenemos demasiado CO2, no tenemos suficiente», asegura la Coalición CO2.
Coalición CO2 está integrada por un nutrido grupo de prestigiosos científicos y se creó en 2015 con el propósito de educar a líderes de opinión, legisladores y al público sobre la importante «contribución que hace el dióxido de carbono a nuestras vidas y a la economía».
Según estos expertos, liderados por el Premio Nobel de Física, el doctor John Clauser, «un aumento de las concentraciones de CO2 en 300 ppm aumentará el crecimiento de las plantas en un promedio del 46 %» en 83 tipos de cultivos alimentarios, según lo demuestran los resultados de 270 estudios de laboratorio.
Por el contrario, afirman que un gran número de estudios muestran los efectos adversos de un entorno con bajas emisiones de CO2. Por ejemplo, Overdieck (1988) indicó que, en comparación con la actualidad, el crecimiento de las plantas se redujo en un 8% en el período anterior a la Revolución Industrial, con su baja concentración de 280 ppm de CO2. Por lo tanto, los intentos equivocados propuestos para reducir las concentraciones de CO2 serían malos para las plantas, malos para los animales y malos para la humanidad».
La salud en la balanza
Mientras el acuerdo provisional, que tendrán que validar formalmente el Consejo y el pleno de la Eurocámara, busca «ofrecer una mejor protección a la salud humana y al medio ambiente mediante la reducción de emisiones perjudiciales de instalaciones industriales, incluyendo granjas de cría intensiva de animales, en el aire, agua y suelo, así como a través de vertidos de residuos», los expertos alertan de que las subidas de los precios de los alimentos frescos están provocando «impacto directo sobre el incremento del sobrepeso y la obesidad».
Las familias de menores recursos económicos que no se pueden permitir incluir alimentos frescos en su dieta, deben recurrir a alimentos ultraprocesados, más económicos aunque menos saludables.
La responsable de Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital HLA Universitario Moncloa recordó durante su intervencón en el III Observatorio de la Sanidad que organiza EL ESPAÑOL e Invertia, que 3 millones de adultos mueren al año por causas secundarias a la obesidad, como la diabetes.
Con contenido de EFE.
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