Seis cosas que hay que tener en cuenta en el próximo período de la Corte Suprema

Análisis de noticias

Se espera que la Corte Suprema inicie su periodo de 2024-2025 tras un año repleto de casos polémicos y desafíos a precedentes históricos.

La corte ya ha aceptado peticiones relacionadas con temas candentes como el género, las armas fantasma, la inmigración, la pornografía y los cigarrillos electrónicos. El periodo comienza el 7 de octubre.

A continuación se exponen algunas de las posibles novedades a las que habrá que prestar atención. Además de las nuevas cuestiones legales, las cuestiones legales del periodo anterior podrían resurgir y ayudar a dar forma a las decisiones sobre nuevos casos en el mandato 2024-2025.

¿Vuelve Trump a la Corte Suprema?

El pasado periodo, la Corte Suprema vio varios casos relacionados con el expresidente Donald Trump, que dieron lugar a sentencias históricas sobre inmunidad y la cláusula de inhabilitación en virtud de la 14ª Enmienda.

La sentencia sobre inmunidad en el caso Trump contra Estados Unidos sostuvo que los presidentes gozan de diferentes niveles de inmunidad frente a procesos penales. Ese fallo se derivó de una apelación que Trump presentó en su caso de interferencia electoral presentado por el abogado especial Jack Smith en el Circuito de Washington.

Tanto la decisión sobre la inmunidad como otra relacionada con los acusados del 6 de enero podrían volver a la Corte Suprema a medida que el equipo legal de Trump plantee sus argumentos en Washington.

En Fischer contra Estados Unidos, la Corte Suprema restringió el uso de un cargo de obstrucción de la era Enron en los casos del 6 de enero. Este cargo de obstrucción se presentó contra Trump en el caso de las elecciones federales. El 3 de octubre, Trump presentó un escrito pidiendo a la juez de distrito Tanya Chutkan que retirara esa parte de la acusación basada en Fischer.

Hasta ahora, Chutkan ha establecido un calendario hasta principios de noviembre con oportunidades para que el equipo legal de Trump presente argumentos sobre la inmunidad y el abogado especial.

Una conferencia de estado el 5 de septiembre indicó que Trump y Chutkan estarían en desacuerdo sobre cómo debería aplicar la decisión de la Corte Suprema a la imputación sustitutiva de Smith, lo que hace probable una apelación. Si la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington está de acuerdo con la decisión final de Chutkan, es probable que Trump recurra la decisión ante la Corte Suprema.

También se espera que Trump presente una moción ante la Corte de Washington para alegar que el nombramiento del abogado especial Jack Smith fue ilegal. La jueza de distrito Aileen Cannon consideró que el nombramiento de Smith no estaba autorizado y desestimó el caso de los documentos clasificados en Florida, pero su fallo no es vinculante en el Circuito de Washington, donde hay una sentencia anterior en sentido contrario.

Smith también ha presentado un extenso escrito de inmunidad, lo que indica que las apelaciones sobre esa cuestión podrían ser complejas. El equipo de Trump responderá con un escrito muy extenso.

Smith ha apelado la decisión de Cannon. Con la cuestión del nombramiento impugnada en dos circuitos, esto podría crear una división de circuitos, o diferentes resoluciones judiciales sobre la misma cuestión en diferentes circuitos, lo que a menudo lleva a la Corte Suprema a ocuparse de la cuestión para resolver el conflicto.

Si Trump gana la reelección, es probable que se retiren todas las causas penales federales.

No está claro cómo concluirá el caso de Nueva York, que implica cargos estatales, pero Trump ya ha prometido apelar. La imputación a nivel estatal en Georgia también podría llegar a la Corte Suprema, ya que se espera que se enfrente a objeciones de Trump relacionadas con la inmunidad.

Peticiones de reforma

Independientemente de quién gane la presidencia, es probable que los demócratas sigan presionando para que se reforme el más alto tribunal del país, lo que atraerá un mayor escrutinio sobre los jueces y amplificará la tensión en torno a cuestiones candentes como el género.

Encuestas recientes de la Universidad de Pensilvania indican que los demócratas podrían ganar fuerza con propuestas de limitación de mandatos y reforma ética. La adición de más jueces a la corte obtuvo un resultado relativamente bajo en las encuestas, ya que solo 3 de cada 10 estadounidenses apoyaban esa propuesta.

Los demócratas no han avanzado mucho en sus propuestas en las últimas legislaturas, pero eso podría cambiar dependiendo de quién gane el Congreso y la presidencia en las elecciones de 2024.

Además de la ampliación de la corte y la limitación de mandatos, los demócratas han propuesto un código ético vinculante. Lo que se apruebe podría llegar ante la propia Corte Suprema. La corte ya aplicó su propio código ético en 2023, pero fue criticado por no incluir un mecanismo de aplicación eficaz.

Desde entonces, las juezas Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan han respaldado algún tipo de aplicación de la ética. Sin embargo, no está claro cómo podría pronunciarse la corte en su conjunto sobre algo así. El juez Samuel Alito, que ha sido blanco de las preocupaciones éticas de los demócratas, dijo anteriormente a The Wall Street Journal: «Ninguna disposición de la Constitución otorga [al Congreso] autoridad para regular la Corte Suprema, y punto».

Reformar la Corte Suprema podría resultar más difícil que otras reformas avanzadas por el Congreso. El artículo III de la Constitución, que permite a los jueces ocupar el cargo «durante buena conducta», se ha interpretado durante mucho tiempo como una oferta de permanencia vitalicia.

Imponer límites a los mandatos requeriría probablemente una enmienda a la Constitución. Además de proponer la limitación de mandatos, tanto el presidente Joe Biden como la vicepresidenta Kamala Harris han presentado la idea de una enmienda constitucional que impida a los presidentes gozar de inmunidad penal.

Armas

Hasta ahora, la corte ha dicho que tomará al menos un caso importante relacionado con armas de fuego llamado Garland vs VanDerStok, que rodea el intento del gobierno de regular las llamadas «armas fantasma». El término se refiere a las armas de fuego que no se pueden rastrear, porque carecen de número de serie y se fabrican fuera del proceso normal en el que interviene un fabricante autorizado.

La audiencia oral de ese caso está prevista para el 8 de octubre, meses después de que la Corte Suprema emitiera su decisión sobre los aceleradores de disparos, que son accesorios que se añaden a las armas para aumentar la velocidad de disparo.

Tanto en ese caso (Garland contra Cargill) como en el de VanDerStok, el Departamento de Justicia, a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), intenta interpretar leyes de hace décadas para prohibir determinados productos.

En el caso de los aceleradora de, una mayoría de 6-3 sostuvo que la ATF se extralimitó en sus competencias al prohibir los aceleradores de disparos basándose en el texto de la ley federal.

El caso VanDerStok se centra en la Ley de Control de Armas de 1968, que contiene un texto sobre armas de fuego, armazones y receptores que la ATF interpretó que abarcaba los kits de armas y los armazones y receptores incompletos. A diferencia de la decisión de la corte en casos anteriores sobre armas de fuego, como un caso de la legislatura pasada sobre los derechos de armas para los maltratadores domésticos, este caso se centra en la interpretación de la ley en lugar de juzgar cómo la acción de un gobierno se alinea con la Segunda Enmienda.

El escrito del fiscal general expresaba especial preocupación por el hecho de que las armas fabricadas con estas piezas pudieran eludir la protección de las fuerzas de seguridad porque no cumplían los requisitos de la Ley, entre ellos el de facilitar los números de serie.

También expresaba su preocupación por el impacto en los menores. «Los menores, en particular, ‘han descubierto la facilidad con la que pueden adquirir las piezas de un arma fantasma’ y ‘han estado comprando, construyendo[,] y disparando las armas caseras con una frecuencia alarmante'», decía el escrito, citando un artículo del Washington Post sobre el tema.

Dos residentes de Texas —Jennifer VanDerStok y Michael Andren— junto con Tactical Machining, fabricante y minorista, y el grupo de defensa Firearms Policy Coalition, demandaron a la ATF.

VanDerStok y sus codemandantes dijeron a la Corte Suprema que la definición de la ATF no es lógica y que la agencia está intentando regular artículos que no son armazones ni receptores.

La corte acaba de empezar a anunciar los casos que va a aceptar, lo que significa que hay muchos más —incluidos casos de armas— que podría decidir conocer. También podría aceptar un recurso contra la «prohibición de armas de asalto» de Maryland, que la Corte de Apelación del Cuarto Circuito de EE. UU. confirmó que no viola la Segunda Enmienda.

El 4 de octubre, la Corte Suprema también aceptó retomar las alegaciones del gobierno mexicano de que las empresas de armas estadounidenses han incurrido en prácticas comerciales, como no imponer restricciones a las ventas, que han beneficiado a los cárteles de México. Una corte de distrito falló en contra de México, pero esa decisión fue revocada posteriormente en el Primer Circuito, lo que llevó a las empresas de armas a apelar ante la Corte Suprema.

Pornografía y cigarrillos electrónicos

La salud pública de los jóvenes está en el punto de mira en otros dos casos importantes: uno relacionado con la negativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) a aprobar productos de cigarrillos electrónicos con sabores y otro contra la ley de Texas que exige la verificación de la edad en los sitios pornográficos.

El caso de pornografía es Free Speech Coalition contra Paxton, como el fiscal general de Texas, Ken Paxton, que ha acusado a la industria de intentar «mantener a los menores entre su público». La Free Speech Coalition, una asociación comercial de empresas de entretenimiento para adultos, describió la ley de Texas como «invasiva y onerosa, con importantes riesgos para la privacidad de los consumidores adultos».

No está claro cómo se resolverán los dos casos. Casi 20 estados han aprobado leyes que exigen la verificación de la edad en las plataformas pornográficas. La decisión de la Corte Suprema podría cambiar la forma en que los tribunales inferiores evalúan las impugnaciones de la Primera Enmienda a las restricciones a la pornografía.

La Coalición argumenta que el Quinto Circuito se equivocó al aplicar un criterio de revisión inferior, o al exigir menos al gobierno para demostrar que su restricción de la libertad de expresión estaba justificada.

Erin Hawley, asesora principal de Alliance Defending Freedom, dijo que es probable que la Corte Suprema se centre en esa cuestión.

«El argumento oral en este caso será muy interesante», dijo durante un evento en la Heritage Foundation el 2 de octubre. «Creo que es realmente solo la punta del iceberg también. Como sabemos por las decisiones de la Corte Suprema en Netchoice y los otros casos, cómo los estados lidian con las empresas de redes sociales al tiempo que protegen las libertades de la Primera Enmienda es algo que … estará en el plato de la Corte Suprema en los próximos años».

En el caso de los cigarrillos electrónicos (FDA contra Wages y White Lion), el Quinto Circuito falló a favor de la industria. La corte de apelaciones razonó que la norma de la FDA infringía la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), entre otras cosas, por no tener en cuenta los planes de comercialización de los fabricantes ni avisarles con la debida antelación antes de cambiar supuestamente su planteamiento de aprobación.

El 4 de octubre, la corte dijo que tomaría otro caso de cigarrillos electrónicos del Quinto Circuito, esta vez cuestionando si un fabricante se equivocó en la forma en que presentó su demanda contra la FDA.

Derecho administrativo

La APA, aprobada en 1946 tras la era del New Deal, fue fundamental para una de las decisiones más controvertidas de la corte en su anterior mandato, que anuló el precedente Chevron, de décadas de antigüedad.

En el caso Loper Bright Enterprises contra Raimondo, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió para la mayoría que los tribunales habían estado juzgando las decisiones de las agencias basándose en una interpretación errónea de la APA. La doctrina Chevron exigía a los tribunales que se atuvieran a las interpretaciones razonables de la ley por parte de las agencias en caso de ambigüedad.

El voto en contra de Kagan afirma que la mayoría «desdeña la moderación y se aferra al poder» al revocar el precedente Chevron, que tiene décadas de antigüedad.

Dan Greenberg, consejero general del Competitive Enterprise Institute, un think tank libertario, discrepó.

«Loper Bright indica realmente un deseo cada vez más fuerte de la Corte Suprema de ordenar a todas las demás partes del Gobierno que se mantengan en su carril», declaró Greenberg a The Epoch Times.

Greenberg cree que es «muy probable» que la corte conceda el certiorari o acepte ocuparse del caso Consumers’ Research contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Ese caso cuestiona si el Congreso delegó inconstitucionalmente en la FCC su facultad de recaudar ingresos.

Hawley sugirió que Loper Bright también podría influir en un caso que se verá en octubre sobre la Ley de Aguas Limpias de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés).

En el caso Ciudad y Condado de San Francisco contra la EPA, las autoridades municipales afirman que la normativa de la agencia federal para los titulares de permisos de vertido de aguas residuales es demasiado imprecisa.

«Me imagino que, tras el caso Loper Bright, San Francisco ganará este caso», dijo Hawley.

Género

En el periodo 2023-2024, la corte se ocupó de muchas cuestiones candentes, pero parecía decidido a dejar una, en particular la de género, para otro mandato. Este verano, los jueces dieron el tan esperado paso de retomar un caso sobre género, que afecta a varios aspectos de la legislación federal.

En ese caso, U.S. contra Skrmetti, la Administración Biden impugna la prohibición de Tennessee de los procedimientos de transición de género para menores. La administración sostiene que la prohibición de Tennessee es una forma de discriminación que viola la cláusula de igualdad de protección.

Es probable que el caso siente un importante precedente constitucional y sea uno de los más seguidos del próximo periodo.

También supondrá una oportunidad para que la corte y sus distintos jueces aclaren las posturas que adoptaron en un caso similar, Bostock contra el condado de Clayton, de 2020. En ese caso, el juez Neil Gorsuch se unió a la mayoría del tribunal para sostener que la discriminación laboral por orientación sexual e identidad de género violaba la prohibición del Título VII sobre la discriminación basada en el sexo.

Su decisión se basó en la idea de que la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género se basaba en última instancia en el sexo.

Esa decisión ha desempeñado un papel en decisiones de tribunales inferiores sobre procedimientos médicos relacionados con el género, así como en litigios sobre el Título IX, o estatuto de derechos civiles que prohíbe la discriminación por razón de sexo en la educación.

A principios de este año, el gobierno de Biden provocó una avalancha de demandas cuando aprobó una norma del Departamento de Educación que interpretaba el Título IX para aplicarlo a la orientación sexual y la identidad de género preferida. Los conservadores argumentaron que, al hacerlo, se obligaba erróneamente a las mujeres a competir con los hombres en el deporte y a compartir con ellos espacios como los vestuarios.

En última instancia, la corte se negó a abordar la cuestión en agosto, cuando los jueces se negaron a conceder al gobierno de Biden una exención de emergencia de los bloqueos que los circuitos Quinto y Sexto habían impuesto a la norma. Los conservadores también han pedido que el tribunal se ocupe de otros dos casos del Título IX originados en Idaho y Virginia Occidental.

Sea cual sea la decisión de la corte, podría influir en la forma en que el sistema jurídico estadounidense considera el género y sus implicaciones en una amplia gama de contextos.

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