Al menos seis personas fueron asesinadas y otras cuatro quedaron heridas en una nueva masacre acontecida este miércoles en Ecuador, ejecutada presuntamente por una banda criminal, según confirmaron autoridades locales.
La nueva matanza ocurrió en una vivienda de Durán, un municipio del área metropolitana de Guayaquil conocido por ser una de las áreas más violentas del país, y en el que los grupos criminales acostumbran a utilizar inmuebles como almacenes de cocaína que luego envían a través del puerto hacia Europa y Norteamérica, principalmente.
De acuerdo a medios locales, un grupo de hombres armados irrumpió en una vivienda y abrió fuego contra sus ocupantes para luego darse a la fuga.
«No podemos seguir permitiendo que estos hechos se sigan repitiendo, al punto que van 270 muertes en lo que va de año», manifestó en la red social X el concejal de Durán Hugo Obando.
«Todos los que somos autoridades, debemos aportar lo posible por brindar soluciones serias. No generar incertidumbre por cálculos políticos al plantear renuncias a modo de amenaza», añadió.
El pulso de las bandas criminales en Durán afecta incluso al alcalde del municipio, Luis Chonillo, que se encuentra gravemente amenazado después de sobrevivir el año pasado a un atentado en el día que iba a dirigir su primer consejo municipal.
Aquel día cuatro personas desde otro automóvil comenzaron a disparar al vehículo donde viajaba. Producto del ataque murieron dos policías que lo escoltaban y otra persona más que se encontraba en el lugar, mientras que el alcalde, después de chocar contra un camión, pudo huir a pie y refugiarse en una casa.
Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per capita, con una tasa de 47.2 por cada 100,000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto al año 2016, producto del auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la minería ilegal.
Desde inicios de año el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción y militarizó las cárceles.
De acuerdo al Gobierno, las muertes violentas a nivel nacional han descendido un 17 % en 2024 respecto al año anterior, pero los episodios de violencia criminal no han cesado, a la vez que también se siguen reportando secuestros y extorsiones.
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