El Senado del estado de Georgia ha aprobado una ley que allana el camino para una investigación sobre la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, que se enfrenta a acusaciones de mala praxis relacionadas con un caso de interferencia electoral que presentó contra el expresidente Donald Trump.
En una votación en el pleno el 26 de enero, el Senado estatal votó 30-19 para aprobar la SR465. Esta resolución crea el Comité Especial de Investigaciones del Senado que explorará las acusaciones de mala praxis por parte de la Sra. Willis, quien lidera la acusación contra el presidente Trump y 14 coacusados.
El expresidente Trump ha alegado que el caso de la Sra. Willis —iniciado en virtud de las leyes de Georgia para luchar contra el crimen organizado— es una persecución políticamente impulsada para frustrar su candidatura presidencial en 2024.
La Sra. Willis ha sido acusada de tener una relación romántica «inapropiada» con el fiscal especial Nathan Wade y de beneficiarse económicamente de ella.
El Sr. Wade, a quien se ha pedido que aporte pruebas como parte de una investigación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre la conducta de la Sra. Willis, está desempeñando un papel destacado en el caso de interferencia electoral contra el expresidente.
La nueva comisión del Senado de Georgia se encargará de llevar a cabo investigaciones legislativas, con facultades tales como prestar juramento y citar a personas a declarar bajo juramento.
A pesar de tener amplios poderes para llevar a cabo la investigación, el panel no tendrá la capacidad de imponer sanciones a la Sra. Willis.
La oficina de la Sra. Willis no respondió a una solicitud de comentarios al momento de la publicación de este artículo.
Sin embargo, en declaraciones anteriores sobre el escándalo, sugirió que el racismo era la motivación del escrutinio.
La investigación
La resolución fue presentada el 22 de enero por el senador republicano Greg Dolezal, presidente de la Comisión de Transportes del Senado de Georgia y diputado principal.
El Sr. Dolezal dijo en un comunicado que estaba motivado para presentar el proyecto de ley debido a «una ola de informes preocupantes y presentaciones judiciales» en relación con la Sra. Willis.
«La multitud de acusaciones que rodean a la Sra. Willis, que abarcan desde acusaciones de mala praxis de la fiscalía a preguntas sobre el uso de fondos públicos y acusaciones de una relación no profesional, subraya la urgencia de un examen exhaustivo e imparcial», dijo en un comunicado.
«Debemos al público garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la preservación de la integridad de nuestro sistema judicial», añadió.
La presunta mala conducta incluye el gasto continuo de «importantes fondos públicos con el fin de contratar a un asistente especial del fiscal de distrito con el que la fiscal Willis tenía, y todavía puede tener, una relación romántica en curso», dice la resolución del Senado.
Si se demostrara que existe tal relación, equivaldría a un «claro conflicto de intereses y un fraude a los contribuyentes del condado de Fulton y el estado de Georgia», lo que podría conducir a la recusación de la Sra. Willis, retrasos en el juicio contra el presidente Trump, el nombramiento de un fiscal especial y acciones disciplinarias, según la resolución.
Si las acusaciones contra la Sra. Willis se demostraran ciertas, podrían empañar su reputación y la de su oficina y erosionar la confianza pública en una administración de justicia imparcial, según la resolución. También podría plantear dudas sobre la validez de los cargos contra el presidente Trump y más de una docena de coacusados.
La investigación también podría revelar insuficiencias en las leyes estatales existentes de Georgia con respecto a la selección, contratación y compensación de los fiscales de distrito asistentes especiales.
Las acusaciones
Una abogada que representa a Michael Roman, uno de los coacusados en el caso, presentó una moción el 8 de enero para desestimar el caso en base a una supuesta mala conducta por parte de los fiscales del condado de Fulton.
En el escrito de más de 100 páginas, Ashleigh Merchant, la abogada, acusó a la Sra. Willis de mantener una «relación personal secreta e impropia» con el Sr. Wade y de «beneficiarse significativamente» de la relación a expensas de los contribuyentes.
La Sra. Merchant también acusó a la Sra. Willis de utilizar los fondos destinados a resolver un retraso de casos generado por la pandemia en el condado de Fulton para pagar al Sr. Wade una gran suma de dinero.
Los documentos muestran el Sr. Wade ha recibido un pago de USD 250 por hora por su participación en el caso, o alrededor de USD 650,000 en total.
Los fiscales aún no han presentado una respuesta a la moción de la Sra. Merchant, aunque dijeron que lo harían.
El Comité de Auditoría del Condado de Fulton ha pedido a la Sra. Willis para hacer frente a las acusaciones en la presentación de la Sra. Merchant.
Bob Ellis, el comisionado del Condado de Fulton, pidió a la Sra. Willis en una carta de 21 de enero para dar explicaciones, incluso en relación con el pago del fiscal especial y los gastos antes del 2 de febrero.
Además, el juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, indicó durante una audiencia de mociones el 12 de enero que una audiencia sobre la moción de la Sra. Merchant se programaría después de que el tribunal haya recibido una respuesta de la oficina de la Sra. Willis, siendo lo más probable a mediados de febrero.
La presentación de la Sra. Merchant argumentó que la presunta mala conducta de la Sra. Willis era motivo para la desestimación de los cargos contra el Sr. Roman y la destitución de la Sra. Willis y su equipo.
El expresidente Trump también ha hecho demandas similares, diciendo que tanto la Sra. Willis como el caso han sido «totalmente comprometidos» y el caso en su contra debe ser desestimado.
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