El destacado demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado pidió al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que investigue los vínculos del exrepresentante David Rivera con el dictador venezolano Nicolás Maduro.
El senador Bob Menendez (D-N.J.) le pidió el martes al fiscal general adjunto, John C. Demers, que determinara si Rivera debería haber sido registrado como agente del régimen de Nicolás Maduro.
Rivera fue demandado la semana pasada por la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) por un pago de más de USD 15 millones realizado como parte de un contrato de USD 50 millones.
La demanda alega que Rivera no cumplió con las disposiciones del contrato, donde se dice que prometió que mejoraría la reputación de PDVSA en los Estados Unidos.
«Se alega que el Sr. Rivera trabajó como consultor en nombre de Petróleos de Venezuela, SA («PDVSA»), y el régimen del expresidente venezolano Nicolás Maduro, un régimen represivo sujeto a sanciones estadounidenses integrales», escribió Menéndez (pdf).
En la carta a Demers, Menendez dijo que sin estar registrado bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), la demanda y los informes de prensa mostraron que Rivera estaba trabajando en nombre de un agente extranjero.
«Por lo tanto, solicito que el Departamento de Justicia revise si el Sr. Rivera cumplió con la FARA, incluso si tiene la obligación de registrarse retroactivamente como un agente extranjero que actúa en nombre del régimen de Maduro», escribió Menendez.
Rivera tenía una historia diferente. Él le dijo a The Miami Herald el jueves que los fondos del contrato de la PDVSA se canalizaron a la oposición venezolana y que los funcionarios de la administración Trump «estaban al tanto de todo».
Un alto funcionario de la administración Trump le dijo al Miami Herald que era completamente falso que tanto el NSC como el Departamento de Estado estuvieran al tanto de las actividades de Rivera.
«No tenemos conocimiento de ninguno de los tratos comerciales del excongresista con el régimen ilegítimo y tiránico de Nicolás Maduro o sus asociados», dijo el funcionario.
Menendez escribió que los registros de la FARA son esenciales «para emitir juicios sobre las actividades políticas de gobiernos extranjeros y agentes extranjeros que operan en los Estados Unidos».
«Cuando los agentes extranjeros no se registran bajo la FARA, sus actividades en nombre de las potencias extranjeras se ocultan a la vista del público, lo cual oculta posibles amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos», escribió Menendez.
Todavía no está claro si Rivera actuó como agente extranjero, aunque técnicamente firmó un contrato con la subsidiaria estadounidense de PDVSA, PDV USA.
La demanda fue presentada por PDV USA, alegando que Rivera «no realizó servicios significativos bajo el acuerdo», después de recibir los USD 15 millones iniciales, y que Rivera más tarde intentó obtener los USD 35 millones restantes del contrato original de USD 50 millones.
PDV USA todavía estaba bajo el control de PDVSA, una corporación controlada directamente por el régimen de Maduro en 2017 cuando se firmó el contrato en 2017.
«Si se toma en serio al Gobierno de los Estados Unidos en nuestros esfuerzos por defender y proteger al pueblo venezolano de la tiranía del régimen de Maduro, lo último que deberíamos tolerar es a un exmiembro del Congreso que potencialmente viola las leyes de los Estados Unidos, mientras hace el trabajo sucio del régimen en los Estados Unidos», escribió Menendez.
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