Sidney Powell, una ex fiscal federal acusada de violar las máquinas electorales en Georgia, no tuvo nada que ver con la violación, excepto por pagar por ella después del hecho, y solo porque la firma forense que lo hizo amenazó con volcar los datos en línea, dijo su abogado en una presentación judicial reciente.
Powell fue acusada como parte del caso de injerencia electoral contra el expresidente Donald Trump, presentado el 14 de agosto por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis. Se alega que el esfuerzo del presidente Trump y otras 18 personas, incluida Powell, para impugnar los resultados de las elecciones de 2020 equivale a una conspiración de crimen organizado.
Willis ha acusado a Powell de participar en la supuesta conspiración, así como conspiraciones para cometer allanamiento informático, robo informático, invasión informática de la privacidad, fraude electoral y defraudación al Estado.
Los cargos están relacionados con un incidente ocurrido el 7 de enero de 2021, en el que personal de la empresa de análisis forense de datos SullivanStrickler copió datos de máquinas y ordenadores electorales en el condado de Coffee, Georgia.
El abogado de Powell, Brian Rafferty, ha negado vehementemente las acusaciones y solicita la desestimación de los cargos.
Rafferty ha argumentado que el examen de las máquinas no era un delito porque estaba autorizado por la Junta Electoral del Condado de Coffee. Incluso si la junta no tenía en última instancia la autoridad para permitir el examen, las personas involucradas operaban bajo la creencia de que su acción estaba autorizada, mientras que los delitos requieren una falta de autoridad a sabiendas.
Más aún, sin embargo, Powell no organizó ni participó en el incidente, afirmó el Sr. Rafferty.
«No existen comunicaciones de ningún tipo entre Powell y ninguno de los presuntos conspiradores o conspiradores no acusados que evidencien ningún acuerdo por parte de Powell para que el personal de SullivanStrickler viajara al condado de Coffee o para contratar sus servicios para el condado de Coffee, y mucho menos para hacerlo con algún propósito ilegal», dijo en una presentación del 28 de septiembre.
Powell impugnó los resultados electorales en Georgia, Michigan, Wisconsin y Arizona, pero nunca representó al presidente Trump, dijo.
«No se puede discutir que la señora Powell siguió su propio camino después de las elecciones, y nunca llegó a un acuerdo sobre un curso de acción con ningún coconspirador acusado o no acusado».
Ella sí compartió pruebas utilizadas en sus demandas, todas las cuales fracasaron, con el presidente Trump y sus ayudantes, y ella le aconsejó sobre sus autoridades en caso de interferencia extranjera en las elecciones, reconoció el Rafferty.
«Todas esas comunicaciones sustantivas, por limitadas que fueran, terminaron efectivamente el 19 de diciembre de 2020», dijo.
También reconoció que «Defending the Republic Inc, una organización sin ánimo de lucro fundada por Powell, pagó una factura de SullivanStrickler», pero añadió que solo lo hizo ante la «amenaza de la empresa de publicar información en Internet después de que sus técnicos aparentemente recopilaran datos de las máquinas del condado de Coffee».
SullivanStrickler no respondió a una solicitud de comentarios.
» Powell no solicitó ese viaje; ni siquiera sabía de ese viaje, y mucho menos lo autorizó», dijo Rafferty.
«En consecuencia, ella no se puso de acuerdo con nadie para llevar a cabo la recopilación de datos del condado de Coffee -aunque se hizo con el permiso de los funcionarios del condado de Coffee- y el Estado no tiene pruebas de que ella conspirara con nadie para violar ninguna ley.»
Powell y otro acusado, el abogado Kenneth Chesebro, solicitaron un juicio rápido, cuyo inicio está previsto para el 23 de octubre. Otros acusados serán juzgados por separado, aunque no está claro cuándo. Varios acusados también están intentando que el caso se remita a una corte federal. En algunos de los últimos acontecimientos, los abogados del presidente Trump informaron a la corte que no se unirán al esfuerzo de remoción.
El presidente Trump se enfrenta a otra acusación por sus desafíos electorales en un tribunal federal del Distrito de Columbia. También está luchando contra cargos de retención ilegal de información de defensa en Florida y más cargos en Nueva York por entradas de contabilidad supuestamente fraudulentas. En una demanda civil separada dirigida a sus negocios, un juez de Nueva York ordenó recientemente la disolución de sus negocios en el estado.
El presidente Trump ha denunciado los casos legales en su contra como esfuerzos políticamente motivados para interferir con su carrera presidencial de 2024.
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