La Corte Suprema emitió una nueva orden el 21 de febrero sugiriendo que está avanzando con un caso sobre la política del Título 42, que permite la expulsión rápida de extranjeros ilegales que cruzan la frontera entre EE.UU. y México, después de cancelar abruptamente una audiencia en el caso días atrás.
La administración Biden le había pedido al Tribunal Superior que abandonara el caso, argumentando que era discutible porque la Oficina de Administración y Presupuesto del presidente Joe Biden dijo, en un comunicado de prensa el 30 de enero, que extendería las emergencias de la era de la pandemia que expirarán el 11 de mayo “y luego terminarán ambas emergencias en esa fecha”.
Las emergencias nacionales y de salud pública actuales fueron declaradas por la administración Trump en marzo de 2020.
También en 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. emitieron una orden de emergencia en virtud del Título 42 con respecto a las personas que recientemente se encontraban en un país donde hay una enfermedad transmisible.
Esto permitió que el gobierno regresara rápidamente a México, sin una audiencia formal, a cualquiera que cruzara ilegalmente la frontera con la teoría de que su presencia podría representar un riesgo para la salud pública.
Más de 2 millones de personas han sido expulsadas bajo la política.
Los fiscales generales, en su mayoría republicanos, de 19 estados, incluidos los estados fronterizos de Arizona y Texas, argumentan que tienen derecho a intervenir en el caso para impugnar el fallo del 15 de noviembre de 2022 del juez federal Emmet Sullivan, que determinó que la política del Título 42 era ilegal porque el gobierno federal no había demostrado que la suspensión de las leyes de inmigración normales estuviera justificada.
El 16 de febrero, la corte sacó del calendario el argumento oral en el caso, Arizona vs Mayorkas (expediente judicial 22-592), programado para el 1 de marzo, sin proporcionar una explicación o una indicación de cómo votaron los jueces sobre el asunto.
En esa orden, la Corte Suprema no desestimó el caso pendiente ni indicó que se rescindiera su orden del 27 de diciembre de 2022, que impedía el retiro de la póliza del Título 42.
La Corte Suprema a menudo se comunica sobre sus órdenes de manera concisa, sin explicar sus decisiones ni proporcionar un contexto que pueda ser útil para comprender por qué hizo algo.
Al intentar leer la determinación, muchos comentaristas reaccionaron ante la inesperada y dramática cancelación razonando que la decisión de anular el argumento oral significaba que el caso en sí estaba muerto o casi muerto.
Pero la nueva orden de la corte del 21 de febrero sugiere que el caso está muy vivo y que la corte planea en algún momento realizar un argumento oral en el asunto de alto perfil.
En la orden, el tribunal concede una moción del 14 de febrero, de la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, por «argumento dividido» y para ampliar el tiempo total asignado para el argumento oral, que en la mayoría de los casos suele ser de 60 minutos.
La argumentación dividida permite al tribunal quitar tiempo a una de las partes y dárselo a otra u otras.
En su moción, Prelogar sugirió que la audiencia tenga una duración de 70 minutos, con 35 minutos dedicados a los estados peticionarios que impugnan la propuesta de la administración Biden de poner fin al Título 42, 20 minutos dedicados al gobierno federal y 15 minutos para los encuestados privados que participan en el caso.
Los estados y los encuestados privados dieron su consentimiento a la moción, dice el documento.
La orden en sí no detalla las nuevas asignaciones de tiempo.
Christopher Hajec, director de litigios del Immigration Reform Law Institute (IRLI), que presentó un escrito de apoyo a los estados que están a favor de ampliar la política del Título 42, sugirió que el tribunal planea seguir adelante con la audiencia en algún momento.
«Seguirán adelante al menos hasta el 11 de mayo», declaró Hajec a The Epoch Times por correo electrónico.
Los grupos humanitarios y de fronteras abiertas dicen que la política del Título 42 impide que quienes huyen de la persecución y la violencia en sus países de origen obtengan el debido proceso legal cuando llegan a Estados Unidos; sin embargo, los estados dicen que retirar la política inundaría las instalaciones fronterizas ya sobrecargadas con aún más inmigrantes ilegales.
Los estados le dijeron previamente al Tribunal Superior que no hacer cumplir la política “provocará una crisis de proporciones sin precedentes en la frontera” y que “los cruces ilegales diarios pueden más que duplicarse”.
The Epoch Times se ha comunicado con el Departamento de Justicia de EE.UU. e busca de comentarios.
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