Más de un centenar de brotes del virus del PCCh, comúnmente conocido como nuevo coronavirus, siguen activos este lunes en España, donde cada vez más regiones hacen obligatorio el uso de la mascarilla incluso si se mantiene la distancia de seguridad entre personas.
Cataluña, con los brotes más importantes
España tiene más de cien brotes activos del virus del PCCh repartidos por todo el país, después de que el pasado 21 de junio el Gobierno pusiera fin a los límites a la movilidad ante los buenos datos sobre la evolución de la pandemia.
Hay un «número muy importante de casos», con contagio «comunitario» en algún brote, reconoció hoy en rueda de prensa el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aunque precisó que la gran mayoría de los casos son «realmente más leves».
Cataluña, que registró 301 casos en las últimas 24 horas, tiene los dos brotes más importantes, el de la comarca del Segriá (con 116 nuevos contagios) y el de la ciudad de L’Hospitalet, la segunda más poblada de Cataluña y lindante con Barcelona.
Esa ciudad acumula en los últimos días un total de más de 300 contagios activos, informó hoy la alcaldesa, Núria Marín.
Y en Barcelona, la alcaldesa Ada Colau anunció la reactivación de los servicios municipales de alimentación a domicilio, así como de un hotel y de 30 apartamentos para alojar a personas en cuarentena, un esquema que inicialmente se puso en marcha durante el peor momento de la pandemia.
El tercer brote importante está en la provincia de Lugo (Galicia), con 184 casos activos, aunque las autoridades sanitarias lo dieron hoy por «controlado».
Mientras tanto, nuevos brotes surgen por todo el país y otros ya existentes siguen expandiéndose.
La ciudad de Zaragoza, la quinta más poblada del país, retrocedió hoy a la fase 2 de restricciones junto con su área de influencia en la región de Aragón (noreste), según decidió el Gobierno regional ante el incremento de casos detectados.
Otro brote conocido hoy afectó a un campamento de verano infantil, en la provincia de Soria, donde un monitor y siete niños dieron positivo por covid-19.
Por otra parte, hoy se informó que los registros civiles compilaron entre los meses de marzo y mayo, en el grueso de la pandemia, un total de 44,285 muertes más de las esperadas estadísticamente para esta época del año.
Las cifras oficiales de fallecimientos por el virus del PCCh son 28,406, aunque solo se anotan aquellas en las que se realizó un análisis positivo.
Ocio nocturno y celebraciones, fuente de contagios
La mayoría de los brotes están relacionados con celebraciones familiares y sociales, que reúnen a un importante número de personas y en las que, en contra de las recomendación de las autoridades sanitarias, no se respetan las medidas de prevención, como el uso de mascarillas o la distancia interpersonal.
Son incontables los episodios vistos en medios de comunicación y redes sociales, con personas en lugares de ocio o reuniones sociales sin tomar precauciones.
«He visto imágenes que no me han gustado nada. Hay que seguir teniendo respeto al virus», afirmó el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
El último ejemplo se vivió la pasada noche cuando cientos de personas salieron a la calle en Cádiz (sur) para celebrar el ascenso a primera división del club de fútbol de la ciudad, y festejaron entre ellos sin ningún tipo de protección contra la pandemia.
Dudas legales ante confinamientos
Mientras tanto, surgen también dudas legales después de que un tribunal anuló la decisión del Gobierno regional de Cataluña de confinar totalmente una comarca para contener el foco más serio.
El Gobierno catalán afirmó hoy que «no acepta» la decisión de una juez de anular las nuevas medidas de confinamiento en la ciudad de Lleida y su comarca, anunciadas ayer domingo para intentar contener el brote más importante del virus en toda España.
El presidente regional, Quim Torra, compareció ante la prensa junto con su vicepresidente para decir que hoy mismo su gobierno aprobará un decreto para dar cobertura legal a esta decisión y a otras similares que pudieran tomarse en el futuro. «No puedo poner en peligro la salud de las personas», añadió.
Mientras, ciudadanos y comerciantes de Lleida (capital de la provincia del mismo nombre y de unos 140,000 habitantes) lamentan la improvisación» del Gobierno catalán en la toma de medidas y temen las consecuencias económicas.
La juez argumentó en su resolución que ese tipo de medidas solo pueden ser tomadas por el Gobierno central español en circunstancias legales especiales, como el estado de alarma que estuvo en vigor entre el 15 de marzo y el 21 de junio.
Por otra parte, fuentes del Ejecutivo central descartaron aplicar un estado de alarma parcial para controlar ese brote, que está colocando en apuros al hospital de Lleida y a su personal.
El Gobierno español insiste en que las autoridades regionales tienen el control «preponderante» de la sanidad, aunque sí actuará en brotes de COVID-19 que afecten a varias regiones, para garantizar así una acción coordinada, según un plan que prevé aprobar la próxima semana.
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