Opinión
A veces pareciera que nuestra democracia estuviese destrozada y me pregunto si es culpa nuestra. Nosotros tenemos derecho a saber lo que nuestro gobierno hace en nuestro nombre, pero nos hemos convertido en una ciudadanía apática, que aparentemente no se preocupa lo suficiente como para hablar cuando no nos gusta cómo los políticos dirigen el gobierno o gastan el dinero de nuestros impuestos.
¿Cuándo fue la última vez que acudió a una reunión del consejo municipal, leyó un proyecto de ley o se puso en contacto con un funcionario electo para expresar su opinión sobre un proyecto de ley que le parecía una pésima idea? Apuesto a que fue hace mucho tiempo, o nunca.
El público en general se ha visto anulado por su propio silencio y por grupos mucho más pequeños de activistas francos han ocupado el vacío. Como resultado, los políticos (y las empresas que «despertaron») se pliegan a los deseos de los grupos de interés, aunque esté claro que sus demandas no cuenten con el apoyo de la mayoría. Desfinanciar a la policía; mantener las escuelas cerradas; negarse a procesar los saqueos, los incendios provocados o la destrucción de la propiedad; y cancelar a las personas y los productos con los que se está desconforme.
Los activistas presionan y los políticos reaccionan. Lo que la mayoría quiere deja de ser importante. Esta no es la forma en que se supone que funciona una democracia.
¿Registró usted opiniones sobre la autorización de las ciudades santuario, el derecho al voto de los presos, la atención sanitaria nacional o los recientes cambios inconstitucionales de la ley electoral? ¿Se le permitió a usted opinar sobre la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que repentinamente detuvo la perforación en tierras federales y cerró la construcción del oleoducto Keystone XL, borrando miles de empleos estadounidenses?
Desde hace años, nosotros, el público, hemos sido excluidos del derecho a saber lo que hacen nuestros funcionarios electos antes de que lo hagan. Abundan las órdenes presidenciales y las acciones misteriosas del Congreso, iniciadas tanto de republicanos como de demócratas.
Yo no había reflexionado realmente sobre la frecuencia con la que los estadounidenses han renunciado a su «derecho a saber» hasta que se puso en contacto conmigo recientemente un italiano llamado Matteo Angioli, secretario general del Comité Global para el Estado de Derecho. Angioli quería comentar una de mis columnas anteriores, en la que escribí: «Hemos entrado en una fase de la política en la que es cada vez más frecuente la dirección por edictos partidistas. No hay debate de temas, solo políticos que se sienten envalentonados para embestir con sus ideas».
Hablando vía Zoom desde su casa cerca de Florencia, Italia, Angioli me dijo que pensaba que esas dos líneas resumían «perfectamente uno de los mayores problemas de nuestro tiempo».
Nosotros mantuvimos una conversación fascinante sobre sus esfuerzos por cambiar las cosas trabajando con el Consejo de Europa (COE), una organización internacional fundada justo después de la Segunda Guerra Mundial y dedicada a defender los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. El objetivo de Matteo está vinculado a la Convención de Tromso, que pide a todos los países europeos que aumenten la transparencia gubernamental, mejoren el acceso público a los documentos oficiales y a los procesos de toma de decisiones de los políticos, y restablezcan la confianza de los ciudadanos en el gobierno.
¿No sería estupendo que nuestros gobiernos estatales y nacionales siguieran el Convenio de Tromso? Aunque los estadounidenses pueden presentar solicitudes de libertad de información para obtener documentos gubernamentales, se trata de un sistema engorroso y arbitrario. Es verdad que algunos políticos estadounidenses siguen celebrando reuniones ocasionales en los ayuntamientos, pero los foros de debate público abiertos deberían convertirse en la regla.
Matteo y yo estamos de acuerdo en que los civiles deben volver a preocuparse por su «derecho a saber». Tenemos que encontrar tiempo en nuestras agitadas vidas para informarnos sobre el rumbo de nuestro país y de nuestros impuestos y, si no nos gusta, expresar nuestra oposición. Tenemos que luchar contra nuestra apatía para que prevalezca un sentido de igualdad y justicia.
El eje de todo esto, por supuesto, es un medio de comunicación justo e imparcial. Su trabajo es informar de lo que es realmente importante. En lugar de concentrarse en quién dijo qué en Twitter hace años, los medios de comunicación deben volver a informar verdaderamente al público sobre las actividades del gobierno.
Otro proyecto de ley de gasto de un billón de dólares ya está en la tramitación del Congreso. Me gustaría ver una contabilidad completa de dónde irá ese dinero antes de que se apruebe el proyecto de ley.
Es verdad que los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a saber lo que hacen nuestros elegidos líderes en cada paso del camino. Pero si no damos a conocer nuestros deseos a los políticos, esos pequeños grupos de activistas ansiosos seguirán dirigiendo la narrativa nacional. Seguirán erosionando nuestra sociedad.
Es hora de hacer saber a los políticos lo que uno quiere.
Diane Dimond es autora y periodista de investigación. Su último libro es «Thinking Outside the Crime and Justice Box» (Pensando fuera de la caja del crimen y la justicia).
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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