Mientras decenas de millones de chinos cargados de equipaje y regalos viajaban antes del Año Nuevo Lunar para asistir a las tan esperadas reuniones familiares, los parientes en duelo luchaban por llevar a sus seres queridos a su última morada.
Entrevistas realizadas al personal de cinco funerarias de Shanghai el 18 de enero, mostraron que los tiempos de espera para conseguir una vacante para la cremación se prolongaban hasta principios de febrero, incluso cuando los hornos han estado funcionando hasta altas horas de la noche y en la madrugada para atender la creciente demanda en medio del explosivo brote de COVID-19.
La funeraria Yishan, la mayor de la ciudad, con 22 hornos crematorios de alta eficiencia, llevaba una demora de un mes en la entrega de los restos incinerados, mientras que la segunda mayor, la funeraria Pudong, tiene un retraso de dos semanas para la cremación.
Hu Liren, un empresario originario de Shanghai, con sede en Estados Unidos, declaró que un amigo suyo tuvo que esperar 19 días para incinerar a su difunta madre, fallecida el 11 de enero en la localidad de Dongqiao, en Shanghai.
Aun así, las autoridades locales han intentado restar importancia a la gravedad de la crisis. El 17 de enero, las autoridades de Shanghai afirmaron que el brote de COVID había seguido «una evidente tendencia a la baja» desde finales de diciembre, con un descenso de las visitas a las clínicas de fiebre y a los servicios de urgencia. Las autoridades sanitarias también afirmaron que «los brotes actuales en Shanghai ya han superado el punto máximo».
Sin embargo, los expertos sanitarios extranjeros, incluidos los expertos de la Organización Mundial de la Salud, consideran que las cifras oficiales de infecciones y muertes en China subestiman notablemente el impacto de la crisis de COVID. Mientras los investigadores recurren a pruebas circunstanciales sobre el terreno para calibrar el impacto en la salud mundial, más de una docena de gobiernos de todo el mundo han ordenado a los viajeros procedentes de China pruebas para detectar COVID u otras medidas de precaución.
Aunque es difícil conocer el número real de víctimas mortales, los crematorios abarrotados de Shangai, que reproducen escenas similares en otras ciudades chinas, ofrecen una idea del número de víctimas del brote de COVID sin precedentes que azota el país.
«Si uno pregunta a un chino si hay ancianos fallecidos en su familia, la mayoría le dirá que sí», declaró Hu en una entrevista con The Epoch Times el 16 de enero. El padre de Hu, que rondaba los 90 años, murió de COVID en Shanghai el mes pasado. Hu añadió que al menos cuatro de sus amigos habían perdido a sus padres en los últimos días.
Incluso los revendedores han sacado provecho de la enorme demanda de incineraciones. En Shanghai, los revendedores vendían números de la cola de una funeraria a familias desesperadas por entre 1500 y 2000 yuanes (entre 221 y 294 dólares), según un aviso de la oficina de seguridad pública de la ciudad. El 29 de diciembre se detuvieron a 20 revendedores en la funeraria Baoxing de la ciudad.
Datos oficiales poco fiables
Ante las crecientes críticas sobre la transparencia de sus datos de salud pública, las autoridades chinas han empezado recientemente a publicar cifras de fallecidos que van más allá de sus estrechos criterios de mortalidad por COVID, que se limitan a los pacientes que murieron de insuficiencia respiratoria tras contraer COVID.
El régimen informó de unas 78,000 muertes por COVID desde principios de diciembre, cuando levantó la política de casi tres años de Cero COVID. Sin embargo, los expertos afirman que esta cifra es muy inferior a la real, e indican que los crematorios y hospitales están saturados, y que el régimen ha ocultado información relacionada con COVID en un intento de restar importancia a las noticias que considera perjudiciales para su imagen.
En una estimación, se calcula que en el último mes podrían haberse incinerado hasta 6 millones de cadáveres, si los crematorios funcionaran 24 horas al día, 7 días a la semana, de acuerdo con Sean Lin, virólogo y exdirector de laboratorio de la rama de enfermedades virales del Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed.
Pero el experto añadió que esta cifra seguía siendo una estimación conservadora, dado que más personas que viven en aldeas rurales pueden no tener acceso a tales servicios y entierran a los difuntos en el suelo. Teniendo esto en cuenta, el número de muertos podría haber alcanzado los 10 millones, según Lin.
A pesar de la sombría situación del brote, el régimen ha intentado asegurar a la población que la última oleada había tocado techo —un mensaje que parece no haber convencido al público.
«Nosotros estamos muy preocupados en este momento. Vivimos con miedo porque no hay datos ni informes. No tenemos ni idea de lo que está ocurriendo», declaró una mujer de Nanjing a The Epoch Times el 24 de enero. La mujer, quien solo pidió ser identificada por su apellido Su, por temor a represalias, añadió que la falta de datos fiables le hacía temer otra oleada de brotes.
Ira y desconfianza
Para algunas familias que perdieron a sus seres queridos, el dolor se mezcla con la ira.
Guan Yao, un profesional informático chino que ahora vive en California, criticó la falta de preparación de las autoridades para la repentina reapertura, especialmente para los ancianos.
Desde que el brote golpeó por primera vez a Wuhan a fines de 2019, el Partido Comunista Chino (PCCh) prometió eliminar todas las infecciones entre las comunidades a través de pruebas repetidas de detección del virus, cierres rápidos y cuarentenas prolongadas a pesar del creciente costo económico y humano. Pero luego de las protestas callejeras masivas contra los sofocantes controles de la pandemia, a fines de noviembre, el régimen desmanteló abruptamente la mayor parte de su política distintiva de Cero COVID, dejando al sistema de salud poco preparado bajo una enorme presión.
“Por supuesto, apoyo el levantamiento de las restricciones [COVID]. Pero el Partido Comunista Chino no ha hecho ninguna preparación durante los últimos tres años (…) abrirse así es a expensas del pueblo chino”, dijo Guan a The Epoch Times el 19 de enero.
También indicó que las autoridades podrían haber usado los recursos que usaron en las pruebas masivas durante los últimos tres años para importar medicamentos o hacer otras preparaciones. “Pero no lo hicieron”.
Guan, quien es originario de Beijing, perdió a cinco familiares en diciembre, incluida su abuela, que falleció el 22 de diciembre. Él cree que el detonante de la muerte de su abuela fue COVID, aunque el certificado de defunción decía que la causa era una insuficiencia renal. El número oficial de muertos, dijo Guan, es “completamente poco fiable”.
El PCCh es responsable de la muerte de sus familiares, así como de innumerables chinos, agregó Guan.
Con la contribución de Daisy Lee, Chang Chun, Yi Ru y Eva Fu
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