Un ciudadano guatemalteco cuya solicitud de refugio fue rechazada no debería ser expulsado de Estados Unidos porque el gobierno supuestamente no le notificó debidamente, según la Corte Suprema en un caso muy técnico.
La administración Trump está a favor de la deportación en el caso. Si el gobierno pierde, puede resultar más difícil deportar a los extranjeros ilegales.
Citado como Niz-Chavez vs Barr, el caso es una apelación de la Corte de Apelaciones del 6°Circuito. Después de que un juez de inmigración rechazó la demanda, el hombre recurrió a la Junta de Apelaciones de Inmigración y al 6º Circuito, ambos estuvieron de acuerdo con el juez de inmigración.
Agusto Niz-Chavez, un extranjero ilegal que nació en 1990 y tiene condenas por delitos menores por conducir sin licencia, tiene tres hijos pequeños, todos ellos ciudadanos estadounidenses, según los documentos del tribunal.
Nació en Tajumulco, Guatemala, en 1990 y afirma que tiene un temor fundado de persecución en ese país que surgió de una disputa local por tierras que se volvió violenta. Los aldeanos mataron a su cuñado durante la disputa y echaron a la familia de Niz-Chavez de las tierras que poseía. Testificó que si volvía a Guatemala, sus enemigos continuarían su venganza contra él.
Niz-Chavez recibió múltiples documentos aconsejándole que se presentara a una audiencia de deportación, pero su abogado David J. Zimmer dijo a la Corte Suprema durante los alegatos orales del 9 de noviembre que solo se le debería haber enviado una notificación.
La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA) de 1996 se promulgó para eliminar las disputas legales que se producían cuando las personas afectadas recibían información en varios avisos, como la ley permitía anteriormente, en lugar de uno solo, dijo Zimmer.
«El texto del estatuto y los cambios que el Congreso hizo en la IIRIRA establecen sin ambigüedad que un aviso para comparecer es un documento de aviso específico. Como cuestión textual, el gobierno simplemente no puede explicar por qué el Congreso usó la frase ‘un aviso’ si lo que realmente significaba era simplemente un aviso en abstracto».
El juez Stephen Breyer cuestionó a Anthony A. Yang, que compareció en nombre del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
«Me parece que si lees [la IIRIRA], dice que envíe un aviso… no cuatro avisos, un aviso para comparecer que contiene lo siguiente», dijo Breyer.
«¿Está bien? Y … si tienes más de un documento con alguna de esta información, la gente se va a confundir. Los extranjeros pueden confundirse».
La jueza Elena Kagan dijo que la ley le parecía «perfectamente clara», y varias veces usó la frase «bastante clara» para describir la ley.
El desacuerdo entre ambas partes sobre las notificaciones legales afecta otros derechos.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece que el fiscal general puede cancelar la expulsión de un no-residente que tenga 10 años de presencia continua en Estados Unidos.
Pero bajo la llamada regla del tiempo detenido, el gobierno puede poner fin a esos períodos de residencia continua mediante la entrega de «una notificación para aparecer en virtud del artículo 1229 (a)» de la INA.
En el fallo del Tribunal Supremo de 2018 en el caso Pereira vs Sessions, el tribunal sostuvo que solo la notificación «de conformidad con» la definición del artículo 1229 a) desencadena la regla de tiempo detenido.
Niz-Chavez argumenta que, en estas circunstancias, tiene derecho a una exención de la deportación.
En su petición solicitó al tribunal que decidiera si la regla del tiempo detenido exige que «el gobierno debe entregar un documento específico que incluya toda la información identificada en el artículo 1229 a), o si el gobierno puede entregar esa información en el curso de tantos documentos y durante tanto tiempo como desee».
El juez Neil Gorsuch dijo a Zimmer que el caso se asemeja al precedente de 2018.
«Me parece un poco como Pereira Groundhog Day», dijo el juez, refiriéndose a «Groundhog Day», una película de 1993 en la que el protagonista revive el mismo día una y otra vez.
«Hubiera pensado que el gobierno habría captado la indirecta» siguiendo el caso de Pereira en el que el aviso de comparecencia dice lo que la ley dice que significa, dijo.
El juez Brett Kavanaugh parecía estar del lado del gobierno.
Porque Niz-Chavez recibió la notificación, «¿Por qué no termina el caso?» le dijo a Zimmer.
Zimmer reconoció que la regla del tiempo detenido entraría en juego si el gobierno enviaba dos documentos con la información requerida en el mismo sobre, pero no si la información estaba contenida en dos sobres recibidos el mismo día.
¿Habría querido el Congreso ese «resultado absurdo»? preguntó el presidente del Tribunal Supremo John Roberts.
El gobierno podría resolver el problema legal adjuntando la antigua notificación a una posterior que mostrara la fecha de la audiencia, dijo.
«No me parece que eso sea terriblemente pesado administrativamente», dijo Roberts.
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