Cuatro personas que impugnan las políticas de seguridad aeroportuaria del gobierno federal solicitaron esta semana a la Corte Suprema que revise las listas de vigilancia de terroristas del Departamento de Seguridad Nacional.
La petición en el caso Kovac v. Wray fue presentada ante la corte el 19 de diciembre, según informó el abogado Justin Sadowsky del Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas (CAIR) a The Epoch Times.
CAIR representa a los peticionarios Adis Kovac, Bashar Aljame, Abraham Sbyti y Fadumo Warsame, todos ciudadanos estadounidenses y musulmanes.
El principal demandado es Christopher Wray, quien enfrenta una demanda en su calidad de director del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Wray anunció este mes que renunciará el 20 de enero de 2025, el día de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump. Trump nominó a Kash Patel como su sucesor.
El caso cuestiona la Base de Datos de Vigilancia de Terroristas, administrada por el Centro de Vigilancia de Terroristas del FBI. El gobierno federal sostiene que esta base de datos es necesaria para proteger a Estados Unidos de ataques terroristas.
La base de datos genera dos sublistas: la Lista de Prohibición de Vuelo, que impide a ciertas personas volar, y la Lista de Seleccionados, que requiere que las personas pasen por controles de seguridad adicionales antes de abordar.
Tres de los peticionarios—Aljame, Sbyti y Warsame—afirmaron estar en la Lista de Seleccionados, ya que han sido sometidos repetidamente a revisiones adicionales, interrogatorios prolongados y registros. El otro peticionario, Kovac, señaló que estaba en la Lista de Prohibición de Vuelo porque se le negó abordar un vuelo, según documentos judiciales.
Los peticionarios presentaron solicitudes a través del Programa de Revisión de Quejas de Viajeros del DHS, que permite a las personas que consideran que no deberían haber sido sometidas a revisiones intensificadas o impedidas de volar solicitar a las autoridades que revisen su estatus y lo modifiquen con base en nueva información.
El gobierno federal ni confirma ni niega si una persona está en la Lista de Seleccionados, pero quienes están en la Lista de Prohibición de Vuelo son informados de su estatus y pueden impugnarlo en los tribunales.
El DHS entregó a los tres peticionarios cartas de “ni confirmar ni negar” sobre su inclusión en la Lista de Seleccionados. Por otro lado, informó a Kovac que su nombre estaba en la Lista de Prohibición de Vuelo.
Los cuatro peticionarios demandaron a varias agencias federales con la esperanza de ser eliminados de las listas.
Argumentaron que el Congreso nunca otorgó autorización clara a las agencias para crear estas listas de vigilancia, lo que viola la doctrina de preguntas mayores de la Corte Suprema. Esta doctrina establece que los tribunales deben asumir que el Congreso no delega cuestiones políticas importantes a las agencias gubernamentales.
Un tribunal de distrito federal en Texas determinó en 2023 que «el mosaico actual de jurisprudencia aplicable obliga a los tribunales a emplear un análisis de dos etapas» para evaluar los reclamos bajo la doctrina de preguntas mayores, según la petición.
Según esta doctrina, un tribunal primero debe decidir si “el poder que una agencia afirma tiene una importancia económica y política considerable”. En segundo lugar, la agencia debe «señalar una autorización clara del Congreso que permita su acción».
El tribunal concluyó que la doctrina de preguntas mayores aplica en este caso porque más de un millón de personas están en la lista y un “número ilimitado de personas” podría ser agregado, lo que implica que las “intrusiones a la libertad derivadas de la lista de vigilancia son significativas”.
Sin embargo, el tribunal falló en contra de los peticionarios, argumentando que “el Congreso ha ratificado repetidamente” las listas de vigilancia.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. confirmó el fallo en julio de 2024. Dicho tribunal no abordó la cuestión de la doctrina de preguntas mayores, pero determinó que «la autoridad legal del Gobierno en este caso es inequívoca.»
La petición argumenta que la Corte Suprema debería aceptar la apelación para defender la doctrina de preguntas mayores, que el tribunal de circuito no consideró.
Justin Sadowsky, abogado de CAIR, declaró que la decisión del tribunal de circuito de respaldar «un programa gubernamental vasto, opaco e intrusivo sin identificar lenguaje legal claro que permita al gobierno hacer esto» tiene el efecto de invalidar la doctrina.
«Si el Gobierno va a operar un programa gigantesco de múltiples agencias que destruye las vidas de estadounidenses inocentes sin una audiencia o incluso sin pruebas de un delito, lo mínimo que debería exigir nuestro sistema judicial es que el Congreso promulgue el programa. Pero no lo ha hecho», afirmó Sadowsky.
The Epoch Times contactó al Departamento de Justicia de EE.UU., que representa a Wray, pero no recibió respuesta antes del cierre de esta edición.
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