Comentario
Durante más de 10 años, la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), también conocida como Obamacare, ha sido la ley del país. Hasta la fecha, ha sobrevivido a un desafío importante en la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, la Corte Suprema escuchará en menos de un mes otra demanda que desafía la constitucionalidad de la ACA, y esta vez podría ser declarada inconstitucional, ya que claramente lo es.
Obamacare es inconstitucional por la sencilla razón de que exige que los estadounidenses compren un producto, independientemente de si eligen hacerlo o no. Como se escribió originalmente, la ACA obligó a los estadounidenses a comprar un seguro médico. Si se negaban a hacerlo, se enfrentarían a una sanción monetaria. Si se negaban a pagar la multa, acabarían en la cárcel.
En resumen, el Obamacare, como se escribió originalmente (conozca más sobre esto más adelante), es 100% inconstitucional porque en ninguna parte de la Constitución dice que el gobierno tiene el poder de obligarnos a “Nosotros, la gente” a comprar algo.
Durante años, los partidarios del Obamacare han tratado de ocultar este punto vital. Afirman que los estadounidenses tienen que comprar un seguro de automóvil o un seguro de vivienda. Por supuesto, esto es descaradamente falso. Uno solo debe comprar estos productos si elige tener un automóvil o una casa.
El Obamacare, por otro lado, representa la primera y única vez en la historia de los Estados Unidos que el gobierno federal aprobó una ley que literalmente obliga a todos los estadounidenses a comprar un producto simplemente porque el gobierno lo dice.
Esto va en contra de la libertad. Es y siempre será inconstitucional, a menos que se apruebe una enmienda constitucional que requiera que todos los estadounidenses compren un seguro médico.
Aunque los partidarios del Obamacare aseguran que todos deberían, cuando en realidad quieren decir que tienen que, tener un seguro médico porque mitiga el riesgo y es por el bien general del país, este es un argumento ridículo sin credibilidad constitucional.
Llevando esta línea de razonamiento a su conclusión lógica, el gobierno tendría el poder de ordenar todo tipo de cosas, siempre y cuando sea por el bien común. Eso es una tontería. En Estados Unidos, la Constitución delega los poderes del gobierno federal, y en ninguna parte de la Constitución existe una disposición que permita al gobierno nacional hacer algo parecido.
En 2012, cuando el Obamacare se presentó ante la Corte Suprema, fue confirmado por un fallo de cinco a cuatro. Según el tribunal más alto de la nación, la ley se mantuvo porque la mayoría afirmó que el mandato individual era un impuesto y, según la Cláusula de Comercio, el Congreso puede imponer impuestos.
Este fue y es un fallo distorsionado. Según Obamacare tal como está escrito, el mandato individual no era un impuesto, era una sanción. Además, citar la Cláusula de Comercio como la base de la constitucionalidad de la ACA permitiría al Congreso un poder virtualmente ilimitado.
Como Roger Vinson, un juez superior de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, escribió poco después de que la ACA se convirtiera en ley: “Lo que está en juego aquí es la afirmación de que la Cláusula de Comercio solo puede llegar a personas y entidades que participan en una ‘actividad’; y debido a que los demandantes sostienen que el hecho de que un individuo no compre un seguro médico es, casi por definición, ‘inactividad’, el mandato individual va más allá de la Cláusula de Comercio y es inconstitucional. Los demandados sostienen que la actividad no es requerida antes de que el Congreso pueda ejercer su poder de la Cláusula de Comercio, pero que, incluso si se requiere, no tener seguro constituye una actividad».
La interpretación de la administración Obama de la Cláusula de Comercio, como se mencionó anteriormente, le daría al Congreso un poder sin restricciones. Esa no era ni es la intención de la cláusula.
La Cláusula de Comercio establece que «el Congreso tendrá el poder de regular el Comercio con las naciones extranjeras, y entre los varios Estados y con las tribus indígenas».
Como dice elocuentemente Vinson: “el mandato individual busca regular la inactividad económica, que es exactamente lo contrario de la actividad económica. Y debido a que la actividad es requerida bajo la Cláusula de Comercio, el mandato individual excede el poder comercial del Congreso, tal como se entiende, define y aplica en la jurisprudencia existente de la Corte Suprema”.
Durante más de 10 años, Obamacare ha sido la ley del país porque la Corte Suprema de los Estados Unidos falló erróneamente que era constitucional, bajo los auspicios de la Cláusula de Comercio.
Ahora que el mandato individual ha sido roto —fue eliminado por la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017— ¿cómo podría la Corte Suprema considerarlo constitucional nuevamente?
Chris Talgo ( [email protected] ) es editor de The Heartland Institute.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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