En medio de cifras récord de cruces ilegales de la frontera esta semana y miles de inmigrantes ilegales «entrando a raudales» en Estados Unidos cada día, el supervisor del condado de San Diego, Jim Desmond, hizo un llamamiento urgente al gobierno federal para que «arregle el caos y restablezca el orden».
«La ayuda exterior no debería ser el factor decisivo a la hora de garantizar la seguridad de nuestra frontera», declaró el 19 de diciembre en referencia al estancamiento del presupuesto federal en el Senado de Estados Unidos.
Con los senadores de vuelta a casa por vacaciones, el estancamiento presupuestario significa que decenas de miles de millones de dólares en ayuda exterior destinados a Ucrania, Israel y Taiwán, serán retenidos hasta que se ponga freno a la crisis fronteriza o hasta que se llegue a un acuerdo presupuestario en el nuevo año.
«Mientras no se cubren las necesidades de nuestro propio país, es incomprensible que los senadores se centren en gastar USD 110,000 millones en ayuda exterior. La realidad de miles de personas que entran en el país cada día, viviendo en zonas de retención improvisadas, es trágica e inexcusable», afirmó Desmond. «Los estadounidenses pagan impuestos por seguridad y protección, y el gobierno federal está fracasando».
Instó al Senado estadounidense a aprobar dos propuestas «de sentido común»: la primera, hacer que los inmigrantes ilegales no puedan solicitar asilo si no piden protección humanitaria en el primer país seguro por el que pasan, y la segunda, permitir a los funcionarios de aduanas y fronteras «rechazar a los solicitantes de asilo» cuando el sistema de inmigración haya superado «una capacidad manejable».
Declaró a The Epoch Times que la ayuda exterior no debería utilizarse como «una cuña» para lograr la seguridad fronteriza.
«Y, lo entiendo. Soy político. Cuando tienes una ventaja, intentas utilizarla», dijo.
Las dos cuestiones deberían debatirse por separado y «no utilizarse una contra la otra o para conseguir la otra», dijo. «No veo bien mezclar esas dos ideas diferentes».
El condado de San Diego ha visto más de 60,000 inmigrantes ilegales liberados en la región en los últimos tres meses «sin signos de desaceleración», dijo.
A nivel nacional, más de 12,600 inmigrantes ilegales fueron encontrados en la frontera sur solo el 19 de diciembre, la mayor cantidad jamás registrada en un solo día.
«Es un flaco favor a quienes han superado el proceso de inmigración legal y siguen esperando, algunos desde hace varias décadas, que se les conceda la residencia permanente. Hay que revisar nuestro sistema de inmigración», afirmó. «Deben realizarse comprobaciones de antecedentes adecuadas en el país de origen para permitir la entrada de buenas personas y mantener fuera a las malas».
Ira Mehlman, portavoz de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, o FAIR, dijo a The Epoch Times que lo ideal sería que la seguridad fronteriza no estuviera vinculada a la ayuda exterior, pero debido a que la administración Biden no atiende a razones, al Senado estadounidense no le ha quedado más remedio que utilizar la influencia que tiene para asegurar la frontera.
«Debería ser una responsabilidad fundamental del gobierno asegurar nuestras fronteras, pero bajo esta administración no solo no lo están haciendo, [sino que] se niegan rotundamente a hacerlo», dijo Mehlman. «Están socavando la capacidad de nuestras fuerzas de seguridad para hacerlo, así que hay que aprovecharlo y el proyecto de ley de ayuda exterior parece ser un vehículo perfecto para ello».
Si Estados Unidos está dispuesto a ayudar a otros países a mejorar su seguridad, es «perfectamente razonable» y «perfectamente pertinente» esperar que la administración Biden proporcione seguridad fronteriza «aquí en casa», dijo.
«No lo harán a menos que se ejerza esta influencia», afirmó. «Encontrarán cualquier resquicio y excusa, ignorarán abiertamente los estatutos federales, así que hay que hacerlo de esta manera, por desgracia».
Manny Bayon, portavoz del sindicato National Border Patrol Council en San Diego, dijo a The Epoch Times a través de un mensaje de texto que la situación en la frontera se ha convertido en una «bomba de relojería», ya que el número de inmigrantes ilegales liberados en el condado se ha duplicado en las últimas semanas, pasando de 400 a 500, y a entre 800 y 1000 al día.
«Estados Unidos ha dado prioridad a otros países en lugar de centrarse en Estados Unidos, y no está protegiendo nuestras fronteras», afirmó Bayon. «Se está permitiendo la entrada en el país [para solicitar asilo] a todos los migrantes del mundo, sabiendo que el proceso de asilo está roto sin remedio. Tenemos que reparar nuestra frontera ya».
Los 12,600 inmigrantes ilegales detenidos el 19 de diciembre batieron todos los récords de detenciones en un solo día desde 1924, cuando se fundó la Patrulla de Fronteras de Estados Unidos. Y, esa cifra no incluye a los «fugados», los que se encuentran en campamentos de inmigrantes en EE.UU. a la espera de ser procesados, ni a los que «esperan entre vallas» en la frontera, dijo.
El sistema, dijo, está «mucho más que roto».
«¿Por qué los hombres y mujeres de la Patrulla Fronteriza estadounidense se levantan cada mañana para ir a trabajar cuando la frontera está abierta de par en par?», reflexionó. «Estamos permitiendo la entrada de inmigrantes en contra del juramento que hicimos de defender este país».
Costes para el condado
El condado de San Diego ha pagado USD 6 millones en los últimos cuatro meses a South Bay Community Services, una organización no gubernamental, u ONG, que está ayudando a los inmigrantes ilegales en una escuela cerrada en el barrio City Heights de San Diego.
«El condado asume la financiación de ese esfuerzo para estas organizaciones no lucrativas por la cantidad de alrededor de USD 1.5 millones», dijo Desmond. «Está saliendo de nuestro fondo de salud conductual y vivienda».
Los costos asociados con los inmigrantes ilegales deben ser cubiertos por el gobierno federal, no por los contribuyentes del Condado de San Diego, dijo.
«No hay final a la vista. Alrededor de 900 por día están siendo dejados en el Condado de San Diego, por lo que nuestros costos están subiendo y nuestras arcas locales están bajando», dijo.
Las ONG ayudan a los inmigrantes ilegales a cargar sus teléfonos y a ponerse en contacto con sus patrocinadores. Les proporcionan alimentos, alojamiento y ropa de primera necesidad, y los transportan al aeropuerto, explica Desmond.
Otro problema son los informes sobre inmigrantes ilegales que abarrotan las urgencias de los hospitales.
«Cuando hay una afluencia de 900 personas al día… van a empezar a utilizar nuestras instalaciones, las salas de urgencias y las camas de los hospitales. Desgraciadamente, eso va unido, y es un coste para nuestra comunidad», dijo.
A finales de noviembre, en torno al Día de Acción de Gracias, aparecieron noticias de que el aeropuerto internacional de San Diego estaba invadido por unos 300 inmigrantes ilegales.
«Lo que ocurre es que la ONG de la escuela de San Diego lleva a muchos de ellos al aeropuerto, por lo que muchas veces sus vuelos no salen hasta el día siguiente o un par de días después», explicó Desmond.
Dijo que ha escuchado que los hospitales y las salas de emergencia del condado están abrumados.
«Todo el sistema está estresado. Nuestros sistemas de salud mental, nuestros sistemas policiales, nuestros sistemas hospitalarios están todos estresados», dijo.
Miles de inmigrantes ilegales que entran en Estados Unidos cada día, dijo, es «poco práctico».
«Queremos que la gente venga a nuestro país, pero el gobierno federal solo debería permitir el número de personas que pueda gestionar adecuadamente y hacer pasar por el sistema de inmigración, en lugar de que la frontera esté abierta de par en par», afirmó.
En las últimas semanas, un puente peatonal en el puerto de entrada de San Ysidro se cerró a las personas con documentación legal para cruzar la frontera con Estados Unidos porque la Patrulla Fronteriza no tenía personal para mantenerlo abierto mientras se ocupaba de la oleada de inmigrantes ilegales en otras zonas de los condados de Imperial y San Diego, según Miles Himmel, portavoz de Desmond.
Los que han sido puestos en libertad en los EE.UU. no pueden trabajar legalmente en el país a la espera de sus audiencias de inmigración, que puede tardar más de cuatro años, dijo Desmond.
«Así que tienen que trabajar por debajo de la mesa, conseguir un trabajo o algún tipo de ingreso para alimentarse de alguna manera», dijo.
Además, la Patrulla Fronteriza no tiene capacidad para realizar pruebas exhaustivas a los inmigrantes ilegales para detectar enfermedades contagiosas como la tuberculosis, dijo Desmond.
«Sabemos que no se les hace la prueba de la tuberculosis», afirma.
Otra preocupación es el volumen de drogas que se trafican a través de la frontera, incluido el fentanilo, al que se atribuyen más de 108,000 muertes por sobredosis en todo el país en el periodo de un año que terminó en mayo de 2022, según la Administración Federal de Medicamentos.
Por último, en medio de las protestas por la guerra en Oriente Próximo, Desmond afirmó que lo que más le preocupa es la entrada de terroristas en el país.
«Tenemos la guerra en Ucrania, tenemos la guerra en Israel, y tenemos terroristas que son capaces de cruzar y pedir asilo aquí en este país. Esto no es sostenible», afirmó.
Según Desmond, la Patrulla Fronteriza realiza un control mínimo de los inmigrantes ilegales para comprobar si tienen antecedentes penales en Estados Unidos, pero no tiene tiempo ni capacidad para buscar en bases de datos de otros países.
«Sencillamente, no hacemos un control adecuado. Es como dejar la puerta de casa abierta y no saber quién entra por ella», dijo.
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