El Gobierno de la República Centroafricana (RCA) suspendió este viernes las operaciones en el país de la empresa minera china Daquing SARL por presuntamente mantener contacto con grupos armados y por no pagar impuestos, entre otras irregularidades, según una resolución hecha pública este sábado.
«Los socios chinos no respetaron sus términos de referencia, especialmente en términos de impacto ambiental. Es hora de detener esta hemorragia», dijo en declaraciones a EFE este sábado Christian Olowi, inspector de minas y autor del informe sobre esta empresa, que desarrollaba su actividad en la prefectura del Basse Kotto (sur).
Los motivos señalados en la resolución incluyen «inteligencia con los grupos armados, explotación ilegal, introducción ilegal de sujetos extranjeros en zonas mineras, impago de impuestos y ausencia de informes de actividad».
La medida prevé también que el Estado se incaute de los equipos de la compañía suspendida, a la que EFE intentó contactar sin éxito.
Las autoridades centroafricanas impulsaron esta resolución una semana después de la adopción en el país de una nueva ley de minería que refuerza el régimen de sanciones contra las empresas concesionarias y que también regula las inversiones en un sector plagado de fraude y contrabando.
La implicación de los grupos armados en la minería en la RCA ha llevado al conocido como Proceso de Kimberley -un sistema de certificaciones diseñado para evitar que diamantes de sangre entren en el mercado- a imponer sanciones sobre el país.
La RCA sufre una violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka- tomó la capital, Bangui, y derrocó al presidente François Bozizé tras diez años de Gobierno, dando inicio a una guerra civil.
Como resistencia a los ataques de los Séléka se formaron milicias cristianas anti-Balaka que, como el primer grupo, terminaron divididos en varias facciones armadas.
El actual presidente, Faustin Archange Touadéra, llegó al poder en 2016 y fue reelegido en las elecciones presidenciales de 2020, unos comicios que la oposición pidió anular después de que no se pudieran abrir más del 40 % de los centros electorales por la inseguridad.
Poco antes de esa votación, varios grupos armados formaron la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC), que intentó tomar Bangui en enero de 2021.
En octubre de ese año, Touadéra declaró un alto el fuego unilateral con el objetivo de facilitar el diálogo nacional.
A pesar de estos avances, todavía dos tercios del país -rico en diamantes, uranio y oro- están controlados por milicias y, según las Naciones Unidas, cerca de 500,000 personas están desplazadas internamente.
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