El exlíder de los Proud Boys y dos miembros del grupo se declararon no culpables el 9 de junio de los cargos de conspiración sediciosa que se presentaron en su contra a principios de la semana en relación con sus presuntos papeles en la irrupción al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
Las declaraciones de inocencia de Enrique Tarrio y de los coacusados Joseph Biggs y Dominic Pezzola se produjeron durante una vista judicial virtual en Washington, apenas unas horas antes de que el Comité Selecto del 6 de enero de la Cámara de Representantes de EE. UU., dirigido por los demócratas, celebrara una audiencia pública de su investigación.
Otros dos acusados —Ethan Nordean y Zachary Rehl— no pudieron estar presentes en la audiencia y se espera que sean procesados en una fecha futura.
Durante la audiencia del jueves, uno de los abogados defensores cuestionó si los fiscales habían hecho coincidir intencionadamente la nueva acusación con la audiencia del comité en horario de máxima audiencia, una acusación que los fiscales negaron y que el juez de distrito Timothy Kelly, nombrado por Donald Trump, calificó de «injustificada».
«Mezclar política y justicia penal es peligroso», dijo Nick Smith, abogado de Nordean. «Nosotros tenemos que huir de ello como del fuego».
Los abogados de los cinco acusados también se quejaron de los planes del comité de hacer públicas las transcripciones de los interrogatorios a 1000 testigos, diciendo que temen que las transcripciones puedan hacerse públicas durante el juicio, cuyo inicio está previsto para el 8 de agosto.
El juez Kelly dijo que lo que hace el comité está «más allá del poder de cualquiera» que esté sentado en la audiencia y aunque todo el mundo debería ser consciente de sus acciones, él no ve una necesidad inmediata de retrasar el juicio.
Durante la audiencia, el nombre de Tarrio fue mencionado en múltiples ocasiones. Uno de los testigos fue Nick Quested, un cineasta que seguía a los Proud Boys en torno al 6 de enero. El panel selecto de la Cámara de Representantes, en el que solo hay demócratas y republicanos contrarios a Donald Trump, alegó que el 6 de enero fue un intento de golpe de estado llevado a cabo por el expresidente Trump con la ayuda de los Proud Boys y los Oath Keepers y acusó a los miembros de ambos grupos de conspiración sediciosa.
Los cargos de conspiración contra Tarrio y cuatro miembros de los Proud Boys se dieron a conocer el lunes. Tarrio fue acusado además de otro cargo a pesar de no haber estado presente en Washington el 6 de enero.
Ese día, Tarrio y sus coacusados «conspiraron para impedir, obstaculizar y retrasar la certificación de la votación del Colegio Electoral y para oponerse por la fuerza a la autoridad del gobierno de Estados Unidos», dijo el Departamento de Justicia en una declaración, afirmando que los hombres «dirigieron, movilizaron y guiaron a los miembros de la multitud hacia los terrenos del Capitolio y hacia el Capitolio, lo que condujo al desmantelamiento de las barricadas de metal, la destrucción de la propiedad, la irrupción en el edificio del Capitolio y los asaltos a las fuerzas del orden».
El juez Kelly también rechazó el jueves una moción para obligar al gobierno a identificar ciertas evidencias en el caso, dictaminando que el gobierno ya ha entregado algunas pruebas y planea proporcionar el resto más de un mes antes del juicio.
El magistrado aún no se ha pronunciado sobre una moción de Tarrio, a la que se han unido sus coacusados, para cambiar el lugar del juicio. Tarrio quiere que el juicio se celebre en el sur de Florida, donde vive y fue arrestado, afirmando que los prejuicios contra él en Washington son tan fuertes que no puede tener un juicio justo e imparcial allí. Para ello citó la cobertura mediática de la irrupción del 6 de enero, así como el hecho de que alrededor del 95 por ciento de los votantes de Washington votaron contra Trump en 2016 y las encuestas que muestran que la mayoría de los votantes de Washington creen que cualquier persona que estuviera dentro del Capitolio el 6 de enero debería ser condenada por insurrección, un cargo que el gobierno no ha presentado contra ningún individuo.
En su respuesta, los fiscales dijeron que Tarrio no probó sus argumentos y que la población de Washington «es altamente educada y políticamente conocedora y ha estado expuesta esencialmente a las mismas fuentes de noticias que la gente en otras partes del país».
«No hay ninguna razón para creer que toda la población del Distrito, de casi 700,000 personas, se haya visto tan afectada por los acontecimientos del 6 de enero o por la subsiguiente cobertura mediática que el Tribunal no pueda sentar aquí a un jurado imparcial».
Ningún juez ha concedido aún las peticiones de cambio de sede.
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